IVANNA VALLESPÍN. EL PAÍS.- La escuela Nuestra Señora de Montserrat de Cerdanyola del Vallès ha sido condenada a indemnizar a un alumno con 50.770 euros por el acoso recibido durante cuatro cursos. Los hechos se produjeron entre 2004 y 2009, motivados, según la víctima J. M. M., por su condición de homosexual. El juzgado de primera instancia de esta localidad considera probada la existencia de un caso de acoso escolar y critica la inacción del colegio. “El centro escolar disponía de datos y observaciones que suficiente y debidamente analizados podían haber permitido prever y corregir los comportamientos de acosos que se produjeron a lo largo de los cursos”, asegura la sentencia con fecha de mayo y avanzada por El Periódico.
J. M. M., que actualmente tiene 19 años, llegó a este centro concertado de Cerdanyola en 2004. Los problemas con un grupo de compañeros se iniciaron durante el segundo año. “Me llamaban, maricón, marginado….”, explicó la víctima a la juez. También denunció que recibía codazos y que lo intentaban hacer caer por las escaleras. La madre avisó de estos problemas a los profesores y le recomendaron que llevara a su hijo al psicólogo. “Se constata que la relación entre el menor y sus compañeros no era la deseable” y que era la tutora la que forzaba la situación para que los niños se relacionaran, detalla la juez, que considera que ya en el segundo año “la relación entre la madre y la tutora fue lo suficientemente constante como para detectar una situación de angustia en la madre”.
La situación se agrava al curso siguiente, hasta que el 2007 se produce uno de los episodios que más ha quedado grabado en la memoria del joven. En una excursión a un paraje natural al que se accede en jeep, la víctima asegura que algunos compañeros intentaron tirarlo del vehículo. La dirección del centro admite en un informe posterior que se produjeron “pequeños incidentes” ese día, aunque niega el extremo denunciado por la familia porque “era un vehículo totalmente cerrado”.
No obstante, dos estudiantes testificaron y confirmaron las vejaciones recibidas por la víctima de forma continuada, así como el episodio de la excursión. “Lo intentaron echar del jeep y durante la hora de comer le intentaron meter un palo por el culo”. Ese día el joven acabó en urgencias por un cuadro de ansiedad. Sus compañeras también aseguran que los insultos eran habituales y que sus acosadores “avisaban al resto de compañeros de que no lo tocaran porque se podían infectar”.
Después de dicho episodio, el centro emprendió algunas medidas como hablar con las familias de los estudiantes afectados y realizar charlas alrededor de la intolerancia con los menores. “En ningún caso se toman medidas de control y vigilancia sobre los menores afectados en el incidente, ni tampoco ninguna medida disciplinaria”, apostilla la juez.
En sus diferentes declaraciones, algunos profesores minimizan lo sucedido y lo atribuyen a las típicas rencillas de adolescentes. Más aún, la directora del centro niega en un informe que “exista acoso hacia J. M. M” y que este “sobrevalora los hechos que le pasan en la escuela cuando los explica diariamente a la familia, pero no busca soluciones, ni tampoco el asesoramiento del tutor. Su demanda a la escuela consiste en llamar la atención del profesorado mediante quejas constantes del resto del grupo”. La responsable del centro considera que el alumno tiene una “actitud poco tolerante con el resto de sus compañeros” y que esto provoca que a veces sea “poco aceptado” por ellos. También piensa que el alumno está “sobreprotegido” por su madre.
Pero hay otros, como un tutor de secundaria, que relata que J. M. M. había llegado a este centro concertado proveniente de otra escuela del municipio donde “ya había sufrido incidentes por acoso y discriminación”. Además este docente admite en su declaración cómo había tenido que interceder en alguna ocasión ante “acciones violentas” de alumnos de secundaria, mayores que la víctima, que incluyo llegaron a ser expulsados dos días.
En 2009 se produce otro incidente, que precipitará la salida de J. M. M. del colegio. Uno de sus compañeros cuelga en un blog su foto junto a mensajes homófobos y amenazas de muerte. Ese curso la víctima abandonó la escuela y estuvo 900 días estuvo en tratamiento psiquiátrico y psicológico, valorado en los 50.770 euros que la escuela debe ahora pagar a la familia. Según un informe médico, J. M. M. padeció entre 2007 y 2009, mientras estudiaba en dicho centro, “un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo deprimido”, que superó con la medicación y el cambio de centro. “Si desde el principio hubiera habido un seguimiento de la interrelación entre la víctima y el resto de alumnos por parte del centro escolar, con total seguridad se hubiera evitado el problema que afectó al menor”, remacha la sentencia.
El centro, que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, defiende que “utilizó todos los medios en su poder para solucionar esta situación” y que “actuó de forma inmediata” cuando se produjeron los incidentes. Pero en su escrito la juez espeta a la escuela que fueron medidas como charlas y tutorías, pero “no consta ninguna actuación específica que afectara al menor y a los presuntos agresores no se les sancionó”. La directora asegura que no conocía la orientación sexual del alumno y ve contradicciones en algunas de las afirmaciones del chico. «El chico salía contento de la escuela y a la mañana siguiente su madre venía diciendo que su hijo estaba angustiado y había dormido mal. A lo mejor el problema lo tenía en casa», suelta la docente.
El joven considera que sus cuatro años en la escuela fueron “un infierno”. “Fueron humillantes y lo único que quería era morirme”. Explica que ahora se encuentra bien y satisfecho con la sentencia. “Es un precio bajo para lo que pasé, pero estoy orgulloso por la lucha”, admite por teléfono este estudiante que la pasada semana hizo la Selectividad con vistas en septiembre a iniciar una nueva etapa en la universidad estudiando Turismo.