Un campo abierto al machismo

| 16 octubre, 2020

Más del 80% de las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural hablan de machismo generalizado en los pueblos

JOSÉ ANTONIO GUERRERO. LA VERDAD.- En el campo hay silencios que duelen. O que matan. El mundo rural no es siempre ese paraíso idílico donde el fin de semana buscan refugio y sosiego legiones de urbanitas. Vivir en el ambiente social cerrado de muchos pueblos, sin los recursos públicos y privados que proporciona la ciudad puede llegar a ser un infierno para las mujeres que sufren violencia de género. Su día a día se desarrolla, en general, en entornos donde son habituales los modelos patriarcales, el miedo al qué dirán, la vergüenza a contar lo que les pasa intramuros, el control del vecindario y de la propia familia y la discriminación de género. De hecho, más del 80% de las víctimas hablan de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural y casi la mitad considera a las familias de sus parejas o exparejas «machistas». Además, las mujeres del medio rural perciben la violencia de género como una cuestión del ámbito familiar y privado, y no tanto como un problema social, a pesar de que seis de cada diez conocen un caso de violencia de género.

Así lo pone de manifiesto el estudio ‘Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural’, que se ha presentado hoy con la participación de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), organización que lucha por la igualdad y progreso para las mujeres del medio rural, Teresa López. La conclusión es que la mujer del medio rural necesita de más recursos especializados, de campañas de sensibilización adaptadas a su realidad y de servicios de proximidad que les ayude a estar más protegidas

El estudio se ha realizado en pueblos de menos de 20.000 habitantes de siete comunidades autónomas elegidas por su ruralidad y dispersión

El informe contiene datos elaborados a partir de 167 encuestas a mujeres, 333 encuestas a profesionales de atención y 23 entrevistas en profundidad a víctimas de maltrato y usuarias de los servicios de atención. Todas se han realizado en pueblos de menos de 20.000 habitantes en siete comunidades autónomas, elegidas por su ruralidad y dispersión: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja.

En el estudio, el 100% de las mujeres víctimas preguntadas respondieron que han sufrido violencia psicológica y casi el 80%, violencia física. El 56% habla de violencia económica (sobre todo por el factor de la dependencia económica del hombre) y el 40%, de violencia sexual. Casi todas las mujeres entrevistadas han permanecido en las relaciones de maltrato durante una media de 20 años. Razones como la citada dependencia económica, el miedo al qué dirán, el miedo a la reacción del maltratador, el férreo control social y familiar, el desconocimiento de los recursos de protección y atención, o la desconfianza hacia la efectividad de los mismos, son algunos de los argumentos que explican la larga permanencia en esta situación de maltrato.

Por eso el informe pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos especializados en violencia de género en el medio rural, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida, mejorar la coordinación entre recursos, para evitar su re-victimización, y mejorar la atención y protección de sus hijos e hijas.

Hablan los profesionales del medio rural

El informe recoge las respuestas de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en el medio rural. En su mayoría (el 64%) han prestado ayuda a mujeres de entre 25 y 50 años de edad, mientras que sólo un 3% ha atendido a mujeres menores de 15 años, y un 4,7% a mayores de 70 años. Los profesionales valoran positivamente los servicios prestados desde sus centros, pero señalan ciertas deficiencias: falta de personal especializado, horarios limitados y falta de acondicionamiento de los centros y de accesibilidad, entre otras carencias. Los recursos mejor valorados son los servicios de atención a la mujer, los servicios sociales y de salud y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si bien no llega a la mitad los que ven fluida la coordinación entre los diferentes recursos y lamentan que esta coordinación apenas exista con los servicios judiciales, las asociaciones, y las entidades privadas de atención a las víctimas.

Necesidad de más recursos en los pueblos

El estudio pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos y centros especializados en violencia de género, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida y la protección de los hijos de las mujeres maltratadas, así como la accesibilidad al transporte público y la implantación de más servicios de proximidad. De hecho, muchas veces estas mujeres carecen de vehículo propio para desplazarse a un cuartel a presentar denuncia.

También propone la formación especializada de los profesionales (incluidas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado) e incluir de manera transversal en los currículos escolares, desde las etapas más tempranas, los contenidos en igualdad y prevención de la violencia en todas sus formas, y adaptar las campañas de sensibilización a la realidad de las mujeres rurales. Precisamente, la mayoría de las mujeres encuestadas señalaron las acciones educativas en institutos y las campañas como la forma más efectiva de lucha contra la violencia de género.

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