Inspección de Educación cree que la condición sexual del profesor pesó en su no renovación
AGENCIAS. DIARIO DE CÁDIZ.- La Inspección de Educación estima que el colegio concertado Casalancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda pudiera haber incumplido la normativa que afecta a la selección y contratación del profesorado del centro y propone la apertura de un expediente sancionador. Los incumplimientos se habrían dado en el proceso por el que el colegio buscaba cubrir la plaza resultante de la no renovación de Vicente Ramírez, un docente que alegaba que el motivo había sido su homosexualidad.
Según el informe de la Inspección, al que ha tenido acceso Europa Press, el colegio realizó «un procedimiento de selección de personal para una plaza inexistente, puesto que no había comunicado la extinción del contrato de relevo de la plaza presuntamente vacante y, además, no realizó el acto de publicidad mínimo en el tablón de anuncios del centro, con carácter previo». El inspector señala asimismo que «no consta que el Consejo Escolar del centro tenga aprobados los criterios de selección, con atención preferente a los principios de mérito y capacidad» y que, según la información que tiene, «las entrevistas para la selección fueron realizadas por un representante de la titularidad que se desplazó expresamente de Madrid para tal fin, no habiendo constancia de que en ellas estuviese también presente la Dirección».
Igualmente, el inspector no encuentra «justificación alguna» al informe pedagógico con fecha 2 de diciembre en el que «se concretan las razones de tipo pedagógico que viene a ahondar en las razones que justifican la decisión de la baja» del docente en el centro, «por extemporánea y carente de sentido» si no fueron comunicadas al profesor el 27 de noviembre, fecha en la que se le trasladó la decisión de la no renovación del contrato.
El profesor al que no se renovó el contrato interpuso una demanda contra el colegio al entender que en su no renovación mediaba una «vulneración del derecho fundamental a la orientación sexual». El Juzgado de lo Social número 3 de Jerez de la Frontera la desestimó pese a que la Fiscalía del Estado solicitó su readmisión.
El profesor recurrió y aseguró entonces «que lo recogido en el informe que utilizó el colegio como escudo sólo se basaba en la versión aportada al inspector por parte del centro, sin contrastar con otros documentos y evidencias que fueron ocultadas por la dirección del colegio». El informe arriba citado es el resultante de la reclamación.
El profesor aseguró ayer que este documento «otorga un giro importante al caso» y afirmó que «los testigos aportados por el centro al primer juicio participaron de la ocultación de esas ilegalidades, como un sacerdote que, ante la jueza, evitó relatar las razones homófobas que en privado reconoció, escudándose en un supuesto secreto de confesión».
El docente sostiene que entre las pruebas grabadas por él mismo y aportadas al proceso judicial «figuran afirmaciones de responsables del centro como que ser gay molesta, que valora la profesionalidad del profesor pero no se puede dejar llevar por ello, o que los niños con esa tendencia lo pasan mal en este colegio porque la comunidad reacciona bastante mal».