Ofensiva judicial contra Gonzàlez Cambray y los directores de colegio que no apliquen el 25% de castellano.

, , , | 5 septiembre, 2022

El Mundo.- La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha empezado su ofensiva judicial. Este lunes ha comenzado a presentar denuncias por un delito de desobediencia contra los directores de los centros educativos que han dejado de aplicar las medidas cautelares o las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en las que se acordaba un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano para los cursos con alumnos cuyos padres lo solicitaran.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar este lunes, la semana pasada la Generalitat emitió una orden a los colegios para que no aplicasen esta orden judicial ya que consideraba que la nueva ley de educación en Cataluña las dejaba como obsoletas. Por eso, la AEB también denunció al conseller Josep Gonzàlez-Cambray y a la secretaria general de Educación, Patricia Gomà, por esta posible desobediencia.PUBLICIDAD

La estrategia judicial de la AEB pasa por instar al TSJC sobre las escuelas que ya han informado a los padres de que dejarán de aplicar el 25% ante una posible desobediencia. Sin embargo, se empezarán a presentar denuncias contra directores en los juzgados por no acatar la orden directa del tribunal pese a que son funcionarios. En este sentido, desde la entidad a favor del bilingüismo se destaca que de los 30 centros afectados por la aplicación del 25% los públicos han informado rápido a las familias de que dejaran de hacerlo mientras que los concertados todavía no lo han hecho.

Uno de los colegios públicos que tiene escrito en el TSJC ante una posible desobediencia por no aplicar el 25% como en cursos anteriores es la escuela Turó del Drac de Canet de Mar cuyo caso, que afectaba a un alumno de P5, fue bastante mediático y provocó un linchamiento en las redes de la familia a finales del año pasado. Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha recibido a cuatro investigados por un presunto delito de odio. Dos de ellos se negaron a declarar mientras que otro aseguró que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión con «respeto» dentro de las redes sociales encuadrado en el debate político sobre la inmersión.

Otro acusado, que escribió por las redes «ya tengo la carne de niño castellanoparlante para hacer el canalones». explicó que era «burla» o «sarcasmo» ante las declaraciones de representantes del PP, como su ex líder Pablo Casado, contra la escuela catalana y la inmersión lingüística y no iba contra la familia de Canet de Mar, que declararán la semana próxima. En este procedimiento se espera que Vox ejerza la acusación popular.

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