20 Minutos.- El uso de menores de edad para cometer hurtos y otro tipo de delitos persiste en las grandes urbes como Madrid. Estos niños y niñas son víctimas de las redes criminales, de la trata de seres humanos, a las que, en algunos casos, llegan a través de la venta de sus propios familiares. Su corta edad es uno de los elementos que buscan estas redes que aprovechan su situación de vulnerabilidad para obligarles y usarles en estos entramados, ya que en caso de ser detenidos las penas y sanciones son menos severas o en el caso de los menores de 14 años inimputables.
«Aunque reducidas, existen organizaciones que trafican con menores», expone el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Domingo Medina, quien detalla que desde hace tres años las redes de tráfico han ampliado sus movimientos ilícitos, empleando a menores. La Fiscalía de Madrid también recoge en su Memoria Anual casos de trata de seres humanos de niños procedentes de países del este de Europa, que captan con fines de comisión de actividades delictivas como hurtos o para propósitos de explotación sexual, tanto mujeres como hombres. En la misma línea, las bandas juveniles también se aprovechan de los menores para cometer delitos.
En España la responsabilidad penal de los menores de 18 años se recoge en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La norma expone las sanciones y castigos que reciben estos jóvenes por la comisión de un delito. En el texto legal se recoge que los menores de 14 años son inimputables, lo que implica que no pueden ser juzgados por sus actos.
Las falsas promesas de una vida mejor, los matrimonios forzados o compraventa son algunas de las vías por la que estos niños terminan siendo víctimas del crimen organizado a muy cortas edades. «Los obligan bajo graves amenazas o castigos físicos a cometer hurtos en zonas de turismo, de mucha concurrencia de personas o pequeños establecimientos», detalla Medina. La clandestinidad con la que operan estos grupos y la dificultad para identificar, en muchos casos, a las víctimas complica la posibilidad de tener datos sobre la dimensión real del problema.
Uno de estos casos es el de Lidia (nombre ficticio). Ella nació en Rumanía y sus padres la vendieron a los 14 años. Durante el tiempo que padeció esta situación la obligaron a robar en Alemania y Madrid. La joven acabó en un centro de menores con 16 años hasta que desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) identificaron su caso y le ofrecieron protección, seguridad y acompañamiento. Esta entidad, a pesar de centrarse en casos de trata con fines de explotación sexual, también atienden otro tipo de situaciones como esta.
El acompañamiento es necesario para romper vínculos
«Es un tema que está invisibilizado y normalizado», expresan desde la Apramp, ya que la mayoría de estos niños pasan por los centros de menores sin que se haya detectado, en muchos casos, que ellos son las verdaderas víctimas. «No entendemos por qué estos menores tienen que estar en esos espacios cuando deberían ir a centros especializados», opina una de las coordinadoras de la asociación, quien añade que «es importante la formación de los profesionales de los centros para la detección y la coordinación con las entidades especializadas».
Apramp mantiene en Madrid el primer y único piso de menores víctimas de trata, que forma parte de la estrategia madrileña contra la explotación sexual. Por medio de este recurso se garantiza la confidencialidad, protección y seguridad, además, de intervenir de manera integral con las menores, que se encuentran acompañadas las 24 horas para que víctimas como Lidia puedan reconducir su vida y tener un proyecto de futuro.
La atención personalizada y especializada es fundamental para lograr que las víctimas rompan los posibles vínculos que tienen con sus captores y puedan empezar a recomponer su vida. «Necesitan un espacio de seguridad, que estemos con ellos, que sean protagonistas de su proceso con el equipo multidisciplinar. Para su recuperación es importante la intervención psicológica para lograr que comiencen a reconocerse como víctimas, trabajar con el trauma y en potenciar sus capacidades», explican desde la asociación. Este proceso puede alargarse en el tiempo dependiendo de cada caso. En el caso de Lidia permaneció un año y medio en la Apramp donde pudo sacarse la Formación Profesional y adquirir una serie de habilidades que le sirvieron para vivir de manera autónoma una vez cumplió la mayoría de edad.
Los centros tienen que tener protocolos específicos
Durante todo este proceso de recuperación, el equipo que trabaja en la Apramp realiza de manera previa una valoración de riesgo en todas las acciones que se vayan a trabajar o realizar. Las llamadas telefónicas están supervisadas por profesionales en el idioma de origen de la menor, las salidas y planes de ocio se planifican en lugares donde estos niños y niñas no puedan ser identificados por nadie. Por estas cuestiones de seguridad, la ubicación del piso es confidencial.
Los Centros de Protección a menores ordinarios de régimen abierto, donde los menores pueden salir solos, sin supervisión directa, y hace uso de tecnologías como el móvil o las redes sociales, estos niños pueden ser localizados por las redes criminales o incluso los propios menores son los que decide ir en su busca, ya que no se reconocen como víctimas o bien en muchos casos las familias o personas muy cercanas pertenecen a la organización criminal.
La justicia no reconoce su condición de víctimas
Durante este año se han producido numerosos altercados violentos relacionados con menores pertenecientes a bandas juveniles. Uno de ellos dejó a un joven de 16 años herido de gravedad en Tetuán al recibir una puñalada en una pierna. Debido a estos casos, desde el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, solicitó al Gobierno central endurecer las leyes que regulan las penas y sanciones para los menores de 18 años para que, con independencia de la edad, aquellos que participen en reyertas callejeras o cometan hurtos paguen por sus actos.
Sin embargo, desde Apramp consideran que a estos menores no deberían ser imputados ni internados en centros de menores porque mientras delinquían lo hacían bajo coacciones, sin libertad para obrar: «Son víctimas». En la mayoría de las ocasiones hay que atravesar un periplo judicial presentando recursos y alegaciones de la situación de Trata vivida, aun así, deben de cumplir las medidas judiciales impuestas. «El sistema judicial debería tener conocimiento de esta realidad, estos menores no pueden pagar por estas causas», añaden. Además, en opinión de la asociación, sería necesario centralizar el sistema judicial, el conocimiento en casos de menores que hayan denunciado, de la situación de Trata y no mantener las medidas judiciales impuestas.
Desde la asociación consideran que sería necesario dar más cobertura asistencial para atender debidamente a estos menores víctimas de trata, habilitando más pisos y espacios de ayuda, además de proporcionar mayor formación a los trabajadores de los servicios sociales y jurídicos para su detección.
