Diario.es.- “Mamá, quiero cambiar de colegio”, fue la frase que puso en alerta a los padres de Pablo (nombre ficticio porque prefieren guardar el anonimato) de 14 años que tiene diagnosticado Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). Su obsesión a partir de ese momento fue conocer cuál era el verdadero motivo de su preocupación hasta el extremo de querer marchar, en mitad del curso, del colegio de Fomento Los Robles, un centro concertado bilingüe del Opus Dei, ubicado en la localidad asturiana de Pruvia, donde estudiaba el menor. elDiario.es Asturias ha solicitado la versión del colegio sobre los hechos denunciados por la familia. Pese a los numerosos intentos realizados para hablar con su director, éste no ha realizado ningún comentario.
Los padres contactaron con el equipo directivo y la asociación de padres y madres del colegio y expusieron su caso ante la Inspección de Educación y en la Consejería de Educación. Sin embargo, se quejan de que, en todos los casos, el resultado fue el mismo: “No hicieron nada para poner freno al acoso escolar que sufría nuestro hijo”.
Según cuentan, la dirección del centro desestimó inicialmente su denuncia tras negar la existencia de indicios de acoso escolar, pero el Servicio de Inspección determinó que no se habían seguido los pasos del procedimiento “de manera adecuada”, por lo que, por segunda vez, se ha requerido al centro para que abriera el protocolo contra el acoso escolar del Principado. La Consejería de Educación ha confirmado que actualmente todavía no ha resuelto este procedimiento que permanece abierto.
El incidente en el patio durante el recreo
Los padres de Pablo han decidido contar públicamente su caso ante lo que consideran “falta de empatía y voluntad” desde los centros educativos y el Principado para dar soluciones adecuadas a situaciones como la de su hijo. “Tiene diagnosticado el TDAH. Estos niños son como un poco más infantiles”, describen. Aseguran que suelen ser víctimas más vulnerables a las burlas y “gamberradas” de otros niños que suelen acabar en “humillaciones, vejaciones e incluso acoso”.
Cuando el menor tenía siete años y cursaba segundo de primaria en otro centro educativo, el Maristas Auseva de Oviedo, los padres denunciaron otro episodio de acoso, una denuncia que acabó en el juzgado. El 19 de octubre de 2016, según cuenta la madre, ella y su marido recibieron la llamada del padre de un compañero de su hijo para preguntarles si sabían que en el recreo del comedor, después de comer, los dos niños habían sido rodeados por otros menores y habían recibido varias patadas.
“Nosotros no sabíamos de qué nos estaba hablando. Al parecer, tres alumnos de segundo de primaria se habían acercado a su hijo y al nuestro y los habían rodeado como otras veces, pero el suyo había logrado escapar. El nuestro -añade- se había quedado solo y uno de los tres menores se bajó los pantalones, le enseñó el pene a nuestro hijo y le dijo que ‘o se la chupaba o le pegaba’. Cuando le pregunté a mi hijo por este suceso, él me respondió que no me preocupara porque no se la chupó”, relata indignada.
El juzgado reconoce acoso, pero deniega responsabilidad
La madre asegura que hasta ese momento jamás sospechó nada anómalo, porque su hijo “o por vergüenza o por no preocuparme”, jamás le había contado ninguna escena similar, ni le había visto preocupado por ir al colegio. “Al contrario, siempre iba contento”, recalca la progenitora que al día siguiente fue con su marido a hablar con el director y con la Consejería de Educación. El equipo directivo del colegio abrió el protocolo contra el acoso escolar, pero no halló indicios de acoso y se cerró.
Los padres pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, en noviembre de 2016, y el caso acabó en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo que, el 5 de noviembre de 2018, dictó una sentencia por la que desestimó la demanda de los padres y absolvió al centro escolar.
En esta sentencia, la magistrada-jueza resalta dos hechos: por un lado, hace constar que el colegio admitió los hechos ocurridos en el patio del comedor del colegio, el 19 de octubre de 2016, y, por otro, destaca que es cierto que el centro “acordó la adopción de una medida cautelar consistente en que los niños agresores permanecieran en el recreo junto a un profesor”. Una medida que incluía además un control para que los menores con los que se había producido ese incidente no tuvieran contacto con el hijo de los demandantes.
Medidas especiales de vigilancia
El juzgado resaltaba especialmente el hecho de que el colegio, a pesar de descartar la existencia de un acoso continuado y haberlo circunscrito a un hecho aislado, hubiera decidido extender las medidas especiales de vigilancia hasta el mes de diciembre. Para el juzgado, “se trata de un hecho difícilmente previsible y rápido que puede pasar inadvertido ante las normales medidas de vigilancia y control” y añade que no consta probado que se produjera ninguna agresión física ni que la situación de amenaza se prolongara en el tiempo.
Además, afirma que los niños no se estaban peleando, ni estaban realizando ningún juego o actividad que pudiera entrañar peligro y tampoco existían antecedentes o datos que pudieran hacer prever que podría producirse un hecho como el acontecido, por lo que “no era exigible la adopción de unas medidas de especial vigilancia respecto de esos alumnos”.
“De las gamberradas pasaron a acosarlo”, denuncian
Tras este fallo, la familia decidió cambiar al menor de centro escolar. Decidieron matricularle en el colegio de Fomento Los Robles, donde tienen abierta una denuncia por acoso escolar. La finalidad de los colegios de Fomento, según afirman los propios centros, es “ayudar a los padres a proporcionar a sus hijos e hijas una educación de calidad”. En su página web declaran como uno de sus principios que el colegio y las familias compartan principios educativos y actúen de manera coordinada.
“En Los Robles consideramos que cada persona es única, por eso ofrecemos una educación personalizada que ayude a cada alumno a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Los principios que impulsan nuestro proyecto educativo son la educación personalizada, la implicación de las familias, la calidad y la innovación educativa, el bilingüismo y la educación en valores”, reivindican.
Los padres de Pablo habían escogido este colegio del Opus Dei porque creían que era el más idóneo para la situación de su hijo en función de su declaración de principios y al contar en ese momento con buenas referencias. A día de hoy, mantienen que se equivocaron.
“Los niños con TDAH a veces tienden a desconectar como autodefensa para no saber ni lo que pasa a su alrededor. Y eso creemos que fue lo que pasó nada más empezar el curso. En primero de la ESO, nuestro hijo no sabía ni lo que había hecho. Si tenía deberes, si no los tenía. Además toma medicación para el déficit de atención y empezamos a ver que se le podía olvidar hasta cuándo eran los exámenes si no lo apuntaba”, comenta la madre.
Los padres plantearon una reunión con los tutores para explicarles que, debido al déficit de atención de su hijo, requería un control más adecuado a su situación personal, pero sostienen que no sirvió de nada porque no les hicieron caso. La familia también trasladó a los médicos que atendían a su hijo esa necesidad que detectaban de que tuviera una atención específica ante sus dificultades de aprendizaje para seguir el mismo ritmo que otros compañeros.
En una consulta con el servicio de Neuropediatría, los padres ya comentaron que el menor tenía “problemas importantes de acoso escolar en segundo de la ESO porque en el colegio siempre está muy nervioso y necesita tener el comportamiento perfecto para que no se metan con él”, según refleja el informe aportado por los padres. Incluso muestran una fotografía donde aparece el niño sin un mechón de pelo, que él mismo se llegó a arrancar al ponerse nervioso.
El padre llegó a tener una reunión con el director del centro; pero admite que cuando sólo habían transcurrido unos minutos él decidió abandonar el despacho porque entendía que “le estaba tomando el pelo”.
“Mi mujer y yo habíamos expuesto todo el caso de que nuestro hijo sufría acoso en el colegio porque tenía unos compañeros que se metían constantemente con él y le sometían a burlas y humillaciones, pero no nos habían hecho caso hasta el extremo de que tuvimos que denunciarlo en la Inspección de Educación y en la consejería. Cuando el director me preguntó para qué quería la reunión porque decía que no sabía nada me enfadé y abandoné el colegio. Fue un gran disgusto”, expone.
El centro educativo llegó a abrir el protocolo de acoso escolar, pero lo cerró con el argumento de que no había encontrado indicio alguno de ese acoso escolar que denunciaban los padres. La Consejería de Educación, tras detectar un error en el procedimiento, ha instado a corregirlo, cuando la familia decidió que el menor cambiara, de nuevo, de colegio.
La versión de la Consejería de Educación
Por su parte, la Consejería de Educación del Principado ha ratificado que a finales del curso pasado (2022/2023), esta familia contactó telefónicamente con diferentes servicios para trasladar que su hijo había sufrido un caso de acoso escolar en el colegio en el que estaba escolarizado y que no se habían adoptado las medidas oportunas.
El personal de la consejería le notificó que debía aportar datos concretos para poder investigar los hechos que relataba. En el mes de agosto, la familia envió por escrito al Servicio de Inspección esa información donde, según ha corroborado el Principado, “hablaba de unos hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2022, antes de las vacaciones de Navidad, y aportaba nuevos hechos”.
El Servicio de Inspección comprobó que había habido una denuncia que el colegio desestimó, así como que el alumno que denunciaba el acoso había cambiado de centro. En septiembre, tras el inicio del curso actual, el Servicio de Inspección, a la luz de los indicios presentados por la familia y pese a que el alumno ya no está matriculado en el colegio al que denuncia, instó a la dirección a reabrir el protocolo.
“El centro lo reabrió pero volvió a desestimar la denuncia al considerar que no hay indicios de acoso escolar. El Servicio de Inspección recibió ese informe y determinó que no se habían seguido los pasos del procedimiento de manera adecuada, por lo que, por segunda vez, requirió al centro a que abriera el protocolo. En estos momentos, la Consejería de Educación todavía no ha resuelto este procedimiento que permanece abierto”, señalan las mismas fuentes.
El protocolo contra el acoso escolar
El Principado ha incidido en que, ante este tipo de denuncias, se debe tener en cuenta tanto el protocolo contra el acoso escolar del Principado como el decreto de derechos y deberes del alumnado vigente en el Principado. Ambos documentos marcan el procedimiento y las medidas a adoptar.
