La voz de Galicia.- Las víctimas del terrorismo han reclamado en el Congreso una modificación legal para impedir que los condenados por este tipo de violencia formen parte de las listas electorales. La petición realizada por Tomás Caballero en el marco del acto anual que se celebra en la Cámara Baja con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, cuya asociación preside, llega un mes después de la polémica desatada al conocerse que EH Bildu había incluido en sus planchas para las autonómicas y forales a varios expresos de ETA, algunos de ellos condenados por delitos de sangre.
La jornada de homenaje fue instaurada en el 2010 y se fijó para el 27 de junio por coincidir con la del asesinato en 1960 de la niña Begoña Urroz, primera víctima mortal por terrorismo en España. En los últimos años, los principales colectivos han declinado asistir por el papel de EH Bildu y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este año no ha sido diferente. «Homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo», recalcó hace unos días la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. En una línea similar se expresaron desde la AVT. Aun así, el acto contó con la presencia de algunas asociaciones, fundaciones, entidades —como el Memorial de Vitoria, representado por su director, Florencio Domínguez— y miembros de los diferentes cuerpos policiales.
En un Congreso ya disuelto por la convocatoria del 23J, el acto no se realizó en el salón de plenos, sino en la sala donde se reúne la Comisión Permanente, Caballero, hijo del edil de UPN del mismo nombre asesinado por ETA y presidente de la Fundación de Víctimas, lanzó un discurso reivindicativo en el que exigió «memoria, dignidad y justicia» y recordó a las 1.454 personas asesinadas en España por diferentes grupos terroristas.
Dar un paso al frente
El máximo representante de la FVT consideró necesario evitar «tanto el enaltecimiento de los terroristas como la impunidad de sus actos». Pidió, asimismo, investigar los casos sin resolver y subrayó que «justicia es que el tratamiento a los perpetradores encarcelados, en particular la progresión de grados penitenciarios, se atenga a los criterios establecidos por la legislación pertinente». En un claro mensaje al Gobierno vasco, Caballero recalcó que «ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado para justificar la subordinación de la justicia porque atentaría directamente contra la dignidad de las víctimas».
Pero, sobre todo, lo que exigió son cambios legales porque quienes «cercenaron hasta el derecho a la vida, no pueden pretender ninguna concesión, expresa o tácita, mientras sigan mutilando el derecho a la justicia de las víctimas». Caballero recordó el antecedente de la Ley de Partidos, creada para ilegalizar «a los que vulnerasen los principios democráticos, promoviendo, justificando o exculpando los atentados», circunstancias que, «a tenor de la propia ley, concurren cuando estos incluyen regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».
Caballero reclamó a los diputados que «den un paso al frente y profundicen en la legislación que ya tenemos». «Eviten que puedan convertirse en representantes de la soberanía popular quienes trataron de destruir los pilares de nuestra convivencia cobrándose la vida de nuestros padres, hermanos, hijos y amigos», subrayó. El presidente de la FVT lo comparó con los condenados por pederastia, que no pueden desempeñar trabajos que impliquen contacto con menores. «Sin embargo», lamentó, «quienes asesinaron a nuestros diputados o a nuestros concejales pueden aspirar a sentarse en sus escaños».
