El Servicio Público de Empleo contabiliza este año un acumulado 2.723 contratos de sustitución para cubrir los puestos de las víctimas, casi el doble que en 2014
ISABEL VALDÉS. EL PAÍS.- Ana tuvo que darse de baja cuando llevaba 11 años como interina en el Ayuntamiento de Calpe (Alicante): “Tenía un estado de ansiedad insostenible”. Su marido, condenado dos veces por violencia de género, una en 2012 y otra en 2016, tenía alguna relación laboral con ella. “Así que mi situación personal se mezclaba a veces con el trabajo”, puntualiza.
Otro ángulo de este problema que también queda fuera de las estadísticas, cuenta Mur, son aquellas mujeres a las que se despide en cuanto el empleador vislumbra problemas, por ejemplo absentismo, antes de que ella haya acreditado su condición de víctima. “A veces las quitan de en medio y a veces, directamente, se quitan ellas”.
Protección laboral
Las razones para dejar el trabajo, según la responsable de Igualdad, son varias: “Si hay que elegir entre el trabajo y la vida, es fácil: la vida; si la violencia alcanza a los menores también empuja a tomar la decisión; además, solo si se acredita la condición de víctima te puedes acoger a mecanismos de protección laboral, como un traslado. Pero para ello hace falta denuncia previa y algunas no lo hacen: en esos casos le violencia les obliga a abandonar de su puesto de trabajo varias veces o de forma definitiva”, dice Mur.
En todo caso, explica la sindicalista, los trabajos a los que se renuncia no son empleos que merezca la pena conservar. “La economía sumergida, la temporalidad y la precarización también tienen rostro de mujer”. La Fundación Adecco publicó este pasado 19 de noviembre con 500 entrevistas a víctimas de violencia de género en las que se revela que un 65% no tiene trabajo y un 16% afirma ocupar algún puesto pero sin contrato, o en situación de absoluta desprotección.
La responsable de Igualdad de CSIF no puede especificar en qué empresas se dan sobre todo estas bajas laborales (el SEPE no hace público ese dato), pero apunta a “pymes y micropymes, que no tienen menos o ninguna capacidad geográfica para trasladar a otras sedes a estas trabajadoras, que es algo que sí pueden hacer negocios más grandes”.
Jordi García, director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), explica que “si hay sentencia condenatoria o medida cautelar y la víctima ya ha adquirido esa condición, permanecen en sus trabajos y la empresa (si conoce los hechos), deberá tomar las medidas que deba y pueda”. Pero, dice, es difícil que “las empresas despidan por esta razón”. “Puede haber despido si, por ejemplo, hay ausencias injustificadas y reiteradas y la empresa no sabe lo que está pasando”.
Algo para lo que Mur anota una solución: formación. “Si en tu trabajo hay personas que son capaces de detectar cualquier señal de violencia machista y de acompañar y asesorar, es un paso más en esta pelea. Hay que tener en cuenta que el tiempo que las mujeres pasan en sus trabajos es tiempo de oxígeno, libre de cualquier violencia”. Para trabajar en esa línea, el CSIF tiene un programa de formación para delegados sindicales que ha puesto en marcha junto a la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género, la Asociación ALMA, la Asociación AMAR y la Confederación Española de Policía.
«El objetivo es cubrir ese vacío asistencial en las Administraciones y las empresas con delegados especializados en la materia que tengan capacidad para actuar como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas», añade la sindicalista. Sin embargo, a largo plazo, le gustaría que no tuviesen que ser ellos como sindicato quien tapase ese hueco: «El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la formación en el ámbito de los recursos humanos, la administración y los delegados sindicales. Pedimos que se cumpla». Mientras, desde el sindicato tienen dos formas para esa formación: un curso online con un mínimo de 40 horas y tutorizado a través de videoconferencias que tiene varias ediciones a lo largo del año y jornadas formativas presenciales que pretenden llevar a todas las provincias. Hasta ahora, contabiliza Mur, «hay formadas 400 personas con responsabilidad más directa en temas de Igualdad del sindicato en toda España y el objetivo es que lo estén los alrededor de 11.300 delegados en todo el territorio nacional en los próximos cuatro años, en lo público fundamentalmente, pero también en el sector privado».
“La burocracia es lenta y necesitas que muchas administraciones te den el visto bueno” para un posible traslado, dice Ana, la víctima de Denia. Ella presentó la solicitud para desplazarse a Valencia, donde nació y donde está su familia, en marzo de 2017. No le contestaron hasta noviembre. “La Comunidad Valenciana no había aprobado el protocolo para traslados interadministrativos por violencia de género. El Ayuntamiento de Valencia le pidió al de Calpe que suscribiese el protocolo para poder hacerlo, y lo hizo en mayo de este año”, explica Ana. Tarde, según ella, porque la plaza que le esperaba en Valencia fue adjudicada cuatro meses antes, en enero. “Me vi en la calle, con mi hijo de 12 años, sin traslado y recurriendo en el juzgado”.
Cuenta que ha puesto queja ante el Defensor del Pueblo regional y nacional, el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto de la Mujer e incluso las delegaciones del Gobierno para la violencia de género autonómica y estatal: “¿A alguien le importa? A ninguna entidad le importa una mierda. Lazos, minutos de silencio y Pacto de Estado, pero a la hora de la verdad te quedas en la calle y da igual”.
DERECHOS A LA REORDENACIÓN DEL TIEMPO
El artículo 21 de la Ley de Violencia de Género de 2004 reconoce derechos laborales específicos para las mujeres víctimas de violencia machista, con el fin de evitar que abandonen el mercado laboral, como el derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y a la extinción del contrato.
