Amnistía Internacional y Médicos del Mundo acusan al Gobierno canario de «vetar el acceso al derecho universal a la salud» a personas vulnerables
EFE.- Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Médicos del Mundo han acusado este jueves al Gobierno canario de «vetar el acceso al derecho universal a la salud» a inmigrantes y otras personas vulnerables al exigirles pagar facturas de miles de euros por servicios sanitarios.
Servicios como, por ejemplo, una asistencia a una madre en parto o un tratamiento de diálisis de menos de 20 días por los que el Servicio Canario de Salud (SCS) reclama más de 4.000 y 18.000 euros, respectivamente, a dos inmigrantes que no tienen cobertura gratuita por carecer de tarjeta sanitaria tras la reforma llevada a cabo al respecto en España hace dos años, denuncian estos colectivos.
Esa reforma, que privó a los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria en España, están provocando situaciones como esas, o como las de personas que han visto desvanecerse sus esperanzas de ser sometidas a una operación o que tienen que pedir dinero a Cáritas para pagar caros medicamentos que precisan para paliar dolencias crónicas de corazón u oncológicas, advierten las ONG que trabajan en esta materia en Canarias.
Ese cambio legal ha abierto una «brecha de desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios», separando a «quienes pueden repagarlos de quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes», ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier Jerez, como balance de los dos primeros años de su aplicación.
En nombre de CEAR, Cáritas, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la Plataforma Yo Sí Atiendo, entre otras ONG, Jerez ha expresado el propósito de los colectivos humanitarios isleños de «visualizar y denunciar la situación de un grupo de personas de perfiles vulnerables que enfrentan obstáculos mayores que el resto de la población y, además, sufren esa medida discriminatoria».
45.000 personas
Puesto que ese segmento de población, en el que estos colectivos incluyen a prácticamente las 45.000 personas cuya tarjeta sanitaria desactivó el SCS en las semanas posteriores a la reforma, no ha conseguido sortear su exclusión del sistema pese a las promesas que a tal fin ha hecho el Gobierno canario, ha dicho Javier Jerez.
En esa línea, la portavoz de Médicos del Mundo, Laura Pérez, ha afirmado que «el Gobierno de Canarias no ha adoptado medidas para paliar de verdad los efectos de la reforma», pese a anunciarlo, ya que solo ha acometido la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria especial para extranjeros en situación irregular que sustituye a la tradicional que se ha demostrado «del todo ineficaz».
Prueba de ello es, a su juicio, que en dos años solo se han tramitado 147 de esas tarjetas, cuando se estima que sus titulares potenciales deberían ser casi todas las 45.000 personas que habían perdido la sanitaria normal.
Por todo lo indicado, estas ONG consideran que la situación de exclusión de los inmigrantes irregulares se ha agravado en materia sanitaria en el tiempo transcurrido desde septiembre de 2012, ya que se les niega la asistencia pública, que muchos desisten incluso de intentar que se les dé, por miedo a las consecuencias.
Entre esas consecuencias, figura el temor a que luego les pasen elevadas facturas como en los casos citados, que, si bien de momento han sido dejadas sin efecto en todos los casos conocidos merced a actuaciones de los servicios jurídicos de las ONG, que han presentado escritos alegando insolvencia de los afectados, «penden como amenazas sobre el futuro de esas personas», explica Jerez.
Ya que las autoridades podrían decidir en otro momento actuar por vía judicial para reclamarles el pago de esas cantidades, que, además, han llevado a desistir de acudir a la sanidad pública a otros inmigrantes que han sabido que les podrían pasar facturas similares, ha argumentado.
El representante de Amnistía Internacional Osman Hamed ha agregado que esas deudas pendientes perjudican también a los inmigrantes porque, si tienen en marcha un expediente para tratar de regularizar su situación en España, «que es largo y costoso, si tienen facturas pendientes ven luego cómo se paralizan por esa causa todos los trámites», quedando en suspenso sus expectativas.
