El País.- Una sentencia de la Corte Constitucional reconoce que el país no sabe cuál es el tamaño de su población afrodescendiente. Abogados de una de las organizaciones que hicieron posible el fallo señalan que no ser contados es apenas una de las muchas formas en que han sido excluidos.
Las comunidades afrocolombianas han estado invisibilizadas en las políticas públicas y en las estadísticas oficiales. No hay una cifra que señale el tamaño de esta población y, por lo tanto, la respuesta del Estado a sus necesidades ha sido incompleta e injusta. La Corte Constitucional lo ratifica así en una sentencia que reconoce que el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ocasionó un “daño irreversible” al haber desconocido en su último censo (2018) al 30% de personas de esta población. El tribunal le da un plazo de 10 meses a la entidad para que evalúe y responda por qué el número de personas afrocolombianas contabilizadas disminuyó de 4´311.757 a 2´982.224 en relación con el censo de 2005.
Daniel Gómez, abogado de ILEX Acción Jurídica, una organización liderada por juristas, hombres y mujeres afrodescendientes, que hizo parte de la demanda que resolvió el tribunal, califica de histórico el fallo porque por primera vez se acepta oficialmente que, como lo han reclamado desde hace décadas, la población afro ha sido marginada en Colombia, incluso en las estadísticas. “Los datos son la base de cualquier política gubernamental y no ser visibles para el Estado ha contribuido a que no haya una respuesta a las necesidades básicas que tienen los miles de personas negras que habitan este país”, señala Gómez, que pone como ejemplos las brechas evidentes en educación, acceso a salud y vivienda. “Ser contado importa”, dice. La sentencia de la Corte, sin embargo, es solo un paso de los muchos que faltan por dar para que Colombia sea un país justo. “La discriminación racial en este país no se va a acabar de un día para otro”, reconoce.
El pronunciamiento de la Corte se conoce en días en que el país habla de racismo, exacerbado por la presencia de una mujer negra en el poder. La llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia, la primera en toda la historia de Colombia, ha dejado al descubierto la discriminación de la que cotidianamente son víctimas las personas en un país que ni siquiera se ha preocupado por saber cuántos son. “No es nuevo nada lo que estamos viendo ahora. Es una violencia que, de forma silenciosa y privada, experimentan las personas afro. Lo que ha vivido Francia Márquez no es un caso excepcional”, señala el abogado.
Hace una semana, la cantante de música popular Marbelle, reconocida en los últimos años por sus posiciones políticas de derecha casi más que por su música, tuvo que ofrecer disculpas públicas a Márquez por haberse burlado de su físico y del color de su piel. El reconocimiento al daño que causó, no solo a la vicepresidenta sino a la comunidad que ella representa, fue el cumplimiento a una orden de la Fiscalía, tras una conciliación judicial. Llevar la discriminación a la justicia ha sido el único camino hasta ahora para que la población afro encuentre reparación.
Gómez, que trabaja justamente llevando ese tipo de casos a los estrados, dice que si en Colombia existen barreras para acceder a la justicia, estas son aun más grandes cuando del lado del demandante hay una persona negra. “Hay narrativas que persisten y que terminan revictimizando. Se suele usar cualquier excusa para justificar expresiones que en realidad son maltrato, con el argumento de que son muestras de cariño o que quien denuncia es un acomplejado”, señala. Los gobiernos, hasta ahora, se han negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que han hecho que las personas afro ni siquiera puedan contar con el sistema de justicia que les responda, a pesar de que el racismo está tipificado como delito en el código penal. “Enfrentan tantas barreras, que en muchos casos esperamos que el litigio sea la última alternativa”, dice. Cuenta que son pocos los procesos ―casi inexistentes― que terminan con una sentencia si se compara con el número de violaciones de las que son víctimas.
El abogado cree, sin embargo, que la discusión pública sí ha cambiado. “Tener una conversación sobre racismo en Colombia hace 10 años era imposible, cualquier debate se desestimaba, ha habido un cambio impulsado por las nuevas generaciones que reclaman sus derechos, pero el camino todavía es largo”, apunta. Reconoce que la llegada del nuevo gobierno, en el que por primera vez se le ha prometido voz a los movimientos sociales y a las poblaciones abre un nuevo camino. “Hay que esperar, pero sin duda el discurso que hemos escuchado permite pensar en la justicia racial y eso lo vemos con optimismo, pero hay que esperar acciones concretas”, señala y habla de lo urgente. Una prioridad son las reformas que debería adoptar la Policía para que deje de perseguir a los jóvenes negros, en una violencia que, como su presencia en las estadísticas, también ha sido invisibilizada. “También que se eliminen las barreras que han hecho que las personas no denuncien por temor a ser revictimizadas. El camino va a ser largo”, insiste.
“Las narrativas tienen que cambiar”
Audrey Mena es abogada afro, especialista en justicia económica, docente y también es parte de ILEX Acción Jurídica. Dice que aunque el fallo conocido esta semana es un paso importante en la vía institucional, queda por delante el camino más difícil, el del racismo cotidiano. “Es una gran sentencia, con un importante componente pedagógico, sobre todo hacia la institucionalidad, que ha tenido históricamente una estructura de discriminación, pero se requiere más. En el día a día todavía no se acostumbra a ver a una mujer negra en un cargo de poder o si se ve se piensa que solo está allí cumpliendo una cuota por ser afro. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la ministra de Deporte [María Isabel Urrutia] que llegó a un cargo no por negra sino por lo que sabe, debería empezar a generar un cambio”, señala.
“El racismo no se va a desmantelar mañana, ni en cuatro años porque es consecuencia del modelo republicano en el que se fundó la nación. Es un reto para el Estado lograr un proceso de integración verdadera, que se vea reflejado en cómo viven las personas afrodescendientes”, dice Mena. “El reto es el mismo para cualquier gobierno y es el de transformar las narrativas, de pobreza y de exclusión, donde han ubicado históricamente a las comunidades étnicas”. La abogada, que también ha sido víctima de la violencia racista, ve con expectativa la respuesta del nuevo Gobierno a los reclamos de la población afro. “De un discurso que habla de antirracismo y de la dignidad hasta que se haga costumbre, se espera que genere un cambio en las formas en que históricamente nos hemos relacionado en este país.Estamos en una nueva era, que ojalá permita reconocer a Colombia como el país multicultural y étnico que en realidad es”, concluye.
