La Razón.- La Fiscalía pide penas de ocho a 27 años de prisión -248 años en total- por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos para los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR). Al contrario de lo que sucede en la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira, en la que solo aprecia desórdenes públicos en las acciones de protesta contra la sentencia del «procés» en 2019, el Ministerio Público sí aprecia indicios de terrorismo en esta causa, una de las que habría que archivar en aplicación de la ley de amnistía pactada por el PSOE con los independentistas.
La Fiscalía atribuye los tres delitos a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín -solicita para cada uno de ellos una condena de 27 años de cárcel, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena-, mientras que a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero solo les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, por el que pide ocho años de prisión en cada caso.
A todos ellos, el fiscal solicita que se les impongan igualmente penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior en diez años al de la duración de la condena.
Según el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados se integraron dentro de los CDR en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT) conformando una «organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias». Y destaca que en el momento de su desarticulación, el supuesto grupo terrorista «ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos». Entre ellos, el Parlamento de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación del Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, de torres de alta tensión y de peajes e instalaciones en autopistas.
Entre todos ellos, destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, situada en San Andreu de la Barca, que llevó a cabo Jordi Ros junto a su pareja sentimental el 18 de mayo de 2019.
«Gran radicalidad»
Según explica el fiscal en su escrito de calificación, el ERT, integrado por individuos «de gran radicalidad», era el encargado de llevar a cabo las acciones «más sensibles», «siguiendo la línea estratégica de los CDR», las que en definitiva requerían «un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución». Los CDR se crearon, asegura, con el objetivo de «asegurar» la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, que había sido suspendido por orden judicial, para lo cual pretendían «subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada».
Su propósito final era «conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España».
