La Fiscalía investigó 14 supuestas denuncias falsas por violencia de género en 2018, un 0,0083% del total

| 9 septiembre, 2019

Tres de cada diez mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a su pareja o expareja y el sistema no fue capaz de ofrecerles una protección adecuada. 40 niños quedaron huérfanos, frente a los 27 de 2017

JULIA PÉREZ. PÚBLICO.- La Fiscalía abrió 14 investigaciones por supuestas denuncias falsas durante todo el año 2018, lo que suponen un 0,0083% del total de las 166.961 denuncias que se presentaron el año pasado.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2018 presentada este lunes con motivo de la solemne apertura del año judicial celebrada en el Tribunal Supremo.

Las cifras forman parte del informe de la Fiscalía especializada en Violencia de Género y Violencia Doméstica. El volumen global de denuncias por violencia machista sólo ha experimentado un aumento del 0,4%.

De las 14 causas incoadas por supuesta denuncia falsa, en un caso se ha
dictado sentencia condenatoria y en otro se acordó el sobreseimiento
provisional. En cuanto al resto, se encuentran en tramitación, habiéndose formulado acusación en 3 asuntos.

Más datos. Desde el año 2009, se han registrado un total de 97 condenas por denuncia falsa. Supone un media del 0,0069% sobre el total. Si a éstas se suman las causas en tramitación como si fueran condenatorias (144), el porcentaje final máximo sería del 0.010%.

De esas 97 sentencias condenatorias, 56 lo fueron por conformidad de la acusada (57,73 %). «Nuevamente se aprecian en este actuar las características peculiaridades y aristas que plantea este tipo específico de violencia», resalta la Fiscalía.

En 2018, 49 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, 8 menores fallecieron con ellas y 40 niños y niñas quedaron huérfanos, frente a los 27 de 2017.

El círculo íntimo lo sabía

Para la Fiscalía especializada, “lo más preocupante es que, de las 49 mujeres fallecidas, 16 habían formulado denuncia anterior, lo que supone un 32,65% frente al 20,75% de este indicador en el año 2017.

Este incremento “genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad”. El ministerio público destaca que, “en muchas ocasiones, el círculo más íntimo de amigos, familiares o vecinos eran ya conocedores de la situación existente, o se trataba de profesionales a los que había acudido la víctima con anterioridad a pedir ayuda, sin que se hubiera formulado denuncia”.

La brutalidad en los medios empleados para matar a la víctima «sigue siendo el otro rasgo de identidad que acompaña a estos delitos. Con frecuencia, la violencia y el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte, pues lo que se busca es precisamente infligir el mayor daño posible», destaca el informe.

En 2018 hubo 3 mujeres más fallecidas o desaparecidas, una tras una paliza y dos desaparecidas de forma involuntaria, que no se incluyen en el cómputo global por encontrarse en investigación y no existir, de momento, elementos de juicio suficientes para imputar la muerte a sus parejas.

La Fiscalía destaca que la solución a la violencia de género “requiere de medidas educativas, socio-económicas, sanitarias y/o culturales” y no sólo una respuesta penal.

En cuanto a las medidas cautelares de protección, aumentó un 2,12% el número de medidas solicitadas (45.045 en el año 2018), porcentaje que se eleva hasta el 4,60 % en las medidas efectivamente acordadas por los juzgados (31.550 en el año 2018).

Son datos recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía observa que son cifras nacionales, que ocultan “algunas diferencias significativas entre comunidades autónomas e, incluso, entre partidos judiciales de un mismo territorio”.

La Fiscalía apunta como causas por las que hay zonas de España donde se otorgan menos órdenes cautelares de protección “a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, provocado por la escasez de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional”.

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