El Periódico.- La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por la denuncia presentada por la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona por un presunto delito de odio contra los autores de un mensaje falso con trasfondo de xenofobia, difundido a través de las redes sociales por juristas, psicólogos, guardia civiles e inspectores de policía. En esa ‘fake news’ se explicaba que la Guardia Civil había detectado la presencia de 1.600 personas, residentes en Marruecos, empadronadas fraudulentamente en un piso de la capital catalana donde únicamente residían cinco personas, para cobrar ayudas sociales y votar por correo en las elecciones municipales.
«Nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno». Con esa frase se encabezaba el mensaje difundido el 15 y 16 de marzo sobre la supuesta vivienda «de la zona de Horta-Guinardó» donde «figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí». Los autores del texto incidían que podrían haber muchos pisos más de estas característica y que el escándalo había sido «tapado el escándalo» por los medios de comunicación. El ataque a la alcaldesa de Barcelona era directo: «Si Colau gana las próximas elecciones municipales ya podrá empezar a pensar de donde vienen los votos».
El Ayuntamiento de la capital catalana pudo comprobar que el mensaje ha sido «ampliamente» difundido en las redes sociales, por Watsapp, Twitter, entre otras, «obteniendo decenas de miles de visualizaciones y de tantas otras comparticiones», lo que ha provocado una «notoria publicidad». En su denuncia ante la fiscalía, recalca que este texto, «a parte del indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona, representa una incitación al odio, al rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí de Marruecos», al atribuirles de forma «directa y masiva» la comisión de una estafa. En concreto, el empadronamiento fraudulento en la ciudad sin residir para «obtener beneficios administrativos».
El Consistorio identificó a cuatro cuentas de Twitter que se hicieron eco del texto, detrás las que hay, entre otras personas, un agente de la Guardia Civil, L. C., que consiguió 2.711 reproducciones, y un inspector de policía, R. L. C, con 89.900 visualizaciones. La denuncia concluye que «estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión», pues de «manera clara y explícita» suponen un «menosprecio y una humillación» para la comunidad magrebí y la de Marruecos». Y añade que se incluyen unos mensajes «discriminatorios y que promueven la violencia también entre el colectivo de personas extranjeras». El equipo de gobierno de Ada Colau considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa, y propone que los Mossos recaben los datos necesarios sobre la autoría y los datos de filiación de las personas que se encuentran detrás de los perfiles de Twitter identificados y averigüe si se han producido otras comparticiones masivas de estos mismos mensajes..
