Cadena Ser.- La Fiscalía de Cantabria alerta del aumento de las agresiones, tanto verbales como físicas, por el origen nacional de la víctima, «por el mero hecho de ser inmigrante extranjero».»Estos ataques gratuitos, motivados por la falta de respeto a la diversidad, son muy dañinos para la convivencia y son reprochados en el Código Penal», destaca el Ministerio Público en su Memoria del ejercicio de 2022, que ha consultado EFE.
La Fiscalía destaca que el pasado año se apreció un aumento de los delitos de odio, ya que se incoaron 18 expedientes frente a los 9 del año anterior. A su juicio, se trata de «hechos que denotan actitudes demostrativas de odio a otros ciudadanos por diversos motivos de discriminación» y, según resalta, «debe continuar el esfuerzo para erradicarlos».
Sobre los procedimientos por delitos de odio, el Ministerio Público observa que, a diferencia de otros años, «en que la motivación de la discriminación por la orientación sexual era una de las más alegadas», en 2022 fue la discriminación por el origen étnico, la religión y la nacionalidad las que han causado y determinado mayoritariamente la incoación y el inicio de las actuaciones.
Dificultades
En su Memoria, la Fiscalía advierte además de que su sección de Extranjería, que ejerce la acusación en delitos como la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, la explotación sexual y laboral de extranjeros o su contratación irregular, sin dar de alta en la Seguridad Social, encuentra «enormes dificultades para alcanzar el adecuado reproche penal», según explica, «por la vulnerabilidad de las víctimas».
«Muchos extranjeros, en su mayoría mujeres, que se encuentran en nuestro país sin arraigo familiar y social, sin recursos económicos, no se atreven a denunciar ni a testificar sobre su situación», expone la Fiscalía. Y añade que, por ello, «es prioritario» ofrecer a este colectivo «asistencia sanitaria, social, jurídica y económica».
En Cantabria, según explica, los recursos de la Dirección General de Igualdad y de la Mujer del Gobierno regional disponen de un sistema de acreditación administrativa como víctima de delitos de trata o de explotación sexual, no necesariamente condicionado a que haya denuncia previa, que da acceso a recursos formativos, económicos y asistenciales. Además, hay ONG que prestan asistencial habitacional, jurídica, médica y económica.
