VIDAL ARRANZ. EL NORTE DE CASTILLA.- Es una discriminación callada, sin estridencias. Pero existir, existe. Inmigrantes y minorías la sufren de forma creciente en los últimos años, en parte como un efecto colateral de una crisis que complica la vida especialmente a los grupos más vulnerables. Y ha sido constatada por la Red de Antenas del Ministerio de Sanidad e Igualdad, que en Valladolid está representada por la asociación Procomar. De hecho, las denuncias se han duplicado en los dos últimos años, pese a que la mayoría de los afectados ignoran que pueden defenderse y no saben adónde acudir.
Los números absolutos no son escandalosos, pero reflejan tan sólo una mínima parte de la realidad: la de aquellos que se han decidido a denunciar lo que les ocurre. La inmensa mayoría sufren en silencio las zancadillas, o directamente el desprecio, de sus vecinos, como si fuera una maldición inevitable. Aún así, las denuncias han pasado de una docena de casos en el año 2011 a 23 en 2013, entre los que se incluye un caso grave de agresión física pendiente de juicio, y eso que la Red de Antenas contra la Discriminación es un recurso poco conocido por los afectados.
«Los casos más frecuentes de discriminación se detectan cuando los inmigrantes, o las minorías, intentan alquilar un piso. En muchas ocasiones, en cuanto los dueños comprueban que no son españoles les dicen que no, que ya no está disponible. Y hemos visto también reacciones similares en entrevistas de empleo. Sí existe discriminación», afirma Marta García, de Procomar, una asociación de asistencia a inmigrantes surgida en Valladolid, en 1987, en el entorno del colegio La Salle, para denunciar la situación del gueto de portugueses del Camino de Obregón, finalmente desaparecido, y prestarles asistencia.
Procomar, que tiene su sede en el número 14 de la calle Fray Luis de León, forma parte de la Red Acoge, que aglutina a 17 entidades en España, y a cuatro asociaciones en Castilla y León (en Burgos, Salamanca, Palencia y Valladolid). Asimismo, forma parte del Consejo Nacional contra la Discriminación que preside el abogado vallisoletano Fernando Rey, en el que están presentes organizaciones como Secretariado Gitano, Cruz Roja, ACCEM o Movimiento contra la Intolerancia, entre otras.
«Todavía cuesta mucho que las víctimas denuncien. Tienen mucho miedo», explica Inés Díez, la responsable nacional de la Red Acoge. «En el caso de los inmigrantes, a veces se encuentran en situación de irregularidad administrativa y no saben qué efectos tendrá la denuncia. Pese a todo, cada vez se animan más. En parte porque tienen más conocimiento de sus derechos. De hecho, cuanto más difusión se da al programa, más fácil es lograr que las víctimas denuncien. Pero aún estamos empezando».
Hay que reconocer, además, que la experiencia de quienes se han atrevido a denunciar no siempre es estimulante. Chari Cerreduela es agente intercultural de la Fundación Secretariado Gitano y ha vivido en su propia carne el problema. Y también la escasa sensibilidad de los tribunales, que se muestran reticentes a dar carta de naturaleza legal a los casos de discriminación.
Hace dos años se le negó la entrada en la piscina de Zaratán a la que acudía en compañía de otra amiga. El encargado le dijo inicialmente que la entrada estaba limitada a los empadronados en el municipio, pero ella constató, poco después, que no era así. Otras mujeres de Valladolid habían pasado sin problemas. Exigió una explicación al encargado y finalmente se la dieron. «No es un problema personal. Es que no quiero que se me llene la piscina de gente como vosotras». Chari le preguntó qué quería decir exactamente y él fue aún más explícito. «No quiero que vengan gitanos ni gente de color», fue su explicación. Ella lo denunció en el juzgado y el no se presentó. Entregó un escrito alegando que el aforo estaba completo y eso fue suficiente para el juez.
En otra ocasión el camarero de un bar del entorno de San Benito se negó a servir ninguna consumición a su grupo de amigas, seis mujeres gitanas, y les invitó a marcharse del local. Chari de nuevo denunció la discriminación y llevó al dueño de bar a juicio, del que también fue absuelto, aunque reconoció los hechos.
«Es una pelea continua», reconoce. «Creo que la discriminación está aumentando, aunque lo que ocurre desde la llegada masiva de inmigrantes es que algunas personas desplazan su desprecio hacia ellos y piensan que nosotros, al menos, somos españoles de toda la vida». Esto genera, en ocasiones, pugnas incluso entre las propias minorías, según reconoce la trabajadora de la Fundación Secretariado Gitano. «Los grupos pequeños a veces nos echamos la culpa de los problemas los unos a los otros. Los pobres a veces nos pegamos entre nosotros mismos».
No siempre los problemas surgen de la discriminación pura y dura. A veces son fruto de las dificultades de comunicación y de entendimiento. Esos tienen arreglo, pero hacen falta recursos. Procomar cuenta con un servicio de mediación justamente para intentar resolver las limitaciones que con frecuencia impone el desconocimiento del idioma. Cuenta con tres mediadores, uno árabe, otro búlgaro y otro rumano. Su misión es acompañar a los inmigrantes cuando acuden a buscar casa, o cuando necesitan realizar algún trámite o buscan un empleo. Son la garantía de que los dos interlocutores se ponen de acuerdo sobre bases ciertas. Evitan malentendidos y confusiones que luego pueden derivar en problemas mayores, si una parte se siente engañada.
«Se trata de superar la barrera lingüística y asegurarnos de que no surgen problemas por falta de entendimiento lingüístico», explica Marta García. Este es un servicio que pueden solicitar no sólo los ciudadanos particulares sino también administraciones u otras instituciones. Y su labor no se limita a la vivienda o el empleo, sino que también alcanza otros ámbitos como el colegio.
Son dos de las actividades que promueve Procomar, una asociación que también impulsa actividades de formación de adultos (91 asistentes el año pasado) y niños (243, incluidos los 65 participantes en su Escuela de Verano). También fomenta la participación de las mujeres inmigrantes, a través del Grupo Arco Iris, y desarrolla programas de búsqueda de empleo, incluida una bolsa de trabajo que en los últimos tiempos, admiten, está más escasa de ofertas de lo que querrían. Asimismo, la asociación gestiona dos casas de acogida de propiedad municipal para familias o mujeres solas con cargas familiares que pueden llegar a compartir hasta 16 personas. Durante 2013 fueron 29 personas agrupadas en 9 familias las que hicieron uso de este recurso.