El País.- Activistas, seropositivos y personas de riesgo empiezan a ver los efectos negativos de esta polémica norma, denuncian maltrato médico y amenazas y temen que los programas de tratamiento y divulgación desaparezcan por falta de fondos
Cuando Sharon (nombre ficticio), una mujer transgénero, fue a buscar atención médica a uno de los hospitales públicos de Kampala (la capital de Uganda), financiado por Estados Unidos, el doctor que iba a atenderla la expulsó inmediatamente de la sala de atención médica al descubrir, durante la exploración, que era “biológicamente masculina”. “Me insultaron mientras otros médicos incluso me hacían fotos para mofarse. Fue traumatizante”, recuerda Sharon, que es seropositiva.
La mujer pasó la noche fuera del hospital sin recibir ninguna atención médica, pero un médico alertó discretamente a activistas de derechos humanos. Acompañados por representantes de organizaciones que apoyan a este hospital público, los activistas se enfrentaron a los médicos y lograron que Sharon recibiera tratamiento. Para el colectivo LGTBIQ, acceder a servicios sanitarios como el tratamiento para el VIH resulta cada vez más difícil, especialmente después de que Uganda aprobara una de las leyes más duras contra la homosexualidad a finales de mayo. Esta nueva norma no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena “la promoción de la homosexualidad” con hasta 20 años de cárcel y la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte.
Su entrada en vigor ha suscitado la condena mundial y Estados Unidos e instituciones como el Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) han anunciado también que repensarán su papel en Uganda, donde invierten miles de millones de dólares. Esta advertencia pesa como una losa en el país africano, donde un 30% de la población vivía con menos de 1,77 dólares al día (1,67 euros) en 2020 y más del 40% del presupuesto del país depende del exterior, especialmente en sectores clave como la salud y la educación, según datos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
En el país, hay 1,4 millones de personas que viven con el virus, sobre una población total de 45 millones, y 17.000 mueren anualmente a causa del sida, según los últimos datos de la Comisión del sida de Uganda. La nueva ley amenaza especialmente las políticas de prevención y tratamiento de la enfermedad, que iban por buen camino. En 2021, el 89% de las personas seropositivas en Uganda conocían su estado, según Onusida y el Fondo Mundial, más del 92% de ellas recibían tratamiento antirretroviral y el 95% de las que estaban en tratamiento habían alcanzado la supresión viral (cantidad muy baja de VIH en sangre).
Pero las minorías sexuales siguen teniendo dificultades para recibir tratamiento por miedo a los ataques, la discriminación y la estigmatización. Y el panorama desde ahora parece aún más desolador: según datos de Onusida, en aquellos países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas, la prevalencia del VIH es cinco veces más alta entre hombres gais. Y, en los países en los que esta persecución por la vía legal ha sucedido recientemente, la prevalencia se multiplica por 12.
Bob Bwana, responsable de programas de Ice Breaker, una organización comunitaria que defiende los derechos del colectivo LGTBIQ y presta servicios sanitarios en Uganda, afirma que la ley contra la homosexualidad ha “reactivado mucho el estigma”. Y añade que los proveedores de servicios sanitarios también tienen miedo de ayudar a los grupos marginados porque podrían ser acusados de promover la homosexualidad.
“La ley ha desmantelado el sistema de atención sanitaria que creamos para la comunidad LGTBIQ durante la década pasada”, lamenta Bwana. “También hay miedo entre las personas que solían ayudarnos a prestar servicios sanitarios y que temen perder su trabajo si prestan apoyo médico a estos grupos marginados”, afirma, y explica que pese a la escasez de manos, su organización sigue llevando a cabo actividades de divulgación para que las personas puedan continuar accediendo a los tratamientos contra el sida. Según el responsable, en algunas clínicas de salud el personal médico ya está acaparando equipos médicos para el VIH por miedo a que escaseen en el futuro en caso de que Uganda se enfrente a recortes de financiación. “Son clínicas selectas, donde no se da prioridad a los grupos marginados que necesitan atención”, explica.
Bwana insta al Gobierno a dialogar con todas las organizaciones de la sociedad civil y los donantes para encontrar una solución. “No defiendo ante los donantes que dejen de financiar a nuestro sector sanitario debido a esta ley. Sería injusto para todos los que viven con el VIH en Uganda. Lo mejor es sentarse y hablar”, pide.
Amenazas de muerte
En las zonas rurales de Uganda, donde las comunidades son aún más conservadoras que en la ciudad, algunas organizaciones que prestan atención médica relacionada con el VIH a grupos marginados se han visto obligadas a cerrar por presión de la población local. También ha habido un centro de salud que ha denegado a estas organizaciones el uso de sus instalaciones para que atiendan a personas vulnerables que corren el riesgo de contraer el VIH. Jane, nombre supuesto para preservar su anonimato, trabaja en una organización que realiza actividades de divulgación y prevención de enfermedades para el colectivo. Ha multiplicado las precauciones, explica esta mujer, porque en el distrito de Oyam, en el norte, recibió amenazas de muerte tras la promulgación de la ley y su entidad tuvo que cambiar de sede. “No recibimos a cualquiera en nuestras nuevas oficinas. Tenemos que investigar a conciencia quiénes son las personas que piden visitarnos”, afirma.
Además de eso, al equipo de Jane también le está resultando difícil prestar servicios relacionados con el VIH a los habitantes de zonas remotas donde los servicios sanitarios son escasos o deficientes. Recientemente, el personal médico de una clínica católica impidió que usaran sus instalaciones, argumentando que están “reclutando homosexuales”. La experta admite con tristeza que su ámbito de trabajo “se ha reducido” desde que se firmó la ley, y que la mayoría de los lugareños que solían ayudar a movilizar a la comunidad “tienen miedo a ser detenidos”.
Anena, una prostituta que ha estado recibiendo atención para el VIH gracias a la organización de Jane, como profilaxis preexposición (PrEP), una medicación preventiva que toman las personas que no tienen la enfermedad pero corren el riesgo de contraerla, teme perder su única fuente de ingresos. “Sin los medicamentos me va a resultar difícil trabajar, pero tengo que cuidar de mi hijo”, afirma. “Tengo que elegir entre el dinero y exponer mi vida al virus”, agrega.
Una activista LGTBIQ y lesbiana que desea permanecer en el anonimato tacha de “hipócritas” a estos trabajadores sanitarios, que niegan servicios de salud a los grupos marginados pese a haber “jurado que ayudarían a todo el mundo independientemente de su orientación sexual”. Esta mujer critica que el presidente Yoweri Museveni y otros políticos, que se empeñan en apoyar la homofobia, a pesar de que los donantes extranjeros amenazan con dejar de financiar el sector sanitario de Uganda, “hablan desde una posición privilegiada”. “Son personas ajenas a la realidad y no saben lo que significa morir por no poder acceder a la medicación contra el VIH”, lanza.
Paralelamente, organizaciones financiadas por Estados Unidos como The AIDS Support Organisation (TASO) han ideado mecanismos para que las personas que temen el estigma puedan acceder a los servicios para el manejo del VIH a través de servicios de atención e información móviles, en lugar de oficinas. Walter Okema, director de TASO en la ciudad de Gulu, en el norte, afirma que la organización ya lleva años recortando sus acciones de lucha contra el VIH debido a la disminución de los fondos, y teme que ahora puedan directamente perderlo todo debido a esta ley. “Hemos decidido reducir algunas actividades, como las charlas radiofónicas y la sensibilización de la comunidad, para centrarnos en áreas prioritarias, como los servicios de VIH en prisión, las pruebas y el suministro de antirretrovirales”, añade.
