Confilegal.- La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista para el hombre detenido a principios de este año en Burgos por el envío de seis cartas con artefactos explosivos, en noviembre del pasado año, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
La Sala de lo Penal (Sección Segunda) ha desestimado el recurso de apelación que interpuso contra el procesamiento acordado por el magistrado José Luis Calama el pasado mes de junio.
El auto, dictado el pasado 27 de octubre y conocido hoy, lo firman los magistrados José Antonio de Mora Alarcón (presidente), Fernando Andreu Merelles y María Teresa García Quesada (ponente).
El investigado alegaba en su recurso que no había indicios racionales de su participación en los hechos imputados, y que no debían calificarse como de terrorismo, por lo que solicitaba el sobreseimiento de la causa.
El Tribunal, que coincide con las “acertadas consideraciones” del instructor, explica que el auto de procesamiento contiene el relato de los hechos y sus conclusiones se fundamentan en la entradas y registros practicados, los documentos y dispositivos de almacenamiento masivos incautados, las declaraciones testificales, los informes periciales, así como la intervención de las comunicaciones telefónicas.
En cuanto a la calificación jurídica de terrorismo discutida por el investigado, indica que el auto recurrido señala que no hay indicios de que el procesado pertenezca o colabore con un grupo organizado terrorista, si bien los hechos que se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos explosionaran, así como las personas a las que iban dirigidos, evidencia, según el tribunal, que en el ánimo del procesado está presente el objetivo de alterar gravemente la paz pública, así como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo a Ucrania.
Respecto a la modalidad gravada de dos delitos de terrorismo, la AN recuerda que dos los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, por lo que tales circunstancias justificarían incardinar los hechos en el tipo agravado.
Los magistrados concluyen recordando que será en el acto de juicio oral donde se abrirá la puerta para la valoración de todos los indicios y considerar si pueden ser considerados como prueba de cargo suficiente para sustentar un pronunciamiento condenatorio.
Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, ha sido puesto en libertad esta tarde por la juez de guardia de los Juzgados de Madrid tras constatar la falsedad de la denuncia de la joven brasileña, una profesional del sexo: no hubo agresión grupal, como afirmaba esta.
«Con lo que no contaba la mujer es que la casa en la que habita Cándido hay instalado un circuito cerrado de cámaras de seguridad. Todo lo que sucedió en el interior de la casa fue grabado en audio y vídeo. La agresión grupal que la mujer denunció solo existió en su imaginación», explica a Confilegal Ricardo Álvarez-Ossorio, abogado del joven Cándido Conde-Pumpido Varela.
«La Policía dispuso desde el minuto uno de las imágenes del circuito cerrado y, a pesar de todo, ha mantenido a los tres jóvenes arrestados. La jefa del equipo de la UFAM de la Policía Nacional se ha negado a ver lo evidente. Lo que sí ha visto la juez de guardia, que ha decretado su puesta en libertad. La denuncia de la mujer no ha tenido la menor credibilidad», añade Álvarez-Ossorio.
La fiscal no ha pedido ni prisión, ni retirada de pasaporte.
La juez de guardia, la magistrada María Isabel Durántez Gil, ha dispuesto, para tomar esta decisión, de 99 correos electrónicos con todas las grabaciones en las que se puede ver que no hubo contacto físico, subraya Álvarez-Ossorio.
«Las imágenes aportadas por la representación procesal del investigado, señor Conde-Pumpido Varela, obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, correspondientes a la madrugada del día 3/11/2023, desvirtúan la versión mantenida por AFS. En dichas imágenes se ven distintas dependencias de la casa a lo largo de toda la madrugada y primeras horas de la mañana del 3/11/2023», dice en su auto, al que ha tenido acceso Confilegal.
«En las mismas no aparece en ningún momento MIRV, que según sus manifestaciones puede acreditar que se encontraba ubicado en otro lugar desde aproximadamente las 22 horas del días 2/11/2023, ni se visualiza tampoco ninguna situación similar a la descrita por la señora AFS situada por distintas estancias de la casa -cocina, dormitorio, parte exterior de la casa- en compañía del señor Conde-Pumpido Varela unas veces y sola en otras ocasiones», añade.
«Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas , entrando y saliendo, bebiendo, etc., sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el resaltado de hechos por ella mantenido. En consecuencia, sin perjuicio del resultado de las diligencias de investigación que puedan llevarse a cabo a lo largo de la instrucción del presente procedimiento, no se estima que concurran los requisitos de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y ponderación exigidos para la adopción de una medida restrictiva de derechos fundamentales, como la que se ha interesado», concluye.
El joven abogado penalista, Cándido Conde-Pumpido Varela recientemente vio rota su relación sentimental con su pareja. La joven brasileña lo conoció hace cinco días y, desde entonces, trató de hacerse su sombra.
Durante la noche del viernes la mujer ingirió bastante alcohol. En ese estado empezó a pegar patadas a las puertas. Conde-Pumpido Varela le conminó a que se fuera. Hizo ademán de llamar a un Uber que no llama, «porque en realidad no se quiere ir». Y cuando al final deja la casa, es cuando llama al 091.
La mujer denunció a los tres jóvenes ante la Policía afirmando que había sido violada por los tres de forma grupal sin su consentimiento. Esto produjo su detención, que ahora ha devenido en libertad.
La instrucción continúa.
