Europa Press.- La ONG Human Right Watch (HRW) ha señalado este lunes que las personas transgénero en El Salvador estarían experimentando una «discriminación significante» al no existir un procedimiento para el reconocimiento legal del género.
Por este motivo, la organización ha instado al Parlamento del país a «crear un procedimiento simple y eficiente» para permitir que las personas trans reflejen su identidad de género en sus documentos de identidad, tal y como dictó el Tribunal Supremo salvadoreño.
«El Tribunal Supremo de El Salvador ha dejado en claro que las personas trans tienen derecho a su identidad, y ahora la Asamblea Legislativa debe cumplir con el fallo y garantizar los derechos de las personas trans», ha asegurado el investigador de derechos LGTBI de HRW, Cristian González.
«Sin dicha legislación, las personas trans seguirán estando en desventaja en la sociedad, exacerbadas por la violencia y discriminación generalizadas que enfrentan en todos los aspectos de la vida», ha sostenido Gónzalez.
En febrero de 2022, la sala constitucional del Tribunal Supremo
de El Salvador dictaminó que la Constitución prohíbe la discriminación por identidad de género, y le dio un año a la Asamblea del país para crear un procedimiento con el que las personas trans se pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad.
Para cumplir plenamente con los estándares internacionales de Derechos Humanos y minimizar la discriminación, el Tribunal Supremo ordenó a la Asamblea Legislativa que permitiera que las personas trans pudiesen modificar los marcadores de género en sus documentos, a través de un «procedimiento administrativo simple, eficiente y económico» basado en la autodeclaración.
En agosto de 2021, según HRW los legisladores y organizaciones trans presentaron un proyecto de Ley de Identidad de Género que crearía un procedimiento legal de reconocimiento de género, aunque falta porque ser discutido entre los miembros de la Comisión parlamentaria de Mujeres e Igualdad de Género.
En mayo de 2021, tal comisión bloqueó un proyecto de ley similar presentado en 2018 –en la legislatura anterior– junto con otros 29 proyectos de ley en varios otros temas calificándolos de «no conformes con la realidad».
En declaraciones a la ONG, la mayoría de 43 personas dijeron que habrían sufrido discriminación cuando han visitado los centros de salud públicos, citando como ejemplo que el personal de la clínica los habría expuesto como persona transgénero gritando sus nombres legales en las salas de espera.
Otros han añadido que han tenido problemas en la búsqueda de empleo, detallado que los posibles empleadores se dieron cuenta de que los entrevistados eran trans cuando miraban sus documentos: algunos no fueron contratados por ser transgénero, tal y como dijeron explícitamente los empleadores.
«La mayoría de las personas trans entrevistadas han dicho que han enfrentado obstáculos para acceder a depósitos bancarios y remesas de familiares que viven en el extranjero, y los empleados del banco han cuestionado su identidad porque no coincidía con sus documentos», ha expresado HRW en un comunicado.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que los Estados «deben establecer procedimientos de reconocimiento legal de género sencillos y eficientes basados en la autoidentificación, sin requisitos invasivos y estigmatizantes».
«El Salvador tiene una deuda histórica con la comunidad trans, que la creación de un procedimiento legal de reconocimiento de género puede comenzar a saldar (…) Seguiremos siendo objeto de violencia y discriminación en la sociedad hasta que se reconozca nuestra autodeterminación, dignidad y libertad», ha asegurado la directora ejecutivia de la orgabización COMVAVIS TRANS Bianka Rodríguez.
