SER.– La sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma considera probado que el encausado sometió a tres usuarios con retraso mental severo y grave a “prácticas vejatorias y humillantes”. El condenado es el director de la Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en La Palma, que llevó a cabo terapias abusivas entre las que figuran restregar heces por la cara a uno de los residentes, bañarlos con agua fría extraídas con este fin de la cámara frigorífica del centro, o someterlos a encierros prolongados en un espacio que el denominaba “reeducativo”.
La fiscalía y la acusación particular de Eugenia Paiz, una de las madres de los 47 usuarios del centro, ha podido probar la comisión de tres delitos contra la integridad moral, con la concurrencia de la agravante de superioridad y el atenuante de dilación indebida a la pena de un año y tres meses de prisión por cada uno de ellos, inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la profesión y oficio relacionado con cualquier actividad que afecte a personas con discapacidad, menores, ancianos y/o cualquier otro objetivo vulnerable, durante el tiempo de la condena.
“Nunca imaginé la gravedad de lo que pasaba y durante años he arrastrado la culpa de haber mantenido a Rebeca en el centro aquellos meses, pero no cabía rendirse y sabía que si cedía a mis emociones y al profundo dolor de aquellos meses, día tras día, el centro público continuaría siendo un infierno para los demás, y tendría que alejarme de Rebeca, enviándola a algún centro privado en Barcelona o Guipúzcoa”, relata la madre de Rebeca. “Él me dejó claro que me rendiría y yo asumí, y así se lo trasladé, que el espacio donde vejaba y humillaba a los residentes no le pertenecía y que sus prácticas tenían los días contados. No podía rendirme”, explica Eugenia Paiz
Rebeca, la hija de Eugenia, una de las víctimas, sufrió estos maltratos durante ocho largos meses y por ello ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel por el daño que causó, no solo a ella sino a otros residentes con discapacidades severas. Rebeca, por ejemplo, padecía autismo kanneriano, su falta de lenguaje y sus limitaciones para la comunicación le impiden saber que su madre, Eugenia Paiz, ha luchado durante los últimos nueve años para llegar a esta sentencia, que puede ser recurrida por el condenado. La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Santa Cruz de la Palma deja claro que las vejaciones y humillaciones se venían produciendo cinco años antes del ingreso de Rebeca en abril de 2012. Al encausado también se le condena a indemnizar “a los responsables legales de los perjudicados en la cantidad de 5.000 euros a cada uno de ellos en concepto de daños morales.
La Fiscalía califica estos hechos de «terroríficos»
«Terroríficos hechos probados», afirma Rosa Rubio, que advierte al mismo tiempo que la sentencia no es firme y no obstante sobre ella cabe recurso. «La sentencia plantea una situación que no es de recibo en ninguna residencia», añade la Fiscal responsable de las personas dependientes en Canarias. «Tenemos que redoblar los esfuerzos para que todos los servicios administrativos a los que les corresponde la inspección de los centros funcionen de manera eficaz y sean capaces de saber cómo se está trabajando en cada centro. También supone un reto para la Fiscalía, para que nosotros también redoblemos nuestros esfuerzos», afirma Rosa Rubio.
«Creo que todos tenemos que vigilar a los vigilantes. Ha sido un camino muy largo pero que demuestra que podemos llegar a saber lo que pasa en un centro y hacer justicia», prosigue Rubio, que invita a todos los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía las situaciones anómalas detectadas en las residencias. El Ministerio Fiscal inspecciona cada residencia al menos una vez al año, sin embargo, los delitos no se cometen mientras dura la inspección. «Se procura llegar a todas las residencias una vez al año, pero las inspecciones no siempre van a ayudar a evitar la comisión de delitos», añade.
