El Mundo.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido este viernes el auto que atribuye delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y otros implicados en el movimiento Tsunami Democràtic. El recurso niega esa calificación terrorista, así como que el movimiento pueda considerarse siquiera fruto de una acción organizada. En cuanto al ex president y la secretaria general de ERC, la imputada Marta Rovira, el fiscal no ve indicios de su participación en ningún delito.
El escrito presentado por el fiscal Miguel Ángel Carballo contra la decisión del juez Manuel García Castellón sostiene que los cuatro años de investigación «no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional». Así pues, pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia que revoque el auto y ordene el envío de la causa a los juzgados de Cataluña.
El recurso llega después de que el pasado mes de julio otro fiscal que sustituía al del caso sostuviera lo contrario: que había indicios de terrorismo y el asunto debía permanecer en la Audiencia Nacional. Posteriormente el fiscal jefe del tribunal, Jesús Alonso, que había visado ese escrito detectando terrorismo, aseguró que se había tratado de «un error».
UN PERFIL DE TWITTER Y UNA APLICACIÓN
Los únicos hechos realmente delictivos que detecta el fiscal son el bloqueo del aeropuerto del Prat y y del paso fronterizo de La Junquera, «constitutivos de desórdenes públicos graves, tras la derogación de la sedición». En cuanto a los «gravísimos incidentes» en Barcelona, con lesionados y daños materiales, indica que «no se encuentra en las actuaciones vestigio alguno de incitación o planificación por parte de los investigados».
El recurso minimiza la actuación de la plataforma cuyas consignas en 2019 marcaron las protestas contra la sentencia del procés. «Tsunami Democràtic, en lo que se ha podido acreditar en el procedimiento, no deja de ser un más que un perfil de Twitter y en su fase más avanzada de los hechos, una app», llega a decir el fiscal, que también describe el movimiento como, «a lo sumo […] un banderín de enganche para diversas actividades, algunas de carácter delictivo».
«Sin minusvalorar la gravedad que supuso para la convivencia pública en una zona determinada de España y en un periodo corto de tiempo», indica el recurso, «algún acto del que se hizo eco esta plataforma terminó en disturbios y altercados graves, pero no consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos».
SIN INDICIOS DE DELITO
En cuanto a la posible participación de Carles Puigdemont en la planificación de Tsunami, señalada por el juez, el recurso niega que se le que se pueda atribuir ningún delito a Puigdemont y resta relevancia a una reunión en Ginebra en torno a la que gira el auto de imputación al sospecharse que fue clave en la puesta en marcha de Tsunami. Por el mismo motivo, considera innecesario citar a Arnaldo Otegi como testigo por haber asistido a ese encuentro.
Tras considerar llamativo que Puigdemont sea el «único» al que el juez «dedica una mínima, aunque escasa, motivación» en el auto, el fiscal niega que haya indicios de delito en su contra. «Cabe decir que los indicios que se consignan resultan insuficientes para ello. Ya de por sí resulta significativo en el informe policial de recapitulación como en el caso de otros que los imputados no se le dedique ningún apartado o capítulo ni se le atribuyan hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami Democràtic», dice el escrito.
«No puede establecerse conjetura alguna respecto de la responsabilidad penal en el presente procedimientos de la citada persona», concluye la Fiscalía, lo que supone que tampoco apoyará una imputación del ex president por desórdenes públicos si esa es la calificación jurídica que prospera.
Reprocha la opción del juez de ofrecer a Puigdemont declarar en la Audiencia voluntariamente, ya que como aforado solo el Supremo podría imputarle formalmente. En medio del recurso que favorece a Puigdemont, el fiscal aprovecha para recordar que fue el mismo quien pidió hace cinco años su busca y captura.
«Resulta cuando menos ingenuo que una persona prófuga de la Justicia, precisamente desde el 2 de noviembre de 2017, cuando este mismo representante del Ministerio Público solicitó que se decretase su busca y captura en el procedimiento de la Audiencia Nacional que precedió a la causa especial tramitada con posterioridad en el Tribunal Supremo, se le ofrezca la «posibilidad de comparecer voluntariamente ante este Tribunal», afirma Carballo.
Respecto a la dirigente de ERC imputada, el fiscal considera que «no está en absoluto acreditado» en los informes que Rovira llevara a cabo labores de coordinación de la plataforma. «Las actuaciones que se le atribuyen carecen de toda entidad delictiva, más allá de su simpatía o apoyo a la plataforma Tsunami Democràtic. Su participación en la reunión de Ginebra y su intervención en diversos chats en los que coincide con alguno de los investigados no acredita mayor participación».
