El País/Patricia Esteban.- Cuando se cumple un año de la guerra en su país, los desplazados denuncian la escasez y la dificultad para acceder a recursos para mantenerse en España.
Cien euros al mes para una mujer y su hija que, tras huir de las bombas en su tierra, viven acogidas en un hostal en Soria. Este es el dinero de bolsillo que les corresponde aparte del alojamiento y la comida. Cuando se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania, muchos de los miles de refugiados en España se mantienen gracias a la beneficencia de sus vecinos y no a las ayudas públicas que se aprobaron. Algunos de ellos han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo, que está investigando estas quejas.
Desde febrero de 2022, más de 8 millones de personas se han refugiado en Europa tras cruzar la frontera ucraniana para huir del conflicto. España tiene registrados un total de 167.726 acogidos en su territorio, según Acnur. Es el tercer país con más desplazados residentes de entre los Estados europeos no vecinos del territorio invadido, solo por detrás de Alemania e Italia. Todas las personas registradas en España gozan por otra parte, según estos datos, de protección temporal. La directiva de protección temporal de la Unión Europea se activó el 4 de marzo de 2022 permitiendo a los desplazados acceder a derechos como el de residencia, atención médica, educación, vivienda o trabajo, en principio, por un año. Un estatus legal que, recientemente, Bruselas ha sugerido mantener hasta marzo de 2025.
La Unión Europea ha movilizado 523 millones de euros en ayuda humanitaria, pero, a tenor de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en España, este dinero no siempre es suficiente para vivir. Así se expresa en una queja fechada en dicha oficina el pasado mes de noviembre, a la que ha podido acceder este medio, y cuyo expediente sigue en curso. No es la única. Según esta oficina, se han recibido otras comunicaciones centradas especialmente en las dificultades para acceder a los recursos durante la segunda fase (en la que las comunidades autónomas gestionan la financiación de viviendas y comida) y en los problemas para obtener ayudas sociales por parte de personas que no han accedido al sistema de acogida.
Un ciudadano que responde a las iniciales A.A. remitió el escrito sobre la situación de los refugiados ucranianos que conoce. En la queja pone de relieve que estas ayudas son tan escasas que vulneran la resolución de la Comisión Europea sobre el asunto. “En Bélgica les dan 200 euros y aquí 50”, clama.
Según el informe Bélgica, el derecho de asilo en el corazón de Europa, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en 2019, las ayudas de bolsillo para los asilados pueden “oscilar entre una media de 200 euros para una persona sola adulta en un alojamiento donde se le ofrece la comida, a una media de unos 260 euros en uno que no. La organización que gestiona el alojamiento (con fondos públicos) se encarga, además, de los costes asociados al transporte público, la ropa, las tasas escolares, los intérpretes, etcétera”.
En la página Inmigración y Derecho Internacional de Familia de la Agencia para la Integración y la Integración Ciudadana flamenca se señala que las personas protegidas temporalmente que residen en la Región de Bruselas-Capital tienen derecho a las prestaciones familiares de Bruselas. Según esta misma web a partir del 1 de agosto de 2022, el salario digno mensual en la zona flamenca es de 758,64 euros para una persona conviviente, 1.137,97 euros para una sola persona y de 1537,90 euros para una persona que vive con una familia dependiente. Los refugiados debidamente registrados tienen acceso a otras ayudas como asistencia médica, educación y bonos para el alquiler de 200 euros.
Según la Oficina de Migración belga, desde el 10 de marzo de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, la Oficina de Extranjería emitió más de 65.000 visas temporales a ciudadanos ucranianos.
Ayuda de bolsillo
El 8 de abril de 2022, un mes y medio después del inicio de la guerra, la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal (dependiente del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) aprobó una instrucción para adoptar “medidas extraordinarias para la atención a personas desplazadas desde Ucrania”. En una primera fase, que coincidió con la oleada de refugiados, sobre todo de mujeres y niños, se concedieron unas ayudas “de bolsillo” para emergencias. Estas incluían 50 euros al mes por persona y 20 euros por cada hijo menor de 18 años; el coste de los productos de higiene y alimentación infantil y un máximo de 90 euros por persona para vestimenta.
La familia Korsun, que llegó a Soria en marzo de 2022, es una de las que ha denunciado la situación. Desde la ONG que le gestionaban las ayudas (la fundación Apip-Acam) nunca les dijeron que tenían un descuento del 40% en las recetas médicas. Se enteraron de la bonificación por un amigo y han podido utilizarla desde septiembre del año pasado. Como relata Ganna Korsun “durante los cuatro primeros meses vivimos gracias a la solidaridad de la gente, luego, desde la ONG empezaron a darnos 50 euros al mes para gastos de bolsillo a mí y a mi madre”. Aunque sí reciben clases de español y están pendientes de la asignación de un piso.
Financiación para vivienda y comida
La situación ha empeorado a medida que pasaban los meses. Ahora, la familia Korsun no dispone de dinero para los gastos más elementales. “No dan jabón ni champú ni pasta de dientes, ni compresas para la higiene personal, ni ayuda para ropa”, afirma Ganna. La familia está pendiente de trasladarse del hostal en el que está acogida a un piso (un estudio). Cuando se muden, tendrán una asignación de 520 euros para la comida, luz y agua, y de unos 480 euros para el apartamento. Estas ayudas serán temporales: se agotarán en seis meses. Encontrar trabajo en Soria, explican, no es nada fácil.
El Gobierno dispuso una segunda fase en la que las comunidades autónomas asumen la gestión de estas ayudas, que están subvencionadas. En el Real Decreto 673/2022, de 1 de agosto, se regula el procedimiento para alcanzar dichos bonos, destinados a financiar el alojamiento y comida de los ucranianos con protección temporal. En el artículo 7 de la norma se prevé una cuantía de “400 euros al mes por persona adulta que tenga la condición de destinataria final de las subvenciones”. La ayuda tiene un periodo máximo de seis meses.
A fecha de noviembre de 2022, según la oficina del Defensor del Pueblo, todas las comunidades autónomas habían solicitado las citadas subvenciones y se había realizado el primer pago a excepción de Andalucía, País Vasco y Castilla y León por retrasos en el papeleo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones transfirió 52 millones de euros en octubre a las comunidades autónomas para gestionar esta ayuda, pero al menos tres regiones con un importante número de refugiados en sus territorios (Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña) aún no han empezado a entregarlas, según una reciente información recogida en este medio.
Dificultades en toda la Unión
Un reciente informe ha pulsado la situación de los refugiados ucranianos en Europa. El informe de la FRA Fleeing Ukraine (La huida de Ucrania) recoge el relato en primera persona de aproximadamente 14.500 personas que han huido de la guerra y se han asentado en la Unión Europea. La encuesta (que se realizó entre agosto y septiembre de 2022 en Alemania, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, España, Estonia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía) muestra las dificultades prácticas que tienen los refugiados para poder encontrar trabajo o llegar a fin de mes.
Aunque el 23 % de los encuestados asiste a cursos de idiomas, no conocer la lengua del país de acogida es la principal razón por la que las personas abandonan la educación, no trabajan o tienen dificultades para recibir asistencia sanitaria. Por otro lado, solo el 33 % tiene un trabajo remunerado y el 33 % de las mujeres no trabaja porque necesita cuidar de sus hijos o de familiares ancianos o enfermos. El 48 % afirma que su nuevo empleo está por debajo de su nivel educativo y el 30 % declara haber sido explotado en el trabajo. El 79 % tiene dificultades para llegar a fin de mes por el coste de la vida.
