RTVE. El informe será sometido al pleno del CGPJ el próximo 20 de abril y es preceptivo aunque no vinculante.
El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley trans advierte al Gobierno de que algunos de sus preceptos «contradicen» el derecho fundamental a la igualdad recogido en la Constitución, al perjudicar a las mujeres, y no protegen suficientemente a los menores. Además, ha señalado que tiene «aspectos oscuros» y «ciertas disfunciones» en lo relacionado con la autodeterminación de género.
El informe, que será sometido al pleno del CGPJ el próximo 20 de abril y que es preceptivo aunque no vinculante para el Ejecutivo, cuestiona numerosos puntos del anteproyecto diseñado por el Ministerio de Igualdad y que vio la luz tras una dura negociación en el seno del Gobierno.
Según indica el CGPJ en un comunicado, el borrador, redactado por dos vocales del sector conservador y una del progresista, ve «loable» la finalidad de la norma, que es garantizar la igualdad y evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, pero incluye diversas «consideraciones técnicas».
Posibles situaciones de «discriminación positiva»
Según el CGPJ, el anteproyecto contiene disposiciones que «contradicen el derecho fundamental a la igualdad» en la medida en que pueden generar situaciones de discriminación positiva y acabar discriminando de forma indirecta a las personas a las que no protege, especialmente a las mujeres no transexuales.
Ponen de ejemplo el impacto de la ley en el deporte o en las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones y ven indispensable introducir cautelas para evitar que las mujeres no transexuales se vean discriminadas, ante «la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es».
Del mismo modo, muestra sus «dudas» de que una ley de carácter «integral y transversal» sea «la herramienta adecuada» para conseguir el objetivo que proponen, al considerar que conduce a una «excesiva atomización del ordenamiento jurídico», pues se dota a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección.Las mujeres transexuales son el grupo más vulnerable dentro del colectivo LGTBI
Para proteger ese principio, se recomienda, por ejemplo, concretar las consecuencias del cambio de sexo en el matrimonio o qué ocurre si se decide revertir un cambio de sexo registral, algo que permite la ley pasados seis meses. Para el CGPJ, la reversión debería tener carácter «absolutamente excepcional», «siempre bajo decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada».
Asimismo, entre los «aspectos oscuros» y «disfunciones» que aprecian, piden también garantías para evitar situaciones fraudulentas y que nadie se cambie de sexo para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género.
La autodeterminación de género y la edad para el cambio en el registro
Por otra parte, el CGPJ se refiere a otro de los puntos que recoge la norma y que más polémica ha generado sobre su contenido: la autodeterminación de género.
El anteproyecto abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre esa edad y los 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
Los vocales creen que no se protege suficientemente a los adolescentes de entre 14 y 16 años, que pueden cambiar su sexo registral sin más condición que la asistencia de sus representantes legales, y subrayan que debe primar el interés superior del menor. Propone que en esos casos un juez compruebe que tienen «suficiente madurez» y «estabilidad en la situación de transexualidad», como determinó el Constitucional.
Alegan los jueces que la norma es eminentemente registral por lo que, a su juicio, no cuestiona el derecho a la identidad sexual que, según apuntan, «es previo al derecho a la rectificación registral de la mención del sexo».
Sí que aplauden los vocales la prohibición de las terapias de conversión, aunque dudan de que se pueda hacer cuando haya consentimiento del afectado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este viernes que «las mujeres y personas LGTBI no se merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos» y «menos» que estos se hagan «desde las instituciones». «Al contrario, urge que la ley sea una realidad cuanto antes y que sea lo más ambiciosa posible», ha publicado en su cuenta de Twitter.
La Federación Plataforma Trans ha señalado que el CGPJ está «caducado» y espera que el Gobierno «no se alinee» con esta postura. Para la entidad, lo que se ha podido conocer del dictamen corresponde a un «CGPJ conservador» que, además de «haber incumplido los plazos que establece la ley», tiene «poco respeto» a la hora de «poner en valor el Estado de derecho y la democracia».
