La Vanguardia.- Lima, 24 oct (EFE).- Un tribunal peruano dictó este martes 18 meses de prisión preventiva contra cuatro exintegrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como parte de la investigación que se sigue de un ataque cometido en 1989 por ese grupo terrorista contra miembros de la comunidad LGTBI en la ciudad amazónica de Tarapoto.
La decisión se tomó contra María Cumpa Miranda, Alberto Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas Schulte y Lino Manrique Tuya, quienes radican actualmente en España, Francia, Suecia y Guyana Francesa, respectivamente, precisó el Ministerio Público en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
Se ordenó a petición de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad que el pasado 2 de septiembre formalizó una investigación por la presunta la comisión de los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso conocido como «Las Gardenias».
La Fiscalía abrió esta investigación contra el encarcelado líder del MRTA, Víctor Polay, y otros seis miembros de la agrupación, por el ataque cometido en mayo de 1989 «en agravio de distintas personas que integraban la comunidad LGTBI y se encontraban presentes en el bar ‘Las Gardenias’, en la ciudad de Tarapoto», precisó en ese momento una comunicación oficial.
Este caso sucedió el 31 de mayo de 1989, cuando seis presuntos miembros del MRTA ingresaron al bar «Las Gardenias», en Tarapoto, y asesinaron a balazos a ocho personas de la comunidad LGTBI.
La matanza dio pie a la posterior institucionalización de cada 31 de mayo como el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales.
En septiembre pasado, el procurador especializado en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, afirmó que Polay, quien cumple 35 años de prisión por el delito de terrorismo, todavía «tiene cuentas pendientes con la justicia» y mencionó al proceso por «Las Gardenias» y otra investigación por «apología flagrante del delito de terrorismo».
El líder del MRTA presentó una demanda que fue aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año pasado, pero solo se conoció en septiembre pasado en Lima, en la que reclama que se violaron sus derechos fundamentales al momento de su detención y que su reclusión violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
Tras esto, el Gobierno de Perú expresó su «posición unitaria y firme» de rechazo a esa demanda y la presidenta Dina Boluarte anunció que había dispuesto que el Ministerio de Justicia organice «una respuesta contundente del Estado».
El pasado 18 de octubre, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, visitó Washington y pidió a la CIDH que desestime las demandas presentadas por Polay y el exlíder de Sendero Luminoso Florindo Flores Hala, conocido como «camarada Artemio».
Polay fue detenido y condenado a prisión después de haber liderado hasta 1992 al MRTA, la segunda organización subversiva incluida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que dejó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y el 2000. EFE
