Este año se ha esclarecido el del funcionario de prisiones Máximo Casado, por que la Audiencia Nacional condenó en octubre a 33 años de cárcel a cuatro etarras
ROSALINA MORENO. CONFILEGAL.- La banda terrorista ETA aún tiene que responder por 313 de sus más de 800 asesinatos (853), según ha informado a Confilegal la abogada de Carmen Ladrón de Guevara, miembro del departamento jurídico de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Están sin resolver porque el autor material del atentado no ha sido condenado.
Este año se ha esclarecido el del asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, por el que la Audiencia Nacional condenó el pasado octubre a 33 años de cárcel al exdirigente de ETA Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y a los también miembros de la banda terrorista José Ignacio Guridi Lasa, ‘Xabi’; Asier Arzalluz Goñi, ‘Santi’; y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, ‘Peio’.La AN condena a 33 años de cárcel a Txapote y a otros tres etarras por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo CasadoLos otros condenados son José Ignacio Gurirdi Lasa, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain.
Entre los crímenes pendientes en los que se sigue avanzando en la Audiencia Nacional destacan los relativos al histórico jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que fue detenido en Francia el pasado mayo y para el que ha sido reclamada su extradición, la última vez el pasado julio.
El Tribunal de Apelación de París ha aplazado hasta el 8 de enero la decisión sobre las dos euroórdenes españolas contra él relativas al atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980 y la financiación de ETA a través de ‘herriko tabernas’.
En septiembre fue entregada a España la también exjefa de ETA Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, una vez hubo cumplido su condena en Francia.
Esta etarra, que se encuentra en prisión provisional, será juzgada por 12 causas, instruidas por los juzgados centrales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Audiencia Nacional.
Entre ellas se encuentra el asesinato del comandante del Ejército del Tierra Luciano Cortizo Alonso, por la colocación de una bomba en su coche el 22 de diciembre de 1995 en León; el atentado con dos agentes muertos en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el asesinato en 1985 del cartero Estanislao Galíndez.
También está más cerca el juicio al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, por el atentado en la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas en Madrid que en 2006 mató a dos personas.
La Audiencia Nacional le comunicó su procesamiento por estos hechos el pasado noviembre aprovechando que Francia le había entregado temporalmente para que fuese enjuiciado por el asesinato del magistrado José María Lidón Corbí, crimen del que finalmente resultó absuelto, por falta de pruebas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo está personada como acusación popular a 31 de diciembre de 2019 en 209 procedimientos judiciales, 186 de ellos relacionados con ETA y 23 con yihadismo, y otros tres de otros grupos terroristas, según se desprende del balance anual del departamento jurídico de esta asociación que preside Maite Araluce.
El departamento jurídico de la AVT realiza labores de asesoramiento jurídico-penal a las víctimas del terrorismo y a la asociación; otro tipo de asesoramiento a las víctimas; asesoramiento institucional a la AVT, otras actividades, como entrevistas y atención a estudiantes; así como proyectos de investigación.
Según informa Carmen Ladrón de Guevarra, del total de 209 procedimientos, durante 2019 han tenido actividad procesal en 55 casos: 42 relacionados con ETA, 11 referidos a terrorismo yihadista y en dos de otros asuntos.
El número de procedimientos nuevos en 2019 han ascendido a 20, de los cuales 9 son reaperturas/revisiones; 7 procedimientos nuevos; y cuatro denuncias por homenajes a etarras.
A lo largo de este año ha prestado asistencia a 89 víctimas del terrorismo, de las cuales 72 están asociadas a la AVT y 17 no.
Madrid ha sido la región donde más ayuda han prestado, con un total de 26 casos, seguida del País Vasco con 13 y Aragón con 12.
En este año la asociación abrió 108 expedientes, 45 por la vía administrativa, 49 por la penal, y el resto, consultas de otras materias.
Entre los proyectos de investigación realizados por el departamento jurídico se encuentran los informe s’El terrorismo en Madrid’, solicitado por el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid; ‘Historia del terrorismo en Cataluña’ o ‘El derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo’ para la Secretaría de Paz y Convivencia del gobierno Vasco.
