Condenado a cuatro años de prisión por una agresión homófoba en Valencia de Alcántara.

, , | 20 junio, 2022

El Periódico de Extremadura, Eduardo Villanueva. – Se trata de una sentencia «pionera» en la condena de este tipo de hechos, apuntan desde la Fundación Triángulo.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por una agresión homófoba a un joven en Valencia de Alcántara en 2020.

Durante el juicio, celebrado la pasada semana, ha quedado probado que la motivación de la agresión fue la orientación sexual de la víctima. En concreto, ha sido condenado a dos años de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de la víctima por razón de su orientación sexual y otros dos años por un delito de lesiones.

Se trata de una sentencia «pionera» en la condena de este tipo de hechos, apuntan desde la Fundación Triángulo, que ha acompañado a la víctima en todo el proceso, ya que además dicta tres años de alejamiento del agresor hacia el joven y su entorno, así como cinco años para el ejercicio de profesiones docentes, deportivas o relacionadas con el ocio y el tiempo libre.

Asimismo, deberá pagar una indemnización que ronda los 10.000 euros y una multa de hasta 2.700 euros, además de las costas del procedimiento.

La víctima sufrió una agresión física además de un trato vejatorio y denigrante por parte del condenado en las inmediaciones de un espacio de ocio nocturno, donde el ahora condenado le propinó varias patadas y golpes al joven homosexual, al tiempo que se le amenazaba de muerte al grito de «maricón».

Tras la agresión la víctima ha sufrido estrés postraumático y le ha sido «complicado» volver a su localidad natal, precisamente por miedo a nuevas agresiones, según la Fundación Triángulo, que considera esta sentencia «ejemplarizante».

A través de su Oficina de Atención a Víctimas (OAV), por LGBTIFobia, Fundación Triángulo destaca que esta sentencia «demuestra que no existe en España impunidad ante las agresiones con motivo de la orientación sexual y/o la identidad de género de las personas», así como remarca la importancia de interponer las correspondientes denuncias cuando se producen situaciones de violencia física o discriminación.

Asimismo, subrayan que la sentencia llega en un momento de «extrema preocupación por el incremento de los delitos de odio». Según los datos que maneja esta asociación, se produce casi una agresión de estas características cada semana en la comunidad.

Sin duda, han manifestado, supone un «espaldarazo» al trabajo que vienen realizando desde la oficina de atención a las víctimas, que ha atendido a este joven «desde el primer momento» con los recursos que habitualmente ponen a disposición de las personas LGBTI en situaciones similares, ha señalado el secretario de la entidad, Hugo Alonso.

La OAV, que ha acompañado en el proceso a la víctima y su familia, es un recurso de la Fundación Triángulo Extremadura, que cuenta con la financiación de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura.

Las agresiones se cuadruplican en 5 años

Las agresiones físicas y psicológicas a personas del colectivo LGTBI se han cuadruplicado en la región durante los últimos cinco años, al pasar de nueve en 2017 a 36 en el último año, según un informe elaborado por la OAV.

De los casos registrados en 2021, 19 se produjeron en núcleos urbanos y 17 en zonas rurales, lo que demuestra que «no se trata de un hecho aislado, ya que este tipo de motivación del delito ha aumentado en todo el territorio nacional en los últimos años», precisan desde Triángulo.

Y un dato muy significativo, las agresiones a menores han pasado de 3 en 2020, a una veintena en 2021.

Ademas, el año pasado, las oficinas de atención a víctimas por LGTBIfobia recibieron cuatro notificaciones de situaciones de discriminación en centros públicos, aunque se han notificado hasta seis situaciones de discriminación en espacios formativos.

Asimismo, respecto a las situaciones de discriminación registradas en 2021 en Extremadura, Triángulo destacó un hecho preocupante: en dos de ellas, una en cada provincia, los actores de las mismas fueron funcionarios, en concreto de la plantilla de la Policía Local.

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