El País.- Lucas González fue asesinado por la policía cuando tenía 17 años. Pasó un miércoles de noviembre de 2021, en plena mañana, en el sur de Buenos Aires. Jugador de fútbol de un club del barrio de Barracas, volvía de entrar en el coche de un amigo cuando otro coche empezó a perseguirlos, los sobrepasó y los interceptó en medio de la calle. Eran policías, pero iban vestidos de civil y su coche no llevaba placas oficiales. Lucas y sus tres amigos, todos de 19 años, pensaron que era un asalto e intentaron escapar. Chocaron en el intento, y empezaron a recibir disparos desde el otro coche. Lucas recibió dos balas, una de ellas en la cabeza. Los policías llamaron después a su central para pedir refuerzos: dijeron que habían vivido un enfrentamiento contra cuatro hombres armados. Luego plantaron un arma en el coche.
Un tribunal ha condenado este martes a cadena perpetua a esos tres policías. El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Juan José López, y el oficial Fabián Andrés Nieva han sido hallados culpables de homicidio con cinco agravantes: por haberlo hecho con alevosía, armas de fuego, haber actuado en grupo y con premeditación, por ser integrantes de las fuerzas de seguridad y, porque según el tribunal, el crimen fue motivado por odio racial. El fallo es histórico. Tras cuatro meses de juicio, el tribunal ha sentado jurisprudencia al decidir que la violencia institucional incluyó como agravante el racismo.
“Pensaban que iban a salir impunes porque actuaban con prejuicios sociales de clase”, había señalado en su alegato final el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente. El abogado querellante, Gregorio Dalbón, había pedido al tribunal que tomara en cuenta que los chicos detenidos “eran de color marrón”. “Los eligieron por eso, no por otra cosa”, dijo en su alegato final, en el que también pidió al tribunal que pensara qué hubiera pasado si, en lugar de ser jóvenes de origen humilde de un barrio vulnerable, el caso se tratara de ”un Audi con tres pibes de ojos celestes”.
Ese 17 de noviembre de 2021, Lucas agonizaba en el coche mientras los policías retenían a dos de sus amigos. El tercero de ellos, Niven Huanca, había logrado huir, pero fue detenido por la tarde cuando fue a denunciar el hecho a la comisaría de su barrio junto a su madre. Los tres jóvenes pasaron la noche en una celda mientras su amigo fallecía en un hospital.
En los dos meses siguientes, fueron detenidos los tres oficiales acusados de asesinato y privación ilegítima de la libertad, y otra docena, señalados por encubrimiento. El tribunal que ha condenado a los tres oficiales este lunes también sentenció a otro policía, Sebastián Jorge Baidón, a ocho años de cárcel por las “torturas” contra los jóvenes. Otros seis policías -incluidos dos comisarios a cargo de la delegación- se llevaron penas de entre tres y seis años por haber ayudado a alterar pruebas. Cinco fueron absueltos. Tras la sentencia, el tribunal pidió que se investigue el rol que tuvieron los jefes de la policía de Buenos Aires.
“Lo estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos [morenos]”, había dicho el padre de Lucas, Héctor González, a la agencia Télam. “Salían de una villa,de un barrio carenciado como es el de Barracas, salían de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo. “Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”, lamentó su madre, Cinthia.
El caso conmocionó a Argentina, donde las críticas contra el gatillo fácil de las autoridades policiales chocan con una de las consignas más populares de los sectores políticos conservadores: los pedidos de “mano dura” contra el crimen en las calles. La policía argentina tiene un historial de violencia. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una ONG que vigila la violencia policial, casi 9000 personas han sido asesinadas por el aparato represivo del Estado desde que Argentina volvió a vivir en democracia en 1983. Según su relevo del año pasado, entre las 436 muertes registradas tan solo en ese año, 319 ocurrieron bajo custodia y 80 fueron asesinatos de gatillo fácil.
