El País.- Un total de 26 de los 28 acusados de agredir y coaccionar a asistentes a la manifestación del 9 d’Octubre de 2017 en Valencia y a profesionales de los medios de comunicación que dieron cobertura informativa a la marcha han admitido este miércoles su culpabilidad y han aceptado penas de cárcel de entre 12 y 24 meses y el pago de 46.000 euros de indemnizaciones a los agredidos tras un pacto de conformidad entre las partes. La condena es por delitos contra el ejercicio de Derechos Fundamentales, con agravante de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra. A la salida del juzgado, uno de los condenados se ha dirigido a miembros de la Comissió 9 d’ Octubre, que se manifestaban a las puertas de los juzgados con consignas contra el fascismo, y les ha dicho: “Poco os dimos ese día”.
En la sala, el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, ha leído el acuerdo de conformidad y uno a uno los acusados han aceptado su responsabilidad en los hechos y las penas. Además deberán de pagar unos 49.000 euros de costas. Los condenados —una vez se dicte la sentencia— no podrán acercarse a las personas agredidas durante tres años y cinco meses ni acercarse a menos de 100 metros a las sedes de las organizaciones que convocaron la manifestación —la Comissió 9 d’Octubre— ni a 300 metros de los actos que organicen.
La mayoría han aceptado penas de cárcel aunque uno de los 26 conformados ha eludido la prisión con el pago de una multa, según fuentes judiciales. Dos de los acusados han rechazado el acuerdo y se someterán a juicio, que se reanudará el próximo 4 de marzo. La pena de prisión quedará suspendida, al no ser superior a los dos años, una vez haya sentencia firme y condicionada a no volver a delinquir y a realizar un curso de igualdad.
“Que 26 personas con un largo historial de agresiones hayan sido condenadas es un hecho histórico”, ha manifestado Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià y portavoz de la Comissió 9 d’Octubre a la salida de la vista. “Celebramos que la impunidad haya cesado. Es una alegría contenida porque nos hubiera gustado que las penas fueran mayores pero celebramos que hayamos conseguido los objetivos que se planteaba la Comissió: el reconocimiento de los hechos, que se había cometido un delito contra la libertad y los principios democráticos, que se pagaran las indemnizaciones a las víctimas y se garantizara [con las órdenes de alejamiento] la seguridad de los actos futuros”, ha añadido la portavoz.
Esta vista debió arrancar en septiembre pasado con un acuerdo de conformidad de 26 de los 28 acusados, quienes iban a aceptar penas de entre 16 y 19 meses de prisión. Los acusados que se iban a conformar, muchos de ellos pertenecientes a la extinta peña Yomus y que exhibieron simbología neonazi durante la manifestación, ya habían pagado las responsabilidades civiles y los costes del procedimiento como parte del acuerdo.
Pero el pacto saltó por los aires a última hora y quedó suspendido hasta marzo después de que uno de los letrados de la defensa manifestase desconocer todos los detalles del acuerdo final alcanzado con las acusaciones, sobre todo el que tenía que ver con las órdenes de alejamiento, con lo que el presidente del tribunal decidió suspender el juicio y lo aplazó a marzo. Finalmente la primera sesión se ha adelantado a este miércoles.
La Fiscalía de Valencia pedía inicialmente penas entre los tres y los siete años y medio de prisión para los acusados. Y la Comissió 9 d’Octubre —que ejerce la acusación particular a través de Acció Cultural del País Valencià (ACPV)—, añadía el de daños, odio y pertenencia a grupo criminal, y por la reincidencia en algunos casos, y pedía penas de entre 5 y 11 años de prisión.
Hechos de hace siete años
Los hechos a juicio se produjeron el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, de hace seis años, cuando uno de los acusados, conocido como El Alfarrasí, accedió a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio de la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y realizando el saludo que consistía en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis.
La actuación de estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial, hicieron que, finalmente, la barrera de seguridad cediera. Esto dio lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre (conglomerado de entidades nacionalistas y de izquierdas), relata el escrito de calificación provisional del ministerio público. A la cola de la manifestación convocada por la comisión se adhirieron formaciones catalanistas como la CUP o Arran.
Los ultras protagonizaron los primeros altercados violentos, con agresiones y puñetazos a participantes en la manifestación. Por ejemplo, varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero. Una vez allí, fueron agredidos con el mástil de una bandera cuatribarrada. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron. Es solo una de las escenas que pudieron verse aquel día pues los altercados fueron registrados ampliamente por los medios de comunicación.
