ElDiario.es.- El Ministerio Público archiva la investigación sobre los 23 fallecimientos, 40 según las ONG, de migrantes en la frontera del pasado mes de junio pero comunica a la Guardia Civil que varios agentes apedrearon a personas que intentaban acceder a territorio español.
La Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre las muertes de migrantes el pasado mes de junio en la frontera de Melilla, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El decreto del Ministerio Público no especifica si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español, afirma que “los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí” y que “el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos”. La Fiscalía entiende que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria.
La Fiscalía entiende que no hubo ninguna actuación irregular por parte de la Guardia Civil, ni mientras usaban material antidisturbios para repeler a los migrantes ni tampoco durante las 470 devoluciones contabilizadas. Frente a una “agresividad desmedida e inusitada” de las personas que intentaban entrar en España, dice el decreto, los agentes “mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española”.
Para el Ministerio Público, “la magnitud de los hechos justifica sobradamente la actuación policial” con los agentes de la Guardia Civil empleando “los medios necesarios y la fuerza mínima imprescindible para reducir al grupo de extranjeros que de forma violenta pretendía entrar ilegalmente en territorio nacional”.
Sobre las 23 muertes, que según las ONG ascienden a 40, la Fiscalía entiende que los agentes no cometieron ni un delito de homicidio imprudente ni uno de omisión del deber de socorro. No eran conscientes, dice, del peligro que corría la vida de los migrantes ni pusieron sus vidas en riesgo. “Los agentes españoles procedieron a los rechazos sin tener constancia de lo que había sucedido, las circunstancias del incidente donde se produjeron los fallecimientos ni los hechos posteriores a los mismos”, explica. “Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.
Avala las 470 devoluciones
Las 470 devoluciones en caliente, explica el decreto, fueron legales. No hay pruebas, dice en primer lugar la Fiscalía, de que las personas rechazadas en la frontera fueran vulnerables o de especial fragilidad. Además, lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto” en la normativa de Extranjería buscando evitar “un daño grave, inmediato e irreparable como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.
Sobre el lanzamiento de piedras, la Fiscalía constata a través de los vídeos e imágenes que dos agentes de la Guardia Civil arrojaron piedras contra los migrantes: “Lanzaron varias decenas de piedras hacia los migrantes que se hallaban encaramados a la valla. Solo se advierte el impacto de una de las piedras en el costado de uno de ellos, sin que resulte acreditado la causación de lesiones”, dice la Fiscalía.
Entiende que no se puede perseguir por la vía penal pero pone estas agresiones en conocimiento de la Dirección General de la Guardia Civil para que examine si alguno de estos agentes incurrió en una infracción disciplinaria, castigadas con hasta la suspensión.
Pide más seguridad para los migrantes
La fiscal de Extranjería aprovecha el decreto para recordar a todos los ministerios implicados su “obligación” de poner en marcha medidas necesarias para que los migrantes puedan pedir un visado, protección o asilo en consulados y oficinas diplomáticas y en los puestos fronterizos para evitar que tengan que jugarse la vida. “A fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.
Las víctimas y el resto de migrantes procedían de países en conflicto, merecen protección según recuerda la Fiscalía y llama a examinar el sistema para eliminar errores: “Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”.
Hasta 40 víctimas según una ONG
La tragedia tuvo lugar el pasado 24 de junio en el puesto fronterizo melillense del Barrio Chino, cuando más de 1.700 personas llegadas desde Nador intentaron entrar en Melilla. Una avalancha en la que, según los datos oficiales, murieron 23 personas, un número que asciende hasta 40 víctimas según el último recuento de la ONG Caminando Fronteras, realizado a través del contacto con familiares y allegados de los fallecidos. El salto fue respondido con material antidisturbios desde ambos lados de la alambrada.
La fiscal coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, decidió abrir una investigación poco después de los hechos. Unas pesquisas que, en los últimos meses, se han centrado en obtener datos e imágenes recabados, sobre todo, por la Guardia Civil y los miembros del operativo. En ese contexto ha declarado ante los investigadores el jefe del operativo y varios agentes, aunque también han sido reclamadas las imágenes tomadas por el helicóptero del instituto armado y las comunicaciones entre la aeronave y los mandos que ese día eran responsables de la frontera. Hace menos de dos semanas el fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció que la investigación acabaría “pronto” y que las muertes merecían una “investigación a fondo”.
Desde el primer momento el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha defendido la legalidad de la actuación de la Guardia Civil y la ausencia de irregularidades ese día en la frontera. “Fue un ataque violento y de una violencia extrema y máxima por parte de aquellos que intentaban entrar en territorio español utilizando instrumentos peligrosos como radiales, hachas, palos de todo tipo”, afirmó en una ocasión el ministro. Las muertes, defiende, no tuvieron lugar en suelo español.
Un asunto que ha supuesto un enfrentamiento entre el PSOE y sus socios de Gobierno y de investidura, y en el que varios organismos han cuestionado estas conclusiones de Interior. El Defensor del Pueblo y Acnur, por ejemplo, aseguran que las imágenes visionadas de la tragedia demuestran que la Guardia Civil conocía la “situación de riesgo” de los refugiados sudaneses que, “amontonados y aplastados”, intentaban entrar en España. Amnistía Internacional también se ha pronunciado en ese sentido. Varias investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que, según sus conclusiones, sí que se produjo al menos una muerte en suelo español.
