JULIA CAMACHO. EL PERIÓDICO.- La Mesa del Parlamento andaluz rechazó este miércoles calificar siquiera la petición de Vox para conocer la identidad de los trabajadores de los equipos de unidades de lucha contra la violencia machista entre 2012 y 2019 al entender que vulnera la ley de protección de datos. Pero esa negativa no hace desistir a la formación de ultraderecha en sus intenciones, que tras criticar la posición de PP y Ciudadanos, avisa ya que reformulará la pregunta para acceder a los datos de cualificación de dichos trabajadores “para saber si están suficientemente preparados o no” y “depurar” los supuestos informes “ideológicos” que se esgrimen en los juzgados para defender a las víctimas de la violencia machista o establecer regímenes de custodia. “Levantaremos las alfombras de los chiringuitos de género”, avisaron en sus redes sociales.
Fuentes parlamentarias confirmaron que todos los grupos políticos representados en el Parlamento, a excepción lógicamente de Vox, expresaron su rechazo a la petición formulada la pasada semana por el diputado Francisco Serrano porque vulneraba la normativa de protección. Así, la propuesta no ha sido ni calificada ni admitida a trámite. No obstante, desde las filas socialistas han reprochado que tanto el PP, socio de investidura de Vox, como Ciudadanos trataran de “tapar las vergüenzas” a su aliado instando en varias ocasiones a la formación ultraderechista a replantear la petición para ajustarla a la normativa, como plantearon los servicios jurídicos. Es más, el portavoz en el Parlamento del PP-A, José Antonio Nieto, concedió que su formación apoyaría una nueva propuesta de Vox en este asunto si «es legal». Por el propio equilibrio de fuerza de este órgano de gobierno del Parlamento cámara, donde PP, PSOE y Ciudadanos cuentan con dos votos, Vox con uno y Adelante Andalucía con voz pero sin voto, ese apoyo de los dos partidos del gobierno permitiría que la propuesta prosperara por mayoría.
La formación de ultraderecha, que justificó su petición alegando que hay profesionales «no cualificados e ideologizados que influyen» en la decisiones judiciales en esta materia, no ha aceptado esta propuesta en la reunión de la mesa, por lo que la petición ha sido rechazada. No obstante, minutos después el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, se mostraba dispuesto a recurrir a esa fórmula para averiguar si los empleados del servicio de atención a las víctimas tienen formación en la materia o son “agentes puestos por una ley que discrimina y adoctrina”. Serían expertos quienes valoraran esa cualificación, precisó, llegando a apuntar el nombre del vicepresidente del Consejo General de la Psicología, el profesor de la Complutense Fernando Chacón, quien en varias ocasiones se ha pronunciado acerca de que se unifiquen los protocolos en las distintas comunidades autónomas y sean estos profesionales quienes lleven a cabo las intervenciones psicológicas en Violencia de Género con víctimas y agresores.
Datos de maltratadores
“Nos ponen la excusa de los nombres”, afirmó, “si ese es el problema nos plantearemos reformular la solicitud para saber si quienes ostentan esas responsabilidades están suficientemente preparados o no, no queremos permitir que cualquier persona no capacitada para elaborar un documento pericial lo realice”. Alonso defendió además que su posición “no debe llevar a la alarma porque no atenta contra nadie”. “El lado feminista ha reclamado que se hagan públicos los nombres y apellidos de los maltratadores, algo que nos parece razonable, pero nosotros solo pedimos saber si están cualificados quienes trabajan ahí, no queremos meternos en la casa de nadie”. Por eso, tras reprochar a PP y Ciudadanos que “no quieran levantar alfombras”, desde las filas de Vox concedieron que están dispuestos a repetir la petición solicitando el currículo de estos trabajadores y el número de colegiado, dato este último que podría seguir en colisión con la ley de protección dado que afecta a su identidad.
En este sentido, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, lamentó que mientras el ejecutivo regional no ofrezca una respuesta “contundente y clara” Vox seguirá “apretando” con su petición para conocer esos datos. “La cabra siempre tira al monte y que nadie espere que la extrema derecha deje de ser xenófoba, racista y homófoba o que deje de justificar la violencia contra las mujeres. Ellos son así porque lo llevan en el ADN”, aseguró en un acto en Sevilla. Así, se mostró convencida de que no renunciará a las “listas negras, a las purgas y a las persecuciones”. En la misma línea, desde Adelante Andalucía reprocharon que la formación de ultraderecha pida datos que afectan a su actividad profesional, ya que el diputado Francisco Serrano trabaja en un despacho de abogados especializado en temas de custodia. “Son unos patriotas del taco”; dijo el coordinador de IU, Antonio Maíllo, “piden datos que están vinculados a su actividad lucrativa”.
