El País Valenciano lidera desde hace años el nada gratificante ranking de delitos de odio, con más de 650 agresiones en 2015, según el Informe Raxen. Para el presidente de la cámara autonómica Enric Morera “la declaración institucional unitaria contra los actos fascistas es un claro compromiso por la persecución legal de estos crímenes”.
JOAN CANTARERO. PÚBLICO.- “Situar las instituciones valencianas al lado del pueblo, de sus ciudadanos, y no en frente”, señala Enric Morera, presidente de las Corts Valencianes. Esta es la filosofía que rige los destinos de la nueva composición del Parlamento valenciano que, durante décadas, ha padecido mayorías electorales -obtenidas gracias a campañas dopadas- más preocupadas por el boato desde balcones para fastos y negocios.
Esta diferencia de concepto acerca de para qué sirve la política democrática ha hecho posible que Les Corts Valencianes recuperen en el primer año de legislatura el papel tan añorado durante décadas, que no es otro que prestar más atención a las demandas sociales, consensuar acuerdos y perseguir aquellas conductas que pretenden torcer lo público, ignorando el sufrimiento social.
La declaración institucional del pasado miércoles surgida del plenario, con la firma de todos los grupos Les Corts Valencianes -de derecha a izquierda y de arriba abajo-, manifestaba su rechazo al fascismo activo y a las ideologías que promueven, alientan, fomentan, o incitan directa o indirectamente al odio y la intolerancia, constituye un claro cambio de rumbo político, que consiste, básicamente, en exigir a los poderes del Estado que cumplan con la legalidad vigente.
No en vano en la Oficina de Solidaridad del Movimiento contra la Intolerancia asistió directamente 76 casos de odio en 2015 en el País Valenciano. Esto es, un caso cada 5 días, lo que sitúa a la comunidad valenciana a la cabeza junto con Cataluña entre las comunidades autónomas con mayor número de delitos de odio registrados.
No obstante, en estos datos se habla de hechos directos conocidos oficialmente, a los que hay que añadir los no denunciados, “lo que sitúa la cifra real en torno a los 660 delitos de odio en 2015 en el País Valenciano, lo que representa más del 10 por ciento del total estatal. Una cifra ciertamente preocupante, ya que suponen prácticamente dos casos diarios”, señalan fuentes del MCI.
Para el presidente de Les Corts Valencianes Enric Morera esta declaración institucional “va en la línea de visualizar que todos estamos en contra de cualquier tipo manifestación xenófoba, racista o que incite al odio incluidos los actos que pidieran estar amparados en esta ideología fascista”.
“Queremos una Fiscalía activa contra los delitos de odio”
“Esta declaración -señala Morera- ha sido enviada a todas las instituciones, organizaciones, partidos políticos y entidades que puedan tener implicación en estos casos para que conozcan nuestra opinión al respecto. Y es a partir de ahí cuando los grupos parlamentarios y los partidos políticos ya pueden trabajar para reclamar acciones y adoptar medidas que prevengan de este tipo de conductas delictivas”.
Desde el inicio de la nueva legislatura autonómica Les Corts Valencianes han hecho público su compromiso con la persecución de los delitos de odio a través de otras declaraciones institucionales como la del reconocimiento de la memoria del joven antirracista Guillem Agulló asesinado por un neonazi en 1993 o la realizada en recuerdo a las víctimas de los bombardeos de la aviación fascista italiana del 1937 a 1939.
En este sentido el presidente de la cámara autonómica recuerda que “el Informe Raxen presentado en el parlamento europeo sitúa a la Comunitat Valenciana con 660 casos como líder en este tipo de delitos de odio, y por eso hemos pedido desde aquí una Fiscalía especial y activa que combata especialmente estas conductas punibles”.
Según Enric Morera “detectamos que en nuestro territorio se detecta cierta impunidad en la comisión de este tipo de delitos que, en muchos casos, quedan sin castigo. Es hora de que las cosas empiecen a cambiar”.
6.500 delitos de odio al año, 660 en el PV
Ciertamente el Informe Raxen es clarificador. Para Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, en el estado español los delitos de odio han ascendido a notablemente en el último año. “Por un lado tenemos datos oficiales del Ministerio del Interior, que sitúan en 1.324 delitos tipificados como de odio denunciados y por otro los recabados por nuestras una Oficina Nacional contra los Delitos de Odio. Estas diferencias a la hora de cuantificar estos delitos nos descubren que existe una situación de infra denuncia con una cifra real que supera el 80 por ciento, de ahí que cuantifiquemos los datos en torno a los 6.500 casos”.
De hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea afirma que entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian, que es la referencia que toma Movimiento Contra la Intolerancia para cuantificar la evolución de esta lacra social. «Estamos ante un iceberg del que solo vemos la punta, y no la gran bolsa”.
Hay que tener presente que las víctimas de estos delitos, como agresiones físicas o verbales motivadas por la intolerancia o el perjuicio se producen contra inmigrantes, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, personas con estética alternativa, activistas de izquierda, discapacitados, semitas, mendigos o creyentes del alguna religión, entre otros y en muchos cosas prefieren no denunciar, bien por temor a ser expulsados en el caso de los extranjeros o inmigrantes, o por temor a sufrir menosprecio o indultos a la hora de comparecer en una comisaría para denunciar, pongamos por caso, que la agresión fue fruto de su conducta sexual.
