El TSJA en Málaga falla que la trabajadora deberá cobrar 35.000 euros de indemnización por el tiempo que estuvo discriminada con igual categoría frente a cuatro compañeros
ISABEL MORILLO. EL CONFIDENCIAL.- Una trabajadora despedida deberá ser indemnizada con 35.000 euros de la que fue su empresa por “los daños morales” que sufrió al haber estado al menos tres años cobrando menos dinero que sus compañeros varones que ocupaban puestos de igual categoría. Es lo que dice una sentencia pionera sobre brecha salarial de la sala de los social con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la que ha tenido acceso este periódico.
La empresa condenada, según falla el TSJA, vulneró el derecho de la mujer a no sufrir discriminación salarial por razón de sexo, conforme al artículo 14 de la Constitución española y 28 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa le pagaba menos que a otros cuatro compañeros varones con igual categoría en otros departamentos usando un sistema retributivo que incluía incentivos y gratificaciones arbitrarias fijadas por la gerencia al margen del salario base. Ella cobraba 33.672 euros anuales y sus compañeros 48.950 euros.
Fuentes judiciales subrayan la importancia de una sentencia que tumba el recurso presentado por la empresa en agosto de 2017 contra la sentencia que fallaba a favor de la demandante. No hay precedentes, explican, de que se castigue la brecha salarial en la empresa privada con esta claridad.
La sentencia, con fecha de 14 de febrero de 2018, dictamina a favor de la demandante, María, que ya tenía sentencia a su favor en agosto de 2017. La trabajadora comenzó a trabajar en 1994 como oficial primera y dos años más tarde, en 1996, fue nombrada responsable del departamento de administración.La empresa demandada, según recoge la sentencia, se dedica a la prestación de servicios administrativos y de gestoría en la tramitación de expedientes y operaciones financieras de Unicaja.
Existían, según acredita la sentencia, otras cuatro jefaturas en la empresa, todas ocupadas por varones menos la de finanzas, que ocupaba la demandante. Las retribuciones se cobraban por salarios e incentivos, aspecto, clave, según señalan los expertos, para permitir la brecha salarial en España. A la demandante se le negó además cobrar el cien por cien de un complemento retributivo durante una situación de incapacidad laboral. La empresa cambió este sistema salarial, cuando ya se sabía en el punto de mira, en febrero de 2017 y consolidó esos incentivos en los salarios.
En enero de 2016, María, la demandante, al darse cuenta que fue la única de sus compañeros que no experimentó un incremento retributivo igual al de sus compañeros tras años de rebajas salariales por la crisis económica, se dirigió al gerente para preguntar por los motivos que justificaban esas diferencias y no obtuvo respuesta a sus preguntas.
“No existía ningún sistema de fijación de incentivos, por lo que el abono de las cantidades a percibir por cada responsable de departamento constituye una decisión unilateral y discrecional de la empresa a través del gerente”, señala el fallo judicial. Además se abonaban gratificaciones arbitrariamente.
La demandante fue despedida en mayo de 2017. Exigía que se acordara el importe de 48.950 euros en concepto de salario total anual para equipararse con el resto de sus compañeros. Solicitó además una indemnización por la discriminación salarial de la que fue víctima, “en razón del perjuicio económico sufrido por dejar de percibir el importe que le hubiese correspondido de haber sido tratada en igualdad respecto de sus compañeros”
Hay precedentes en el Tribunal Supremo, que ha fallado en asuntos de discriminación en función de género que no estaban regulados con claridad en la ley. Por ejemplo, fuentes judiciales recuerdan que en 2011 el Supremo falló contra El Corte Inglés por no permitir a las mujeres participar en igualdad de condiciones que sus compañeros en la promoción interna hacia puestos de mayor responsabilidad. También fue el TJSA el que falló a favor del personal sanitario de las clínica San Rafael en Cádiz para permitir que las enfermeras pudieran vestir pantalón en el uniforme como sus compañeros. Partidos como el PSOE o Podemos han llevado iniciativas al Congreso para legislar contra la brecha salarial.
