La investigación de la Audiencia Nacional les relaciona con un centenar de recibimientos y actos de recuerdo a miembros de la banda terrorista
MANUEL MARRACO. EL MUNDO.- Media docena de investigados por la organización de actos en favor de presos etarras han negado que tras su actuación exista una estructura organizada. Todos han indicado que los actos respondían a iniciativas populares y que ellos tiomaron la palabra en en alguno de ellos por motivos personales, no por ejercer de portavoces de ninguna estructura.
El juez Manuel García Castellón mantiene abierta una causa en torno a la celebración de casi un centenar de actos de este tipo celebrados desde 2016 en el País Vasco y Navarra. Ante el magistrado y el fiscal Carlos García Berro han comparecido la dirigente de Sortu en Navarra Miren Zabaleta y otras cinco personas: Jorge Olaiz, Alberto Matxain, Garazi Autor, Ikerne Indakoetxea e Irati Tobar. Excepto en un caso, el resto han recibido en el pasado condenas por terrorismo, algo que han esgrimido para explicar su proximidad a los movimientos en favor de los presos de ETA, según fuentes presentes en la declaración. Todos están imputados por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Según la investigación de la Guardia Civil, los interrogados este lunes componían un segundo nivel dentro de la supuesta estructura encargada de organizar recibimientos de excarcelados y actos en recuerdo de terroristas relacionados con determinados aniversarios. Los supuestos cabecillas fueron detenidos hace un mes y puestos en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. Estaba previsto que fueran los primeros en declarar, pero finalmente su comparecencia se aplazó al próximo 3 de marzo. Ese día el juez y el fiscal -también está personada la AVT, pero los imputados no han respondido a sus preguntas- interrogarán al ex jefe etarra Anton López Ruiz, Kubati, y a los dirigentes de Sortu Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia. La lista de imputados se extiende Juan Mari Olano y Julen Larrinaga, ambos condenados en su día por terrorismo en la causa contra Gestoras pro Amnistía.
La investigación en bloque a la organización de este tipo de actos llega después de que la nueva jurisprudencia del Supremo -siguiendo las pautas de la Unión Europea- hiciera muy difícil una condena por enaltecimiento terrorista.
