Maeztu pide a la Federación Andaluza de Fútbol más medidas para la prevención de la violencia en el deporte con menores

| 7 febrero, 2017

La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía, dirigida por Jesús Maeztu, ha emitido una resolución en la que pide a la Federación Andaluza de Fútbol que promueva un programa de actuaciones para la prevención de la violencia en la competición deportiva, complementando así las actuaciones que se realizan en el aspecto sancionador previsto en el reglamento de disciplina deportiva.

EUROPA PRESS.– En la resolución, consultada por Europa Press, la institución apunta que decidió iniciar una queja tras hacerse eco de noticias publicadas en distintos medios de comunicación de Andalucía relativas a los insultos «racistas y xenófobos» de los que habría sido víctima un menor de edad que participaba en una competición oficial de fútbol, en la categoría cadete, en la localidad de Huetor Tajar (Granada), la pasada primavera.

La Defensoría apunta que los incidentes tuvieron «una elevada trascendencia y repercusión» en la zona, recibiendo el menor la solidaridad de muchos de sus compañeros y adversarios, y habiendo manifestado públicamente las directivas de ambos equipos «el rechazo absoluto de tales comportamientos».

No obstante, resalta que este incidente «no representa un hecho aislado por cuanto en el partido de ida, celebrado en Armilla, el autobús en que se desplazó el equipo de Huetor Tajar fue objeto de una agresión al recibir el impacto de piedras en sus cristales». Por ello, recuerda que el partido fue declarado de alto riesgo, con la consecuente dotación de efectivos de Fuerzas de Seguridad del Estado.

De este modo, el Defensor del Menor señala que «habida cuenta la gravedad de los hechos, y con independencia de las actuaciones policiales o judiciales orientadas a depurar la eventual responsabilidad penal que se pudieran derivar de los mismos, la institución consideró conveniente emprender una actuación fundamentalmente orientada a la prevención de estas actitudes racistas, xenófobas o violentas en el contexto de una competición deportiva en la que participan menores de edad».

Así, explica que tras incoar el expediente de queja, la Oficina solicitó a la Federación Andaluza de Fútbol (FAF) –«recordemos que el fútbol es el deporte con mayor seguimiento y participación en nuestra comunidad», precisa– la emisión de un informe sobre las actuaciones desarrolladas al respecto, «respondiendo que ante la reiteración de hechos similares a los descritos en la queja la FAF hace una década que modificó su régimen disciplinario, agravando las sanciones cuando concurren alguno de tales supuestos».

En este sentido, señala que la FAF precisó que en la Asamblea General celebrada en julio de 2015 «volvieron a agravarse las sanciones, llegando al máximo posible dentro de la habilitación competencial de la Federación», y que el Comité Técnico de Árbitros «viene siguiendo el criterio de recurrir las medidas disciplinarias adoptadas en estos supuestos por los Comités Disciplinarios Provinciales si éstas no alcanzan la máxima sanción disciplinaria prevista en la reglamentación».

Por ello, «al sancionar con la máxima severidad posible estas conductas, la FAF considera que se encuentra muy sensibilizada con esta problemática y que sus actuaciones siempre van encaminadas a poner remedio, en el margen de sus posibilidades, a las conductas violentas o antisociales que rodean al fútbol como competición deportiva», manifiesta Maeztu, que resalta «el compromiso y dedicación de esa Federación deportiva en la erradicación de tales conductas».

No obstante, el Defensor señala que el informe que les ha sido remitido «se centra en la represión –agravamiento de sanciones– y no tanto en la prevención de tales comportamientos», quizás porque la prevención «escapa en muchas ocasiones a las posibilidades de intervención de la FAF y porque sus efectos no son tan llamativos y se aprecian a medio o largo plazo».

Sin embargo, desde la institución creen que «se ha de profundizar en medidas preventivas, tanto en actuaciones disuasorias de vigilancia y control –el concreto partido de fútbol que motivó la incoación de la queja estaba declarado de alto riesgo y determinó la presencia significativa de efectivos policiales– como también en otras medidas educativas o de fomento de una cultura de rechazo a la violencia y juego limpio, íntimamente relacionadas con los valores del deporte».

EL DEFENSOR APUESTA POR UNA «CONCIENCIACIÓN DEL PROBLEMA»

Para Maeztu, una de las principales actuaciones que se pueden acometer son las relacionadas con la «concienciación del problema, implicando en su solución además de a la sociedad en general a los actores directamente relacionados, esto es, a jugadores, directivos, técnicos y resto de personal de los clubs, afición organizada –peñas, asociaciones– y aficionados en general», todo ello utilizando los medios usualmente conocidos: campañas divulgativas y publicitarias, actos simbólicos con ocasión de la disputa de partidos, inclusión en el ritual de inicio de los partidos de mensajes recordatorios difundidos por megafonía, distinciones honoríficas a los jugadores y equipos más comprometidos y solidarios, etcétera.

Además, y entre otros ejemplos, defiende que al inscribir la ficha federativa se hiciera entrega a los padres de un escrito animando a colaborar con la Federación en la erradicación de conductas violentas, favoreciendo el juego limpio, anunciando en dicho documento las actuaciones más significativas en las que podrían colaborar, o que se hiciera obligatoria para la validez de la inscripción federativa la asistencia –antes o en el transcurso de la competición– a cursos o actos divulgativos de la problemática de la violencia en el deporte y la necesidad de erradicar determinados comportamientos.

Igualmente, apuesta por establecer una licencia federativa para las competiciones de fútbol por puntos, «esincentivando»los insultos o los comportamientos violentos, y que «para la rehabilitación de la licencia o recuperación de puntos sería necesaria la realización de actividades orientadas a la adquisición de habilidades sociales contrarias a la violencia individual o en grupo, fomentando comportamientos solidarios».

Asimismo, ve deseable que se tuviera previsto un programa de actividades a realizar por aquellos clubs cuyos jugadores, familiares o aficionados hubieran protagonizado episodios violentos, para que «fueran conscientes de la nociva repercusión de tales conductas en la formación en valores de los menores, así como del rechazo social que conlleva», toda vez que estima que la FAF podría promover la divulgación de mensajes en redes sociales que «fomentaran el espíritu de juego limpio, ensalzando los valores del deporte y destacando la conducta de aquellos jugadores o equipos que se hubieran destacado en esa faceta, por su compromiso solidario o por la ausencia de incidentes en el transcurso de la competición».

Por último, el Defensor del Menor recuerda que vienen insistiendo ante la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en la necesidad de disponer de un sistema de recopilación de información de actos violentos, racistas o xenófobos que permitan identificar las competiciones, fechas o lugares en que se da una mayor incidencia para de esto modo centrar los esfuerzos para una actuación más eficaz. Para que este sistema de recogida de información resultase verdaderamente operativo «se podrían diseñar programas de actividades orientadas al foco del problema, cuyos efectos beneficiosos se podrían apreciar a corto plazo», concluye.

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