CONFILEGAL.- La Fiscalía de Ceuta se ha opuesto al recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la defensa de los primeros nueve migrantes condenados a 18 meses de cárcel por «planificar» y liderar, la madrugada del 26 de julio de 2018, un salto del vallado.
Este fue protagonizado por 602 personas sin documentos que accedieron a territorio español «con fuerza contra las cosas y violencia contra las personas» causando daños en el perímetro y lesiones a 18 guardias civiles.
El Ministerio Público considera, según el escrito que ha presentado ante la Audiencia Provincial, que la no suspensión de la ejecución de la pena pese a no llegar a dos años de prisión está justificada por el «uso de una inusitada violencia».
Además de «una organizada planificación en el uso de instrumentos peligrosos», así como por el «absoluto desconocimiento de las circunstancias personales de los condenados», por su «falta de arraigo» y por la «ausencia de esfuerzo alguno para reparar el daño».
La Fiscalía «no comparte» que, como alegan los recurrentes, la sentencia condenatoria y sus condiciones de ejecución sin suspensión se basen en «una proclama ejemplarizante para evitar entradas masivas de migrantes en territorio español».
También considera que «la necesidad de cumplir las penas de prisión impuestas por las circunstancias concurrentes» se basa «no sólo en el hecho, sino también en los autores de los delitos».
Condenas que no llegan a dos años
Por todo ello, desde su punto de vista la decisión de ordenar la entrada en la cárcel de los migrantes aunque sus condenas no llegan a dos años de reclusión «se ha motivado acomodándose escrupulosamente a los criterios que nuestro Código Penal fija para valorar la concesión de este beneficio».
Concebido «por la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro».
Al margen de la pena de prisión, los condenados por conformidad el pasado 15 de octubre tendrán que hacer frente al pago de un mes de multa con cuota de tres euros diarios por 18 delitos leves de lesiones a otros tantos agentes y de un año a tres euros diarios por el delito de daños.
En concepto de responsabilidad civil deberán abonar «conjunta y solidariamente» casi 11.500 euros a los guardias heridos de diversa consideración, y 10.511 euros al Estado por los destrozos causados en el vallado fronterizo.
También cerca de 500 euros a la Comandancia local de la Benemérita por un terminal estropeado y 3.700 más a la Dirección General del Instituto Armado por la reparación de un vehículo y la ropa y protecciones afectadas.
Según el relato de hechos probados, los condenados «organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran» con los instrumentos de que disponían, «como cizallas y radiales eléctricas portátiles, facilitados por la organización», el vallado español.
Una vez en Ceuta y «con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de alterar el orden y la paz social para facilitar la entrada del resto de personas que componían los subgrupos«, los nueve migrantes «dieron las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil utilizando de nuevo armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos».
