El Gobierno anuncia un paquete de medidas de protección mientras la ONU denuncia que al menos 86 defensores fueron asesinados en 2019
EL PAÍS.- La defensa de los derechos humanos en Colombia es aún un desafío pendiente cuando se acaba de cumplir tres años de la firma de los acuerdos entre el Estado y las FARC. Naciones Unidas denunció el martes, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, que la violencia contra líderes sociales y activistas no se detiene.
“Tengo que decir con tristeza e indignación que por lo menos 86 defensoras y defensores fueron asesinados a lo largo de este año en Colombia. Entre ellos, 22 hacían parte de juntas de acción comunal”, manifestó Alberto Brunori, representante de la Oficina de Michelle Bachelet en el país andino. “A muchos los conocíamos, supimos de su labor valiente. Este número permite a esta oficina identificar causas estructurales que derivan de la falta de presencia integral del Estado, entre otras. He dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a repetir: hoy, querer defender en el país los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. El homicidio de un solo defensor significa que estamos fallando”, continuó.
La ausencia de las autoridades en el territorio es, sumada al ecosistema perverso creado por actividades ilegales con el narcotráfico a la cabeza, la causa histórica de la desprotección de la población más expuesta. Y si este año el número de muertes, al menos por el momento, se ha reducido –en 2018, en estas fechas, se habían registrado al menos 164 homicidios de defensores y líderes sociales—, los datos son todavía demoledores. Y el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas más afectadas no es suficiente para hacer frente a la sangría. En este contexto, el Gobierno de Iván Duque, cuestionado en las últimas semanas por una oleada de protestas, presentó un paquete de medidas bautizado como “marco de la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”. “Este no es un documento de vanidad gubernamental, no es un documento transitorio, ni de momento; esta es una guía que queremos puede ser enriquecida por ustedes permanentemente”, aseguró Duque, que destacó cinco ejes.
En primer lugar, “garantizar la labor de todos los protectores, defensores y defensoras de los derechos humanos”. En segundo lugar, “fortalecer la articulación institucional”. Tercero, “promover los derechos humanos desde edad temprana en el país”. Cuarto, “robustecer las capacidades de todas las organizaciones” dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Y, por último, “respetar y dignificar el papel de los defensores en nuestra sociedad”.
Mientras tanto, en el país arrecian las críticas al Gobierno por la actuación de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que hace dos semanas provocó la muerte de Dilan Cruz, un joven estudiante que había salido a manifestarse. Y ayer estaba convocado en el Congreso un debate sobre el empleo excesivo de la fuerza por parte de esta unidad.
