ElDiario.es/Lucas Marco.- La acusación particular considera un “éxito” la celebración del juicio “teniendo en cuenta el contexto de la tradicional impunidad de la que ha disfrutado la extrema derecha en el País Valenciano”.
Seis años después de las brutales agresiones durante la marcha del 9 d’Octubre de 2017, 28 ultras se sentarán en el banquillo de los acusados. La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha señalado para el próximo 25 de septiembre la fecha para el inicio del juicio. En una resolución dictada este martes, el tribunal ordena que se cite a las defensas y a las acusaciones para el inicio del curso judicial tras las vacaciones estivales. Así, la Audiencia de Valencia ha reservado la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia, un espacio utilizado en macrojuicios con numerosos acusados y letrados.
El instructor de la causa, tal como informó elDiario.es, encargó a la Brigada de Información de la Policía Nacional el análisis de hasta 1.200 videos de aquella jornada. Sin embargo, el auto de procesamiento de los 28 acusados reconoce que otros agresores partícipes de hechos penalmente relevantes “no han podido ser traídos al proceso como investigados”.
Los ultras atacaron, a plena luz del día y retratados por cámaras de televisión, a los asistentes a la tradicional marcha de izquierdas convocada la tarde del 9 d’Octubre. Tanto manifestantes como periodistas sufrieron las brutales agresiones de los ultraderechistas en el marco de un “acto festivo y familiar” al que “acuden familias”, recordaba el juez instructor.
El escrito de acusación de la Comissió 9 d’Octubre pide la condena de los encausados por una larga lista de presuntos delitos: desórdenes públicos, amenazas, daños, coacciones, lesiones, odio e integración en grupo criminal. La acusación particular considera un “éxito” la celebración del juicio “teniendo en cuenta el contexto de la tradicional impunidad de la que ha disfrutado la extrema derecha en el País Valenciano”.
La condena de los ultras, un escenario plausible a tenor de la cantidad de pruebas en contra y la declaración de los testigos durante la fase de instrucción, supondría un “necesario mensaje de compromiso de la justicia con la democracia y los derechos y de rechazo social a la violencia”.
La acusación particular considera, en la misma línea que la Fiscalía de delitos de odio, que existe el agravante de superioridad, discriminación ideológica y, en algunos casos, de reincidencia. Además, solicita para los acusados la pena accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia de 300 metros de las sedes de las entidades que integran la Comissió 9 d’Octubre, incluyendo también las manifestaciones o actos que convoquen. Todo ello por un periodo superior en dos años a la condena.
El Ayuntamiento de Valencia, el Movimiento Contra la Intolerancia y el extinto periódico Jornada, además de varios particulares que sufrieron agresiones, también ejercen la acusación particular.
