Human Rights Watch denuncia abusos a subsaharianos en la frontera hispano-marroquí

| 10 febrero, 2014

FronteraCeuta

SERVIMEDIA.- La ONG Human Rights Watch denunció hoy que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes cometen robos y abusos a migrantes procedentes del África subsahariana.

En un informe hecho público este lunes, la organización asegura que pese a las reformas aprobadas por el Gobierno de Rabat, agentes de seguridad del reino alauita “aún continúan empleando la violencia contra migrantes expulsados de Melilla”.

“Marruecos debería precisar muy claramente a sus fuerzas de seguridad que los migrantes tienen derechos”, manifestó Bill Frelick, director del programa sobre refugiados de Human Rights Watch. “Marruecos debe poner fin a las golpizas y otros abusos contra los migrantes”.

Human Rights dice que miembros de las fuerzas de seguridad españolas también aplican la fuerza excesiva cuando expulsan en forma sumaria a migrantes de Melilla:“España debería detener todas las deportaciones sumarias hacia Marruecos en la frontera con Melilla y suspender el retorno forzado a Marruecos de migrantes que lleguen a Melilla, hasta tanto Marruecos demuestre que estas personas ya no corren riesgo de sufrir golpizas y otros abusos al regresar, y que sus derechos son garantizados”, añade el informe.

La nueva política de Marruecos en materia de migración y asilo se desarrolló a partir de recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fueron avaladas por el rey Mohammed VI.

Las reformas incluyen el otorgamiento de residencia legal a migrantes a quienes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) haya reconocido como refugiados. Una vez completado el trámite ante la Oficina Nacional para los Refugiados y las Personas Apátridas, que comenzó a funcionar de nuevo recientemente, los refugiados reciben tarjetas de residencia que los habilitan a trabajar y recibir otros beneficios sociales.

Marruecos también ha adoptado un procedimiento de regularización ‘excepcional’, que estará vigente durante 2014 y permitirá a migrantes indocumentados que reúnan ciertos criterios solicitar la residencia por un año, con posibilidad de renovarla. No hay certezas con respecto a cuántos de los 25.000 migrantes subsaharianos que se estima que habría en Marruecos cumplirán los requisitos. Una breve encuesta informal indicó que solo unos pocos de quienes viven en campamentos improvisados en Nador y Oujda reunirían las condiciones.

En entrevistas a migrantes y organizaciones no gubernamentales realizadas en el noreste de Marruecos en enero de 2014, Human Rights Watch recibió información de que las expulsiones sumarias en la frontera con Argelia habían cesado, y que las redadas policiales de migrantes que vivían en Oujda y las proximidades de esta ciudad habían mermado desde octubre de 2013. No obstante, la policía aún realiza requisas en la región de Nador. Los migrantes se refirieron a redadas que ocurrieron en fechas tan recientes como el 29 de enero de 2014, cuando policías destruyeron campamentos improvisados de migrantes y arrestaron y golpearon a personas que intentaban llegar a Melilla. Las autoridades que detuvieron a migrantes durante redadas en Nador en los últimos meses, dispusieron su traslado en autobús a Rabat y otras zonas costeras, en vez de a la frontera con Argelia, como se hacía hasta entonces, según indicaron migrantes y organizaciones no gubernamentales a Human Rights Watch.

Con respecto a las expulsiones documentadas en el informe, el Gobierno marroquí dijo a Human Rights Watch que no expulsaba a estas personas, sino que efectuaba actos legítimos de “retorno a la frontera”. No obstante, la frontera entre Argelia y Marruecos continúa formalmente cerrada, y diversos migrantes indicaron a Human Rights Watch que funcionarios de seguridad marroquíes los habían llevado a sitios aislados y allí habían aplicado la fuerza o la amenaza de fuerza para coaccionarlos y lograr que se dirigieran a pie hacia Argelia.

Algunos migrantes expulsados que se encontraron con fuerzas de seguridad argelinas sufrieron abusos adicionales.Los migrantes indicaron que algunas autoridades fronterizas de Argelia los obligaron a regresar a Marruecos, en ocasiones con métodos violentos, tras robarles sus pertenencias.

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