SWI.- El Gobierno de la India viola sus obligaciones legales internacionales al negar asilo y bloquear el acceso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los birmanos huidos tras el golpe militar y a los rohinyás, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
«El fracaso de la India a la hora de proporcionar un procedimiento de asilo justo, o al permitir a ACNUR que determine el estatus de refugiados de aquellos que huyeron de Birmania (Myanmar) por la amenaza contra sus vidas, viola las obligaciones del Gobierno con las leyes internacionales», señaló HRW en un comunicado.
Meenakshi Ganguly, la directora de la organización pro derechos humanos para el sur de Asia, señaló que «las personas huidas de Birmania (…) deberían recibir asilo en la India, no ser detenidas y privadas de sus derechos».
Al menos 16.000 ciudadanos birmanos han escapado de la represión a la vecina India desde que el pasado 1 de febrero estalló el golpe de Estado, dijo HRW.
La India, que no forma parte de la Convención de los Refugiados de 1951 y carece de un marco legal de protección para ellos, ha pedido sin embargo abiertamente a sus regiones fronterizas que no acepten la llegada de birmanos.
Aunque los huidos han recibido el apoyo de las autoridades de los estados indios vecinos así como de sus habitantes, y los guardias fronterizos no han rechazado a los birmanos, HRW denunció que la falta de claridad sobre su estatus por parte del Gobierno indio les vuelve especialmente vulnerables.
«Miles de ciudadanos birmanos que huyeron de la persecución a la India siguen siendo vulnerables al arresto y a una posible devolución a Birmania», indicó la organización.
HRW también llamó a la India a investigar la muerte por coronavirus bajo custodia policial de dos ciudadanas birmanas el pasado junio en el estado nororiental de Manipur.
La organización criticó además la detención de decenas de refugiados rohinyás, buena parte de ellos huidos tras una campaña de persecución y violencia por parte del ejército de Birmania que comenzó en 2017 y que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio.
«Las autoridades indias han dicho que deportarán a los inmigrantes irregulares de Birmania si no tienen documentos válidos (…) pero cualquier retorno forzoso a Birmania sería una violación del principio de no devolución», señaló HRW.
Ganguly sentenció que el primer ministro, Narendra Modi, «debe asegurar que el Gobierno indio cumple con sus obligaciones bajo las leyes internacionales de refugiados».
