Interior deportó en 2019 al 30% de las personas con orden de abandonar el territorio. La tasa está por debajo de la UE, pero vuelve a niveles del PP
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- España volvió a engrasar en 2019 la maquinaria de las repatriaciones forzosas de inmigrantes. El año pasado, el Ministerio del Interior logró concluir la devolución y expulsión a sus países de origen de 11.153 personas. Se trata de la ejecución de cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que, según Eurostat, se dictaron contra inmigrantes para que abandonasen territorio español. El porcentaje está por debajo de la media europea (36%), pero los datos muestran que el departamento de Fernando Grande-Marlaska reforzó las deportaciones respecto a 2018.
Son datos obtenidos a través de dos respuestas parlamentarias al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu y demuestran que el ritmo de expulsiones se acerca al de los años en los que gobernaba el PP. En 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo, se batió un récord histórico de entradas irregulares pero se expulsó al 19%, la tasa más baja desde 2013.
La ejecución de las expulsiones y devoluciones (dos figuras legales distintas) depende de los más de 30 acuerdos que España mantiene con diversos países que aceptan el retorno de sus nacionales. Marroquíes y argelinos están siempre a la cabeza de las listas de inmigrantes deportados. A estos acuerdos se suman dos convenios de readmisión con Marruecos y Mauritania que permiten a España devolverles inmigrantes de terceros países que hayan partido o transitado por su territorio. Las readmisiones han sido una apuesta en la gestión migratoria de Grande-Marlaska. Se reactivaron en agosto de 2018 tras el salto a la valla de Ceuta de 116 subsaharianos que fueron devueltos inmediatamente a Marruecos. Y han vuelto a ser una constante en 2019 para devolver a Mauritania a decenas de subsaharianos, sobre todo malienses, llegados a las islas Canarias.
Las autoridades dedicadas al control fronterizo consideran que las expulsiones son un freno a la inmigración irregular. Tanto es así que, tras la suspensión de vuelos de repatriación a causa de la covid-19, la Comisión Europea ha expresado en varias ocasiones en informes internos su preocupación por la cancelación de estos operativos. “La suspensión de los vuelos a Mauritania podría ejercer como un factor de atracción para los migrantes, ya que no pueden ser repatriados”, mantienen estos documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “El debate interesado sobre los factores de atracción olvida siempre la importancia de los factores de expulsión, recuerda Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en el laboratorio de ideas Instrategies. Pinyol recuerda que aun siendo expulsados, algunos inmigrantes vuelven a arriesgarse para retornar a Europa y alerta de la “debilidad” de las políticas que dependen de terceros países. “Se convierte entonces en una política frágil que pone en manos, y a expensas de terceros, la capacidad de gestión migratoria”.
La firma de más acuerdos y la mejora de los actuales es un eje fundamental de la estrategia migratoria de España para reducir los incentivos a la inmigración irregular. Grande-Marlaska dedicó una buena parte de su primer año como ministro a visitar países africanos para reforzar la cooperación y los cauces para la expulsión de inmigrantes.
También es un pilar de los planes en materia migratoria de la UE. Bruselas busca una política más solidaria para dar acogida a los refugiados, al mismo tiempo que exige un sistema más eficiente de expulsión de inmigrantes irregulares. “Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que la política de asilo y refugio es una obligación internacional sin condiciones. Ni desde los órganos ejecutivos de la UE ni desde la gran mayoría de los Estados miembros se plantea la apertura de vías legales y seguras, a pesar de ser uno de los ejes sobre los que se articuló la Agenda Europea de Migración de 2015. Su implementación atajaría la irregularidad y acabaría con el negocio de las mafias”, mantiene Ruth Ferrero, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid.
La tasa de retorno comunitaria es del 36% respecto al total de inmigrantes que reciben una orden para abandonar la UE. En algunos países cuyos nacionales reciben un número sustancial de decisiones de retorno, los porcentajes caen en picado: un 1,7% para Mali y 2,8% para Guinea, según datos de la Comisión. La Unión encuentra varios escollos para desarrollar su política de retorno forzoso. Los países de origen no solo tienen dificultades para justificar ante la población la admisión de sus emigrantes, sino que en muchos casos las remesas de estos suponen un porcentaje nada desdeñable de su economía. En Gambia, por ejemplo, el dinero que mandan sus ciudadanos desde el exterior alcanza el 15% del PIB, según recoge un informe del Banco Mundial. La identificación de los inmigrantes y de su nacionalidad en el tiempo que marca la ley es otra de las cuestiones que la UE estudia cómo agilizar.
Mody Cissoko, un maliense de 23 años, fue uno de los expulsados en 2019. Llegó a las islas Canarias en diciembre de 2018 y fue expulsado a Mauritania en enero. Una vez allí, tras tres días sin comer ni beber, según su testimonio, las autoridades mauritanas lo abandonaron en la frontera con su país, del que había emigrado para huir de los conflictos que asolan parte de su territorio. Cinco meses después de su retorno forzoso Cissoko escribe a EL PAÍS: “No estoy bien. Estoy rodeado de guerra y estoy buscando dinero para volver a cruzar el mar. No puedo quedarme aquí”.Se adhiere a los criterios de
