ABC. El curso pasado se registraron una veintena de denuncias por vulnerar derechos lingüísticos en las facultades de la Comunidad Valenciana.
«Hola, ya he mirado tu TFG. La verdad es que para mí es una lástima que lo hayas escrito en valenciano». Es el mensaje que, según la Plataforma per la Llengua, una profesora de la Universidad Politécnica de Valencia remitió a un alumno tras revisar su Trabajo de Fin de Grado.
El estudiante indicó a la entidad que la tutora le había reprochado que quisiera escribir el documento en valenciano porque limitaría su público y que le había advertido de que no se lo leería.
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La docente acabó haciendo un informe positivo del trabajo para los miembros del tribunal que, según el servicio de quejas de la universidad, no incluyó ningún comentario sobre la lengua con la que se había escrito.
A pesar de ello, señalan desde la autodenominada ‘ONG del catalán’, envió un correo al alumno, en castellano, con el siguiente mensaje: «Me hubiera gustado poder aprender de tu proyecto, pero con el idioma has limitado la comunicación de los resultados a una comunidad muy reducida. Pero bueno…».
Es solo una de las 23 quejas por discriminación del valenciano en las universidades de la Comunidad Valenciana que se han presentado durante el curso 2021-2022 a raíz de la campaña impulsada por la Plataforma per la Llengua. Once de ellas se produjeron durante el primer cuatrimestre y doce durante el segundo.
En octubre del año pasado, la entidad puso en marcha un formulario web para facilitar las denuncias del alumnado. En total, sumando las de Cataluña (295) y Baleares (15) se han recibido 333 quejas por discriminaciones lingüísticas.
«Esta diferencia entre el número de quejas no es representativa de la situación lingüística de cada universidad, sino que se explica por la dimensión de la institución, por la diferente sensibilización de los estudiantes y por el grado de conocimiento de la campaña», explican desde la plataforma.
Más de la mitad de las denuncias están relacionadas con cambios de lengua a la hora de impartir una asignatura respecto a lo que se indicaba en la matrícula, pero también existen otras por la falta de oferta de asignatura en catalán, valenciano o balear o la vulneración de derechos lingüísticos.
