EFE.- El grupo parlamentario socialista ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley sobre igualdad de trato, que plantea la creación de una autoridad independiente y unipersonal, dotada con recursos de la administración e insertada en un ministerio, que actúe contra la discriminación.
Con motivo de la celebración mañana 1 de marzo del Día de la Cero Discriminación, el PSOE ha presentado esta iniciativa en homenaje a todos los colectivos que sufren discriminación, tras mantener una reunión con representantes del sector de la discapacidad, el pueblo gitano, el colectivo LGBT, organizaciones africanas, el Movimiento contra la Intolerancia y la Red Trasnacional de Mujeres.
La nueva autoridad que plantean los socialistas podrá investigar de oficio situaciones de discriminación y ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.
En una rueda de prensa, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha explicado que este es el tercer intento del grupo socialista de sacar adelante una ley de igualdad de trato y no discriminación.
Álvarez ha dicho que la propuesta «no pretende reconocer nuevos derechos, sino que eliminar los obstáculos que impiden que las personas ejerzan los derechos que tienen reconocidos en las leyes».
«No estamos hablando de una ley para colectivos específicos, sino para las mayorías porque cualquier persona es susceptible de sufrir discriminación», ha asegurado la dirigente socialista.
La ley pretende actuar en la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación, así como también en la reparación del daño a las víctimas.
También está dirigida a impulsar las políticas de igualdad de trato, coordinar a las diferentes administraciones públicas en esta materia y establecer un sistema de colaboración con la sociedad civil organizada para favorecer la corresponsabilidad social y empresarial ante la discriminación.
Esta ley, que responde a la transposición de directivas europeas, incorpora dos nuevos motivos de discriminación, que son la enfermedad y la identidad sexual, junto a los seis que están recogidos en la normativa comunitaria y que son el sexo, el origen racional o étnico, la discapacidad, la edad, la religión y las creencias o la orientación sexual.
Álvarez ha resaltado que la ley no tiene vocación «punitiva», sino que busca «cambiar comportamientos sociales», por lo que establece un régimen de infracciones y sanciones administrativas «proporcionado y razonable» y permite «una compensación real a las víctimas de discriminación».
Ha precisado que, en el régimen de infracciones y sanciones, las directivas europeas actuaban en los ámbitos laboral y en relación con la discapacidad, pero la propuesta socialista lo extiende a toda forma de discriminación y lo aplica al ámbito del empleo, la afiliación y participación en organizaciones políticas, la educación y la sanidad.
La propuesta regula las reglas de la carga de la prueba, ante las dificultades para obtener prueba sobre discriminación, de manera que los acusados tendrán que demostrar que habían establecido criterios para que no se produjese discriminación y no actuaron con voluntad de discriminar.
También prevé la elaboración de una estrategia estatal para la igualdad de trato y la no discriminación.
