Jóvenes latinoamericanas son traídas ilegalmente para trabajar como empleadas y cuidadoras domésticas en un negocio al alza. Viven sin agua corriente ni calefacción y les roban hasta el 85% de su salario
JORGE BENÍTEZ. EL MUNDO.- Cuando Ayote, una cuidadora nicaragüense de 30 años, se ponía mala le daban un paracetamol. Algo que debía ser habitual ya que las casas en las que dormía no tenían calefacción y tanto en Huesca como en Logroño las temperaturas son muy bajas durante gran parte del año. Una caja de paracetamol de 40 comprimidos vale en la farmacia un poco más de un euro, pero a Ayotecada pastilla le costaba veinte. Y estas tarifas leoninas se repetían con la comida, las mantas, el colchón…
No sólo eso: al coste de su vida diaria se sumaba la obligación de devolver el precio inflado del billete de avión que la había traído a España, así como el préstamo de unos pocos cientos de euros que recibió para su manutención inicial. Todo eso conformaba la deuda, le decían. Una deuda que, pese a trabajar más de 60 horas semanales, no dejaba de crecer.
En total, Ayotedebía 2.500 euros, cuando sus ingresos a final de mes no superaban los 300. Además, no tenía derecho a descansar. cuando llegaba el fin de semana, debía desplazarse a otra casa para seguir bañando a un anciano, poner la lavadora y planchar las sábanas.
Ayote era una esclava del Covid.
«Estamos ante una caja de Pandora de la que no hemos visto ni la punta del iceberg y que la pandemia ha hecho más grande», advierte Loida Muñoz, directora en España de A21, asociación internacional dedicada a la lucha contra la explotación de la mujer.
Vicente Calvo, capitán de Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, confirma su diagnóstico: «No dejamos de observar que este tipo de explotación va a más dada la demanda de personal de atención que hay». Y añade: «Estamos ante la esclavitud de esta era».
Ayote en realidad no se llama Ayote. Esta es la palabra, según el diccionario de la RAE, que se usa para definir la calabaza en Centroamérica, y también el nombre con el que bautizó la Guardia Civil la operación que puso fin al cautiverio de esta mujer en agosto.Ayote había sido explotada junto con otras 49 jóvenes por una organización especializada en la trata de seres humanos destinados a la explotación doméstica. Ella es una de muchas.
Hace unas semanas la Policia Nacional detuvo en León a otra banda que operaba con mujeres hondureñas. Su modus operandi era similar: las retenía hacinadas en una casa sin agua caliente de la que sólo salían para ir a trabajar. También les habían quitado el pasaporte y sobre cada una de ellas pesaba una deuda de 2.000 euros imposible de pagar.
«El problema es que trabajan en domicilios y, salvo por denuncia, es muy difícil descubrir estas tramas», apunta Calvo sobre la imposibilidad de poner cifras concretas a este fenómeno. «Al contrario que la prostitución ejercida en pisos, en la que es más fácil detectar movimientos, esta es una explotación silenciosa, casi indetectable».
La captación de estas mujeres se realiza en sus países de origen. El primer cebo es ofrecer la posibilidad de emigrar con un contrato de trabajo y ganarse dignamente la vida en España. Si este estímulo no es suficiente aparecen las amenazas contra ellas y sus familias. Cuando la próxima esclava llega a España es puesta en el mercado con anuncios por palabras de webs de empleos y en redes sociales. «Chica latina trabajadora que limpia y atiende a ancianos. Económica». Y tanto.
Por supuesto, tienen prohibido hablar de su situación a las personas que atienden, que en la mayoría de los casos desconocen el destino de los honorarios que pagan. Cuando ellas cobran a final de mes, tienen que entregar a la mafia que las trajo el 85% de las ganancias. Un negocio seguro y también muy lucrativo: sólo en la operación Ayote la Guardia Civil incautó a los delincuentes 750.000 euros.
Siempre hay trabajo (y lo va a haber) para estas esclavas. A corto plazo, gracias al temor social generado hacia las residencias de mayores -donde han fallecido 28.808 internos por Covid-19 desde el origen de la pandemia hasta este lunes-, que ha disparado la demanda de los cuidados a domicilio. Y a largo plazo, por culpa de nuestra demografía. Actualmente, en España hay un millón de dependientes, la mayoría ancianos, cifra que se duplicará en sólo una década según el estudio Cuidados de larga duración en Europa en el horizonte de 2030 de la Red Europea de Envejecimiento (EAN).
«En la mayoría de los casos estas mujeres no son conscientes de que son explotadas. Los delincuentes anulan su voluntad aprovechándose de la terrible situación económica y social que viven en sus países», explica Calvo, quien hace un retrato tipo de la explotada: joven, procedente de Latinoamérica -«se valora mucho que hablen español»-, con familias a su cargo y en una situación de vulnerabilidad en sus países de origen.
Si a la demanda del coronavirus se le une la opacidad del sector de los cuidados y la atención doméstica, el crimen organizado abraza con sus tentáculos un negocio que ya por sí está tradicionalmente asentado en el mercado negro español. Lo que facilita aún más su camuflaje.
Según la información facilitada por la Seguridad Social, en España hay 374.395 personas afiliadas al Sistema Especial de las Empleadas de Hogar, 19.000 menos que en marzo, mes en el que se decretó el estado de alarma, De todas ellas, un 42% son extranjeras.
Esto oficialmente. Oficiosamente son muchas más. La razón: las estadísticas de la Administración no computan a aquellas personas de origen foráneo que han obtenido la nacionalidad a lo largo de los años. Y, por supuesto, tampoco incluyen a aquellas que se encuentran en una situación irregular, por lo que tres de cada cuatro empleadas domésticas podrían ser de origen extranjero.
Esta radiografía de la confusión la confirma Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo (Seodac), una asociación de mujeres que pelea por defender los derechos de las trabajadoras de hogar, que estima que la plantilla de las limpiadoras y cuidadoras de España oscila entre las 600.000 y 700.000 personas, casi el doble de las registradas. «Si calculábamos que antes del Covid-19 había un 30% de economía sumergida, ahora la Organización Internacional del Trabajo apunta que esta alcanza el 40% en nuestro sector», explica por teléfono.
La crisis económica, denuncia Elías, agrava la vulnerabilidad de estas trabajadoras: «No sólo hay muchos empleadores que se niegan a pagarles la seguridad social como deberían hacer», sino que «también hay gente mayor, que aunque quiera, no tiene ingresos suficientes para regularizar la situación de las personas que las cuidan».
Su situación es tan frágil que, además del abuso laboral, estas mujeres a veces se enfrentan a malos tratos e incluso a abusos sexuales que nunca salen a la luz. En estos casos, la denuncia se antoja aún más complicada, no sólo pierden su fuente de ingresos para subsistir sino que aquellas que no tienen papeles temen que acudir a una comisaría a dar la cara implique su expulsión del país. «Por eso callan», dice Elías.
Loida Muñoz, de la ONG A21, considera que la única forma de atajar este problema social es la colaboración ciudadana de los vecinos. Pero, ¿cómo detectar a las esclavas domésticos si son casi invisibles? Muñoz plantea una serie de «indicadores silenciosos».
Estas mujeres no hablan nunca con los vecinos porque lo tienen prohibido. Suelen ir desaliñadas y apenas se cambian de ropa porque no tienen. Casi nunca abandonan el lugar de trabajo y cuando lo hacen no manejan dinero. «Hay una prueba que no falla cuando no son latinoamericanas: si una mujer habla muy mal el español y te dice que lleva varios años aquí demuestra que no ha tenido apenas interacción social y que algo raro pasa», apunta Muñoz.
Por fortuna, empiezan a darse pasos para combatir una explotación que ya ha sido rastreada por los cuerpos policiales. El Ministerio de Trabajo tiene avanzado un Plan General contra la Trata, en el que se podría ampliar su radio de cobertura más allá de la atención a las víctimas de explotación sexual, como inicialmente se había previsto, y así atender a otros tipos de explotación como la doméstica.
Además, España en 2017 se convirtió en el 19º país del mundo en firmar el Protocolo del Convenio de Naciones Unidas que exige a los Estados a adoptar medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico y la trata de personas , así como adoptar protección a sus víctimas.
La esclavitud resultaba ajena, lejanísima, cuando la veíamos en una película de Hollywood en la que los negros del Sur de EEUU eran explotados y maltratados en plantaciones de algodón. Luego esta nos sonó algo más real cuando periodistas y organizaciones denunciaron el trabajo infantil en países que están a pocas horas de avión, lo que aumentó la conciencia de lo que consumíamos y de dónde venía. Ahora resulta que la esclavitud puede estar lindando con la puerta de casa.
