Cierra la instrucción por los escraches que sufrió la Policía Nacional en el municipio tras el 1-O
MARC ROVIRA. EL PAÍS.- El juzgado de Reus ha cerrado la investigación por los escraches que sufrió la Policía Nacional en el municipio, durante los días previos y posteriores al referéndum declarado ilegal del 1 de octubre, y ha acordado mantener la acusación por delito de odio contra el alcalde Carles Pellicer y contra otros cuatro concejales portavoces de partidos políticos independentistas. La juez instructora resuelve que hay visos de reproche penal en el manifiesto que el PDeCAT, ERC, la CUP y Ara Reus redactaron para forzar a que los hoteleros de Reus no aceptaran prestar alojamiento a agentes de la Policía Nacional destinados en la ciudad. La juez, en cambio, decide archivar las acusaciones contra los responsables de un gimnasio que vetó a los policías e, igualmente, también exime a un grupo de bomberos que, vestidos con el uniforme reglamentario, participaron en concentraciones de protesta contra la policía española.
Hacer todo lo que fuere «adecuado y necesario» para lograr que los efectivos de la Policía Nacional abandonasen la ciudad «de manera inmediata». El manifiesto firmado por la mayoría de los grupos con representación en el consistorio reusense trataba de persuadir a los responsables de establecimientos hoteleros para que vetasen a los contingentes de refuerzo de la policía, desplegados aquellos días en Cataluña para impedir la celebración de la consulta independentista. Más de un centenar de agentes se alojaban en hoteles del centro de Reus, delante de los cuales se sucedieron las concentraciones, incluso durante las noches con el objetivo de perturbar el descanso de los policías. Durante una de las manifestaciones, dos patrullas de Mossos que protegían la entrada al hotel avisaron a los policías nacionales que, visto el cariz que tomaba la protesta, no se veían capaces de poder garantizar su seguridad. Los policías se refugiaron entonces todos juntos en una misma planta y prepararon cascos y escudos por si la turba lograba acceder al hotel.
El auto judicial subraya que el documento publicado por el ayuntamiento alentó la presión ciudadana contra la Policía Nacional y los mandos del cuerpo se vieron forzados a adelantar, entre dos y tres días, su marcha de la ciudad. En su declaración ante la juez instructora, Carles Pellicer defendió que el texto buscaba recuperar «la convivencia» tras el clima de tensión y «angustia» que desencadenaron las cargas policiales que se registraron el 1 de octubre en varios municipios –no hubo ninguna en Reus– y que la finalidad no era señalar ni vejar a las fuerzas del orden. Sin embargo, el auto judicial sí recoge la existencia de un posible delito de incitación al odio y señala que, pese a lo alegado por las defensas, el comunicado consensuado por el alcalde y por los concejales Montse Vilella, Noemí Llauradó, Mariona Quadrada y Jordi Cervera sobrepasa el derecho a la libertad de expresión.
