El magistrado recoge el planteamiento de la fiscalía, que no ve indicios de delito en la conversación de Whatsapp entre agentes
F. JAVIER BARROSO. EL PAÍS.- El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de la capital, Juan José Escalonilla Morales, ha archivado por segunda vez y en menos de un año el caso abierto contra tres policías municipales por el chat contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), al no encontrar indicios de delito en las conversaciones, según han confirmado fuentes judiciales. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid había obligado a reabrir el caso el pasado mes de septiembre, tras el recurso presentado por el Consistorio madrileño y las otras dos acusaciones particulares (Comisiones Obreras y el agente que desveló el caso).
La instrucción del caso comenzó tras la denuncia presentada por un agente del servicio nocturno, Juan Francisco M. H., denominado en el cuerpo como Ronin 47.En el chat de la aplicación de móvil Whatsapp llamado 10 años y turno de noche participaron hasta 200 policías, de los que hasta 60 llegaron a ser administradores. El funcionario en cuestión acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para denunciar un posible caso de amenazas,incitación al odio, injurias y calumnias.
Ronin 47 aportó en la denuncia algunos mensajes vertidos en el chat. En ellos había comentarios contra Manuela Carmena: “Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros” escribe un agente, que añade “qué vejestorio más despreciable”. Otro funcionario le responde: “Que se muera la zorra vieja ya”. Otro añade “roja de mierda”. También había mensajes de apoyo al régimen nazi y contra los inmigrantes.
El juez instructor inició las investigaciones tras recibir la denuncia en noviembre de 2017, pero lo archivó en abril de 2018 al no encontrar indicios de delito. Mantuvo, al igual que la fiscalía, que esos comentarios se produjeron en el ámbito privado y que el número de personas a las que llegó fue muy reducido. De hecho, el chat se quedó en fechas posteriores con algo más de un centenar de participantes. No existió, en su opinión, la publicidad necesaria que requieren los delitos de injurias y calumnias.
El magistrado también rechazó que existiera un delito de odio porque los comentarios no se vertieron contra un colectivo, grupo o personas determinadas. Tampoco quedaron acreditadas las amenazas contra Ronin.
Recurso municipal
El Ayuntamiento y el abogado de Ronin 47 y Comisiones Obreras (que ejercen las acusaciones particulares) recurrieron el sobreseimiento provisional, alegando que existían indicios racionales de delito de xenofobia y racismo. Además, en cualquier momento esos mensajes podían llegar a terceras personas, según sus opiniones. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial estimó el recurso y ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 42 a reabrir la causa para practicar nuevas diligencias.
Juan José Escalonilla cumplió ese mandamiento judicial, pero mantuvo, al igual que la fiscalía, la versión inicial. A finales del pasado diciembre, dictó un auto en el que archivaba el caso al no ver indicios de delito. Fuentes judiciales han confirmado que el Ayuntamiento, CC OO y Ronin 47 recurrirán de nuevo este sobreseimiento al entender que los tres agentes identificados se excedieron en sus comentarios y pudieron cometer los delitos por los que vienen siendo investigados.
El recurso recaerá de nuevo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, al haber conocido ya la primera apelación. Se espera que en tres o cuatro meses se conozca su decisión, una vez que estén presentados los escritos de los recurrentes, según fuentes judiciales. Eso supone que hacia abril o mayo (cerca de la campaña electoral de los comicios municipales) podría hacerse público su decisión.
DOS AGENTES DE BAJA Y OTRO SUSPENDIDO
Los tres agentes investigados por el chat contra Manuela Carmena están destinados a las unidades de los distritos de San Blas, Centro y Moratalaz. El Ayuntamiento de Madrid les abrió sendos expedientes sancionadores por la supuesta comisión de faltas graves y muy graves, nada más conocerse el contenido del chat, en noviembre de 2017. Los funcionarios se dieron de baja médica cuando trascendió la noticia. Uno de ellos regresó al servicio cuando se cumplió un año y después de que los médicos decidieran que podía volver al trabajo. Cuando se reincorporó a su unidad, se le notificó la suspensión cautelar de empleo y sueldo.
Los otros dos agentes continúan todavía de baja médica. Los expedientes sancionadores están paralizados hasta que concluya la vía penal. En caso de que esta sea sobreseída, podría iniciarse el caso en el ámbito administrativo. La sanción puede llevar desde la suspensión de empleo y sueldo durante varias semanas hasta la expulsión del cuerpo, con la consiguiente pérdida de la categoría de funcionario.
