El Independiente.- La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José prepara una modificación de la ley de víctimas del terrorismo para sancionar administrativamente la exhibición en la vía pública de imágenes de presos de ETA o de símbolos o actos de apoyo a la banda terrorista. La medida, que fue solicitada y acordada en el seno del Consejo de Participación de las víctimas del terrorismo hace tres años, está por el momento el proceso de definición. La titular de la consejería, en manos del PSE, ha confiado en que pueda contar con un respaldo mayoritario de la Cámara Vasca.
Durante su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar las líneas básicas de su programa de actuación para la legislatura, San José ha asegurado que es «inadmisible» que la imagen de los presos de ETA y los símbolos «que les representan» sigan estando presentes en las calles del País Vasco. La medida se quiere asemejar la sanciones previstas en la ley vasca de Memoria Histórica que recoge sanciones por la exhibición de símbolos relacionados con la dictadura.
La propuesta, que estaría en un avanzado estado de desarrollo, supondría una modificación limitada de la ley de víctimas. Se ha mostrado concernida en que su obligación pasa por evitar este tipo de exhibiciones públicas de quienes tanto daño causaron. La muestra de imágenes de presos de ETA y de símbolos relacionados con la banda terrorista viene siendo denunciada de modo reiterado por muchas asociaciones de víctimas, en especial el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) quien durante el pasado verano denunció numerosos episodios de este tipo en las fiestas del País Vasco y Navarra.
La Fundación Fernando Buesa ha sido la que planteo la posibilidad de trasladar el régimen sancionador que se había previsto contra posibles actos o símbolos de exaltación del franquismo a los actos o elementos de apoyo a ETA que se ven por las calles del País Vasco. Eduardo Mateo, portavoz de la Fundación Fernando Buesa, recuerda que la ley de 2008 ya prevé la necesidad de salvaguardar la dignidad de las víctimas del terrorismo pero que a la hora de intervenir muchos ayuntamientos «te dicen que no tienen herramientas para ello»: «En el día a día no se actúa, sólo cuando existe una denuncia. Con este régimen de sanciones se les facilitará a los consistorios poder intervenir», asegura.
La consejera también se ha referido a la necesidad de trabajar en la construcción de una memoria que sea «crítica y desligitimadora» de lo sucedido y que esté orientada de modo especial a quienes no lo vivieron. Ha subrayado que las nuevas generaciones deben conocer que hubo grupos terroristas, como ETA, que «eliminaron al diferente», así como que otros hicieron «un uso ilegítimo de su poder» -en referencia a los abusos policiales- o la vulneración de derechos fundamentales ocurridos durante el franquismo.
Respecto al Instituto de la Memoria ‘Gogora’, la apelado a la necesidad de reorientar su labor para abordar el trabajo de memoria «sin obsesiones ni sectarismos» y aplicando siempre el «rigor histórico.