Se activa la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat Valenciana para resolver las discrepancias sobre dos artículos de la ley que el PSPV apoyó en las Cortes Valencianas
“Es incomprensible lo que ha hecho el Gobierno Español”. Así mostraba hoy su enfado el síndic de Compromís, Fran Ferri, tras conocer que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado la comisión bilateral con la Generalitat Valenciana por las discrepancias del Estado con dos artículos de la ley valenciana de igualdad de las personas LGTBI. La ley, abanderada por la vicepresidenta Mónica Oltra, fue aprobada en las Cortes Valencianas con el apoyo del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP. La comisión bilateral es el mecanismo previo a un recurso de inconstitucionalidad de la ley.
En concreto, la discrepancia se establece en los artículos relacionados con políticas en empleo e infracciones. Así consta en la resolución fechada el pasado 1 de marzo que publica este jueves el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la que se explica que se iniciarán las negociaciones para resolver las discrepancias en torno a los artículos 26 y 60 de la citada ley, que fue aprobada por Les Corts el 29 de noviembre del año pasado.
En concreto, el artículo 26 versa sobre la integración del derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI y establece que la conselleria con competencias en empleo debe tener en cuenta en sus políticas “el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar”.
Además, indica que las empresas “deben respetar la igualdad de trato, de condiciones y de oportunidades de las personas LGTBI” y, por ello, “deben adoptar medidas dirigidas a garantizar su acceso al trabajo en condiciones de igualdad, por mérito y capacidad, y evitar cualquier tipo de discriminación”. Añade que el Consell “impulsará medidas para fomentar la igualdad y la no discriminación de personas LGTBI, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario”.
Por su parte, el artículo 60 trata sobre las infracciones administrativas, que se califican como leves, graves y muy graves y detalla en qué consisten. Van desde “utilizar o emitir expresiones vejatorias” contra las personas LGTBI o sus familias en los servicios públicos, la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación” por esa razón o la difusión en centros educativos de la Comunitat de libros y materiales que presenten a las personas como superiores o inferiores en función de su orientación sexual, así como la realización de terapias de aversión.
Se cuestionan aspectos como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, condiciones y oportunidades que desde el Gobierno no consideran que entre en contradicción con la legislación estatal, pero sí se estima que van más allá de las competencias autonómicas en la materia
El mismo argumento se esgrime en el caso del artículo sobre las infracciones, que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley tipifica como sanción grave. El Gobierno considera que el procedimiento sancionador corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Sorpresa en Compromís
“Nos sorprende que el Gobierno de Pedro Sánchez haga lo mismo que hacía el Gobierno de Rajoy, amenazando con llevar a los tribunales las leyes sociales valencianas”, ha señalado el portavoz de Compromís en un comunicado.
Fran Ferri ha recordado que la ley LGTBI se aprobó en Les Corts sin ningún voto en contra, y es una norma que solo busca “acabar con la discriminación y garantizar la igualdad entre todas las personas sean como sean, y amen a quien amen”.
El portavoz de Compromís ha destacado que, durante estos cuatro años de Botànic, han situado a la Comunitat Valenciana “al frente de las políticas de igualdad, lo que contrasta con la inacción de los diferentes Gobiernos en Madrid, que no han aprobado ni la ley Trans ni la ley LGTBI a nivel estatal”.
“Lo que pedimos es que, si no tienen la capacidad o las ganas para llevar adelante estas leyes, como mínimo no pongan palos en las ruedas a las leyes que hemos aprobado aquí”, ha aseverado Ferri, quien ha lamentado que el Gobierno central se dedique a “poner en entredicho las leyes pioneras valencianas”.
