El fiscal investiga si el ‘número dos’ de Vox cometió un delito de odio contra los musulmanes

| 4 abril, 2019

Abascal defiende a Javier Ortega Smith y asegura que «si quieren callarnos deben saber que van a tener que meternos a todos en la cárcel y ni aún así nos van a callar»

MIGUEL GONZÁLEZ. EL PAÍS.– La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por un posible delito de odio, según fuentes del ministerio público. La Fiscalía ha tomado esta decisión tras recibir una denuncia de Musulmanes contra la Islamofobia, una asociación que lucha contra la discriminación por motivo de religión y defiende los derechos civiles de las personas de credo islámico. En España viven dos millones de musulmanes, de los que casi la mitad son ciudadanos españoles.

El propio Santiago Abascal ha defendido a Ortega Smith y ha cargado contra el fiscal que ha admitido la denuncia a trámite. «Este Estado totalitario ha puesto al fiscal a investigar a nuestro secretario general por decir que hay una invasión islamista. ¿Quién puede negar que muchos vienen con esa intención?», ha exclamado el líder de Vox en la presentación de su libro conjunto con Sánchez Dragó. «Nosotros no nos caracterizamos por el odio hacia los de fuera sino por el amor a los de dentro. Si quieren callarnos deben saber que van a tener que meternos a todos en la cárcel y ni aún así nos van a callar», ha concluido Abascal, obviando que hay un gran número de ciudadanos «de dentro» que son musulmanes.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, tras la firma del correspondiente decreto de apertura de las diligencias por parte del fiscal jefe, el instructor dispone de un plazo máximo de seis meses para investigar los hechos, al término del cual deberá archivar el caso, si no encuentra indicios de delito, o presentar la correspondiente denuncia o querella.

La denuncia de Musulmanes contra la Islamofobia iba acompañada del vídeo de la intervención del número dos de Vox en un acto celebrado en septiembre pasado en el casino de Agricultura de Valencia. «Seremos más fuertes», se escucha decir a Javier Ortega, «frente al enemigo común que tiene un nombre muy claro y yo no dejaré de decirlo en todas las intervenciones. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama la invasión islamista».

Aunque Ortega utiliza el término islamista y no musulmán, del contexto de sus palabras se deduce que no se refiere a los terroristas yihadistas sino a los ciudadanos de religión islámica. «Está en juego lo que entendemos como la civilización», explica el dirigente de Vox. «Está seriamente amenazada, pero no estamos solos como os digo, bien lo sabéis, cada vez más europeos se están poniendo en pie porque están sufriendo en sus ciudades, en sus calles y en sus barrios, lo que significa la aplicación de la sharia y no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para ser sustituidas obligatoriamente por mezquitas. No están dispuestos a que sus mujeres tengan que cubrir su rostro con una tela negra y ser tratadas diez pasos atrás, peor que los camellos. No están dispuestos a que se acabe con lo que entendemos por civilización por respeto a los derechos y la libertad».

Según la denuncia, estas afirmaciones «son rotundamente falsas» (en ningún lugar de Europa se ha derribado «obligatoriamente» una catedral para levantar una mezquita) y «atentan contra la paz social y la convivencia al fomentar la creación de una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas». El pasado día 15, dos mezquitas de Nueva Zelanda fueron objeto de sendos ataques terroristas, por parte de un supremacista blanco «que pudiera perfectamente asumir en gran parte, como propio, el discurso» de Ortega, asegura Musulmanes contra la Islamofobia.

La Fiscalía deberá determinar si el líder de Vox ha incurrido en un delito de odio previsto en el artículo 510.1 del Código Penal, que castiga con uno a cuatro años de cárcel y multa de seis a 12 meses a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo […] por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias».

 

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