La Asociación Pro Derechos Humanos asegura que existe una campaña de acoso a los inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad, que lo niegan tajantemente
ANTONIO M. DE LA VEGA. LA VOZ DIGITAL.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó ayer su balance de atención a inmigrantes en la Bahía de Cádiz a lo largo de 2012. Estos datos se dan justo cuando se celebra el Día Internacional Contra la Discriminación Racial , una jornada reivindicativa que según los datos aportados por los miembros del colectivo tiene más razón de ser que nunca.
Los representantes de la APDH-A señalan que la situación de crisis económica está afectando de forma especial a la población inmigrante, que además de contar con unas cifras de desempleo un 14% superior a las de los nacidos en España, se están enfrentando a una escalada de las actitudes racistas, tanto a nivel institucional como social. En este sentido, uno de los miembros de la asociación, Amin Souissi, tomó la palabra para exponer tres casos concretos que, según cuenta, se estarían produciendo en la Bahía de Cádiz y que reflejan «una campaña contra los inmigrantes» de la que culpan a instituciones, fuerzas de seguridad y comerciantes.
El primero de los hechos que quiso poner sobre la mesa afecta a la población subsahariana que se dedica a la venta ambulante, con especial incidencia entre los senegaleses. Según dijo Souissi, «cada vez hay una mayor persecución policial, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, sobre todo en Cádiz y San Fernando. En concreto en San Fernando está sucediendo que los jueves, cuando se instala el mercadillo, se colocan controles de la Guardia Civil y la Policía Local a la entrada y la salida de la ciudad y no se deja entrar a las personas de raza negra. No es sólo que los registren para ver si llevan mercancía para vender, sino que, aún no llevando nada, se les prohibe la entrada».
Desde el colectivo se denuncia también que en la Isla «no les dejan estacionar los coches en los aparcamientos, se les multa estando aparcados correctamente». Y todo esto se estaría produciendo contra personas que «pagan su Seguridad Social y están al día en Hacienda y que no pueden ni salir de sus casas para trabajar». El representante de la APDH añadió que todo esto es «una campaña bien orquestada, no una cosa de un agente en concreto».
Se trata de acusaciones importantes que ayer desmintieron inmediatamente y de forma tajante las distintas fuerzas de seguridad señaladas por el colectivo. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional negaron la existencia de dichos controles ni de cualquier otra campaña dirigida a controlar a la población inmigrante, explicando que únicamente se realizan las campañas generales de control en carreteras para evitar el tráfico de drogas, armas o detectar posibles amenazas terroristas.
En la misma línea se pronunciaba el jefe de la Policía Local de San Fernando, José Suraña, que indica que «se han intensificado los controles en cuanto a la venta ambulante y las falsificaciones», negando que se haga ningún control específico en los accesos a la ciudad.
El asesor jurídico del colectivo, Diego Boza, aseguró ayer que se están recopilando pruebas de estos hechos para presentarlas ante los juzgados.
Pero no es esta la única denuncia que hizo ayer la APDH-A, que para seguir escenificando la discriminación creciente que aseguran sufren los inmigrantes en la provincia, explicaron que en Barbate se está produciendo un despido masivo de marineros de origen marroquí, que en algunos casos llevan décadas viviendo y trabajando allí, por parte de los armadores de la localidad. Esta circunstancia estaría afectando al menos a 40 personas y obedecería, según la visión de la APDH, a presiones «que vienen de arriba» o a una estrategia de presión de cara a la firma de un nuevo convenio de pesca con Marruecos.
Por último, también se quejaron de la publicación de un «decálogo contra los vendedores ambulantes, que parecen ser los culpables de la crisis», por parte de una asociación de comerciantes de Puerto Real.
