PEPA BUENO. EL PAÍS.- Escuchamos hablar de líneas rojas por todas partes. Se las ponen los partidos entre sí. Se las ponen los independentistas catalanes entre ellos y al Gobierno de España. Y el Gobierno de España se las pone a la enloquecida dirigencia catalana. Parecen todos atrapados en un difícil jeroglífico al que nada ni nadie les obliga. Todas las encuestas, todas, coinciden en la demanda ciudadana de acuerdo y salida del bloqueo, de todos los bloqueos. No se percibe por ninguna parte una pulsión rupturista ni con el sistema, ni mayoritariamente en Cataluña con España, como han acreditado, una vez tras otra, las urnas.
Pero por más que los periodistas nos empeñemos en desentrañar ese jeroglífico imposible buscando explicaciones al desconcierto general, en realidad las líneas rojas han saltado por los aires hace mucho tiempo. No hablo de las legales, esas las determinará la justicia. Pero las líneas rojas de la política son ya irreconocibles.
Como si no tuviéramos memoria en España, como si hubieran nacido ayer, los dirigentes del independentismo catalán llevan una semana escapando de una operación policial y judicial que obliga a tomar posición ante la línea roja por excelencia: la violencia no es la vía para conseguir objetivos políticos en las democracias y solo cabe el rechazo, aunque sea preventivo. Tan sencillo y tan imposible que está resultando porque dicen que hay que esperar a conocer el sumario completo. Y, sin embargo, ante lo que se va sabiendo de la instrucción del juez García Castellón, ya han tomado posición: si hay que dudar, se duda del juez y no de los detenidos con material para fabricar explosivos, que es el hecho del que disponemos.
Ni siquiera Roberto Bermúdez de Castro, el enviado por Rajoy a Cataluña a ejecutar el 155, pensó que el independentismo podía tener una derivada violenta. Lo contaba esta semana en la cadena SER con estupor, ante lo que iba trascendiendo de la instrucción judicial.
Veremos en qué concluye esa investigación. Pero ni anteriores investigaciones fallidas, ni la presunción de inocencia a la que tienen derecho los detenidos, exime a los dirigentes políticos catalanes de trazar una clara línea roja. Ni la campaña electoral, ni el juego de la gallina entre Puigdemont y Junqueras, ni las variadas teorías de la conspiración con las que se disfrazan tantas impotencias. De un lado o del otro.
