Enero se ha convertido en un mes sangriento para periodistas y activistas en Latinoamérica. Al menos 20 defensores de derechos humanos y cuatro periodistas han sido asesinados en la región durante el inicio de 2022, una cifra terrorífica que pone en alerta a las organizaciones que velan por la seguridad de reporteros y activistas. “Es alarmante y muestra un escenario aterrador de lo que puede ser el año para quienes alzan la voz defendiendo derechos humanos en las Américas”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Guevara Rosas advierte que los gobiernos de la región deben “tomar acción urgente para revertir esta tendencia” y “garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región”.
El país más letal para los defensores de derechos humanos en enero ha sido Colombia. Según el informe presentado este miércoles por Amnistía Internacional, 13 activistas fueron asesinados durante el primer mes del año en el país sudamericano. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia ha documentado, además, trece masacres que han resultado en la muerte de 40 personas que viven en zonas rurales. A inicios de enero, fue asesinado Breiner David Cucuñame, un niño de 14 años que acompañaba a la guardia indígena en el convulso departamento del Cauca, un hecho que ha conmocionado a una sociedad que día a día asiste a la violencia contra quienes defienden sus territorios. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) despidió al adolescente como un “cuidador de la Madre Tierra, guardián del Territorio, guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias, niño protector de la vida, Nasa de acciones colectivas y sueños grandes”.
A Colombia le sigue en letalidad México, donde han sido asesinados cuatro periodistas, lo que ha generado una ola de indignación que se tradujo en masivas manifestaciones en las principales ciudades del país. Aunque las autoridades han advertido que los crímenes no quedarán impunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un discurso agresivo contra la prensa, denigrando el trabajo de reporteros y criticando a los medios que fiscalizan su gestión.
En este país, y durante el mes de enero, también ha sido asesinada la activista Ana Luisa Garduño en Temixco, Morelos, una mujer que luchaba por esclarecer la muerte violenta de su hija. “Amnistía Internacional ha demostrado que México es un país peligroso para las familias que buscan justicia en casos de feminicidio”, dice el comunicado de la organización.
Brasil y Honduras, tres activistas asesinados en cada país
Mientras tanto, en Brasil fueron hallados el 9 de enero los cuerpos de tres personas de una misma familia, que según el informe de Amnistía, era conocida por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental en San Francisco do Xingú, en el Estado de Pará. “El 14 de enero, el Ministerio Público Federal (MPF) afirmó que los hechos se enmarcaron en un contexto de reiterados ataques a personas ecologistas y defensoras de derechos humanos en el país. El MPF también solicitó información a la Policía Militar sobre las providencias tomadas para la protección de familiares de las víctimas, así como de las demás personas defensoras de derechos humanos en la región”, informa Amnistía.
Honduras, por su parte, es el país de Centroamérica más letal para los activistas. El informe de Amnistía Internacional documenta tres asesinatos en enero. Se trata de los casos de Pablo Isabel Hernández, líder Indígena, comunicador social y defensor de los derechos humanos y ambientales, asesinado el 9 de enero mientras se dirigía a una Iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira. Al día siguiente fue asesinada en Tegucigalpa, la capital, Thalía Rodríguez, defensora transgénero de derechos humanos. “Thalía desempeñó su activismo desde diversas organizaciones como la Asociación Kukulcán, Cattrachas, Colectivo Violeta y Cozumel Trans, entre otras, realizando labores de sensibilización en derechos humanos, liderando grupos de autoapoyo y promoviendo alternativas laborales al trabajo sexual a mujeres trans”, explican desde Amnistía. El tercer defensor asesinado es Melvin Geovany Mejía, indígena tolupán y defensor del territorio, quien fue encontrado muerto con heridas de arma de fuego en el municipio Morazán, en el departamento de Yoro.
Honduras ya había sido el foco de la atención mundial por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, quien se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo.
Amnistía Internacional ha hecho un llamado a los gobiernos de la región para investigar estos crímenes y evitar que queden en la impunidad. “Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro que estos actos no son tolerados”, ha dicho Erika Guevara Rosas.
